“Detener a personas simplemente por salir a la calle a protestar, refleja el desapego de este Gobierno a la legalidad y los derechos humanos”. (Flickr)

Tres jóvenes universitarios fueron condenados a 17 años y 6 meses de cárcel en Nicaragua, tras haber sido declarados culpables por supuesto terrorismo, tráfico de armas y entorpecimiento de servicios públicos.

Según Melvin Vargas, juez séptimo penal de Juicio, los jóvenes son culpables de haber ayudado a construir barricadas en las vías automovilísticas del país, además de distribuir armamento de fabricación artesanal (morteros), e incluso se les atribuyó el delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, por la quema de una estación de radio el pasado 28 de mayo.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales del país centroamericano aseguran que los universitarios son inocentes, y que solo son víctimas de la dictadura liderada por Daniel Ortega.

Lamentablemente, Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, de 21 años, Marlon José Fonseca Román, de 26, y Hanssel Manuel Vásquez Ruiz, de 25 años, han pasado a formar parte de los más de 400 presos políticos que tiene el régimen bajo su poder.

Madres denuncian irregularidades en los procesos judiciales

La decisión del juzgado ha desatado la desesperación de las madres de las víctimas, quienes denuncian que no se ha realizado el debido proceso contra sus hijos.

“Este proceso ha sido ilegal, arbitrario desde el momento que fueron secuestrados por paramilitares. Las audiencias han sido herméticas, no nos han dejado estar presentes en ninguna, violando nuestros derechos y los de los muchachos. Han presentado testigos falsos en el juicio”, manifestó Brenda Gutiérrez, madre de Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez.

Por su parte, Liliam Ruiz, mamá del líder estudiantil Hansell Vásquez, explicó que el problema es que el sistema judicial del país ha demostrado estar amañado.

“Nuestros hijos no son culpables de esas falsedades”, aseguró Ruiz tras explicar que el día de la quema en las afueras de la radio, los jóvenes se encontraban en su casa.

“No tenemos confianza en el sistema judicial de nuestra nación, por como están actuando, se nos han violado nuestros derechos, los juicios son orales y públicos, y públicos es lo que menos tienen. Es un juicio amañado busquemos por donde busquemos”, dijo.

Continúa cacería contra la oposición

Desde hace unas semanas 200 manifestantes vienen siendo juzgados por terrorismo y las detenciones masivas continúan.

De hecho, el pasado domingo 14 de octubre la fuerza policial de la capital del país consiguió arrestar a unas 38 personas que solo se reunían para llevar a cabo una manifestación antigubernamental promovida por la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Según la Policía, las personas estaban involucradas en actividades “instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse, circular libremente”.

Detienen a personas hasta por hallar fotos de protestas en celulares

Según el portal web de noticias local El Nuevo Diario, oficiales de tránsito incluso están requisando celulares y en caso de hallar fotografías de protestas, los dueños podrían ser detenidos.

Esto fue lo que les ocurrió a Gabriela Neira, Sean Mairena y Walter Lira, quienes fueron detenidos a media noche por agentes policiales luego de revisar sus celulares.

Los bajaron, los requisaron y cuando les pidieron los teléfonos encontraron fotos de las marchas. Esto fue suficiente motivo para que se los llevaron a la Estación I y los mantuvieron casi 48 horas “hasta que por suerte nos dimos cuenta que estaban ahí”,  denunció el padre de una de las detenidas, Carlos Neira.

Neira también comentó que durante la detención los jóvenes fueron agredidos por agentes policiales, pues tras su salida de la cárcel tenían moretones en el cuerpo.

Organizaciones internacionales repudian encarcelamiento de manifestantes

Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones han condenado las detenciones ilegales de manifestantes que se está llevando a cabo como un método de represión.

“Detener a personas simplemente por salir a la calle a protestar refleja el desapego de este Gobierno a la legalidad y los derechos humanos”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Por su parte, las cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay rechazaron, mediante un comunicado,”la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo de Nicaragua y a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de Gobierno y que han provocado un elevado número de víctimas desde el pasado mes de abril”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la OEA y demás organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido el cese de estas acciones y la liberación de quienes permanecen encarcelados; sin embargo, el régimen continúa haciendo de las suyas reprimiendo a todo un pueblo que aclama libertad.



Fuente