El presidente Juan Manuel Santos ha sido acusado, en múltiples ocasiones, de malversar gastos durante su Gobierno. Sus detractores aseguran que lo hace con el fin de que el ‘santismo’ siga gobernando Colombia. Entre las diferentes críticas durante su gestión, se encuentra el proceso de paz, como foco principal de crítica. La oposición ha señalado que los réditos entregados a miembros de FARC, el costo de la implementación y el posconflicto ha impactado fuertemente los recursos del Estado generando una fuerte presión fiscal y un desaceleramiento económico advertido por calificadoras de riesgo internacional.
El PanAm Post trae una lista de hechos que han sido críticos para la gestión del mandatario colombiano, desde precipitados cambios en el gabinete ministerial, pasando por compras de almendras y cortinas y, finalmente, el proceso de paz.
A propósito, hace un par de días el dirigente liberal, César Gaviria, se fue lanza en ristre contra Santos. Gaviria, quien se pensaba cercano al presidente Santos y promotor del Sí en el plebiscito, culpó al presidente colombiano de haber entregado instituciones y puestos en el Gobierno para asegurar el ‘santismo’.
“Le vamos a dar la batalla y se la vamos a ganar. No es afectando gravemente la ley de garantías, repartiéndose el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y demás que nos van a ganar las elecciones. Así no lo va a lograr presidente Santos, en el Partido Liberal le vamos a dar la batalla y le vamos a ganar las elecciones de Senado y Cámara”, dijo Gaviria.
Gasto Público: una reducción muy difícil
Para el año 2015, el exsenador del Centro Democrático, Ernesto Macías, afirmaba que el presidente Santos derrochó alrededor de 3 billones COP (USD $ 1,064,000,000) en lobby para su reelección y $ 2,6 billones COP (USD $ 922,000,000) de publicidad en medios.
El señalamiento de Macías desde el Senado indicaba que algo estaba mal en la reestructuración del ministerio de Agricultura. Indicó que ese ministerio fue inyectado con mayor burocracia y un aumento indiscriminado de los gastos de funcionamiento. “El presidente Santos anunció que expidió decretos para reformar el campo, pero eso no es cierto, se trata de reformas burocráticas. Pregunto: ¿Acaso el Gobierno busca con la creación de nuevas entidades, pagar favores políticos?”, cuestionó.
Al mismo tiempo, recordó que la planta de personal de la Presidencia de la República pasó de 535 cargos en 2010 a 1.541 en 2015 y en las entidades del sector agropecuario pasó de 7.515 cargos en el año 2010 a 10.112 en el año 2015. Así mismo, de $100 mil millones COP (USD $ 36,000,000) de gastos de personal en el 2010, a $156 mil millones COP (USD $ 56,000,000) en 2014; mientras que la inversión para el sector tuvo una reducción de $45,5 billones COP (USD $ 15,000,000) en 2015 a $40,6 billones COP (USD $ 13,000,000) para el 2016.
Durante los últimos años, el comportamiento del gasto público del Gobierno Nacional Central estuvo en gran medida influenciado por el ciclo económico.
Sergio Clavijo presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en un escrito para La Republica precisó que la eficiencia estatal se debe medir en la calidad y ahorro de recursos en relación con la prestación del servicio. Particularmente esto en Colombia es difícil por la oferta y demanda electoral. Muchos dirigentes políticos llegan gracias a un grupo de trabajo robusto con intereses claramente políticos, posteriormente llegados al poder deben pagar el espaldarazo y acompañamiento con cuotas políticas y nombramientos.
En la misma línea de Macías, la exsenadora María del Rosario Guerra, también por el Centro Democrático, apuntó que el gobierno de Juan Manuel Santos creó y modificó entidades y cargos, pero no hay un lineamiento conceptual del objetivo del Estado. De otro lado, manifestó que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2010-2014 sobre el Buen Gobierno y la necesidad de una evaluación periódica, pero en estos años de Gobierno no hubo lineamientos para reestructurar la admisión en la administración pública de la segunda administración de Santos.
Además, precisó, que la reforma administrativa hecha en 2011 introdujo cuatro altas consejerías presidenciales, tres ministerios, cinco unidades administrativas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras.
“Debemos hacer más eficiente el gasto público. Tenemos que sacar más resultados con el mismo dinero”, dijo el primer mandatario en la Casa de Nariño.
Gobierno Santos y el pago millonario a una agencia de publicidad por publicar tuits
El senador colombiano Daniel Cabrales reveló un millonario contrato que celebró la empresa Brandmen con el gobierno de Juan Manuel Santos, específicamente con la Imprenta Nacional de Colombia.
En dicho contrato, que dio inicio el 29 de noviembre de 2016, por un valor de 71.340.000 de COP (USD $24.000) y tuvo una duración de 31 días, se establece que el contratista debe “contar con un grupo mínimo de (30) influenciadores” en redes sociales, los cuales tiene como objetivo “realizar la difusión y amplificación de los diferentes contenidos requeridos por el Ministerio Tic” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Mintic). Según lo establecido en el contrato, dicha difusión y amplificación se debe realizar cumpliendo las siguientes instrucciones:
En Twitter se debían postear 37 mensajes y realizar 75 retuits. En Facebook se debían realizar 37 acciones y 75 comentarios. En Instagram se debían realizar 37 post y 75 comentarios en fotos.
Cambios ministeriales
En 2013, Santos hizo relevos en los ministerios de Interior, Justicia, Agricultura, Energía y Ambiente. También hubo cambios en Planeación y en la Secretaría General. De acuerdo con el mandatario, los cambios apuntaban a crear un equipo de trabajo que tendría como principal reto la búsqueda de la paz.
En 2016, la Silla Vacía señaló que los cambios dentro del gabinete ministerial generó un coletazo político. Los que más rechazaron la medida en su momento fue el Partido Liberal y de la U (donde Santos era jefe), pese a esto, ambos movimientos crecieron en cantidad de funcionarios de primer nivel en el Gobierno y son los que más representación política tienen.
Sin contar aquellos funcionarios que Santos presentó como liberales o de la U y en realidad no lo son, tales como el ministro de Salud, Alejandro Gaviria o la exministra de Educación, Gina Parody, actualmente investigada por corrupción, y las nuevas entidades del agro que terminaron en manos de liberales y otra en las de la U, respectivamente.
En agosto de 2017, Santos nuevamente anunció un cambio en su gabinete para afrontar el último año de su mandato. Además de los cambios que hizo en los ministerios de Transporte, Agricultura, Industria y Comercio, e igualmente los nombramientos de director en el Instituto de Bienestar Familia, la Unidad de Víctimas y el Icfes, entre otros más.
Por otra parte, La República reseñó que un viceministro del segundo Gobierno Santos dura en promedio 21 meses en su cargo (menos de dos años). También se ha contabilizado 91 funcionarios que han pasado por los 32 viceministerios que hacen parte del Gobierno en este segundo periodo.
El Gobierno Santos a julio de 2017, ya había completado 76 viceministerios, teniendo 15 nuevos funcionarios en los últimos seis meses. Estos datos estarían relacionados con la temporada electoral de este año para Congreso y Presidencia, y el fin del Gobierno de dos periodos del mandatario colombiano.
Colciencias
Otro de los malestares relacionado con el gasto, es lo que viene pasando al interior del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), la comunidad académica y científica en el país ha rechazado el recorte del presupuesto para ciencia y tecnología. Señalan que hay de por medio intereses burocráticos e inestabilidad política. En ocho años han pasado igual número de directores en la institución.
Con ocho directores durante este gobierno, dejó claro que nunca existió una visión clara para impulsar la locomotora de la innovación y la ciencia. Una debilidad que también se reflejó en los cambios de presupuesto.
Polémicos Contratos
También, dentro de los polémicos contratos de la Casa de Nariño se encuentra un contrato de $15 millones COP (USD $ 5,300) por 400 cajas de almendras para atender a delegaciones diplomáticas. En un informe entregado por la Contraloría se registró que el Gobierno había gastado 2,3 billones COP (USD $ 816,000,000) en publicidad, en tres meses se hizo un gasto de $ 600 millones COP (USD $ 213,000) en carpas y pendones para eventos, cortinas para la Casa de Nariño por $600 millones COP (USD $ 213,000) y $1.700 millones COP (USD $ 603,000) por un sitio web por temas de paz.
Hace poco se conoció que la Presidencia de la República pagará por una pintura en óleo del presidente Juan Manuel Santos, que tendrá un costo de $ 23 millones COP (USD $ 8155). En 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores también contrató una pintura de características similares para que se pintara a María Ángela Holguín, jefe de esta cartera.
Proceso de paz y Posconflicto
El costo político del proceso de paz para el presidente Santos ha sido grande, mientras que al inicio y durante el ciclo de conversaciones con la exguerrilla de las FARC tuvo ampliamente apoyo sectores políticos, en la implementación desde el Congreso de la Republica muchos abandonaron el barco del santismo para criticar el acuerdo alcanzado.
Así, según un estudio elaborado por ANIF para Fasecolda, entre los costos inmediatos y los costos de sostenibilidad del posconflicto en Colombia, habrá presiones adicionales al gasto público entre el 2.23% al 5.23% del PIB por año durante cinco años (2017-2022), de los cuales tan solo están descontados gastos presupuestales adicionales por un 1% del PIB.
El estudio describe que, independiente, del tamaño de las inversiones requeridas, lo cierto es que tendrán que hacerse en momentos de una fuerte presión fiscal.
“El descuadre en los ingresos frente a los mayores gastos está creciendo, pues este año el déficit fiscal llegará al 3,9 por ciento del PIB, es decir, más de 30 billones COP (USD $ 9,800,000,000)”.
De esta forma, el Gobierno Santos reveló que la implementación del acuerdo de paz tendrá un costo total de 130 billones de pesos en los próximos 15 años. Con el agravante de aumentar los impuestos o recurrir a un mayor endeudamiento por el coletazo en los precios del petróleo, luego de que el Gobierno dejara de percibir cerca de 23 billones de pesos por estas rentas.
Como señala un estudio de Diego Otero desde el Gobierno del expresidente Julio César Turbay, el país ha destinado a la guerra 332 billones COP (USD $ 109,000,000,000). Solo en los últimos cuatro años, se han girado alrededor de 100 billones COP (USD $ 33,000,000,000) del presupuesto de la Nación para el sector defensa. Sin embargo, se debe seguir invirtiendo para contener al crimen organizado, guerrillas disidentes y narcotráfico. El caso de El Salvador es muestra de ello, ahora se debe destinar el 16% del PIB para defenderse de estas pandillas, conformadas por cerca de 70.000 miembros, más del doble que en las épocas de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Por una indebida vigilancia al posconflicto, los peligros de no actuar a tiempo para controlar las bandas criminales y el narcotráfico, que siguieron actuando en Guatemala y El Salvador y causaron graves problemas económicos y sociales en estos países pueden ser espejo para Colombia.
Ocultando informacion para evitar la gestión publica
PanAm Post habló con Manuel Alejandro Yepes, experto en temas de contratación y Derecho púbico, sobre el fenómeno de la burocracia en la era Santos. Para el jurista, generalmente este tipo de actos se hacen para ocultar información y así evitar a que se le haga seguimiento a la gestión pública.
“Pienso que son cambios que dimanan de conveniencia política, todo en aras de seguir moviendo hilos invisibles de poder.” Y agregó, “El fast track con los acuerdos de paz, la crisis económica, el gasto innecesario y el déficit en infraestructura, hacen que la opinión pública y la imagen de Santos, se quiebren cada día más.”
El derroche y el estancamiento de la economía sugieren que es necesario recortar el gasto público o abolir la regla fiscal, especialmente el 2017 sufrió el desplome del consumo en los hogares colombianos directamente por el alza del IVA del 16 % al 19 %. Mientras tanto, Santos en marzo de este año, instaló la Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión integrada por 10 expertos de la academia, sector público, financiero, macroeconómico y fiscal, quienes ad honórem, realizarán un estudio integral del gasto y de la inversión pública en Colombia.
Fuente: es.panapost.com
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