El pasado mes de junio, una alianza entre socialistas, comunistas y separatistas desalojó del gobierno de España a Mariano Rajoy y convirtió en presidente a Pedro Sánchez. Apenas un trimestre después, la economía empieza a resentirse ante el aluvión de propuestas populistas que han lanzado los nuevos líderes políticos del país ibérico.
Empecemos por el lado del gasto. Bajo gobierno de Rodríguez Zapatero, el descuadre entre ingresos y gastos se disparó oficialmente hasta el 6% del PIB, aunque la posterior revisión de las cuentas elevó más aún esta ratio, hasta rebasar el 10% del PIB.
Desde 2012 hasta el primer semestre de 2018, el gobierno del conservador Mariano Rajoy redujo dicho desfase hasta situarlo por debajo del 3% del PIB. Esa favorable evolución de las cuentas públicas se apoyó en una reducción progresiva en el peso del gasto público, que llegó a superar el 46% del PIB pero hoy se sitúa cerca del 38% del PIB.
Pese a la mejora observada en los últimos años, España sigue teniendo el déficit público más alto de la Eurozona y los gastos exceden los ingresos en más de 30.000 millones de euros. Lamentablemente, esto no parece preocupar al gobierno del PSOE, que ha anunciado un fuerte aumento del gasto público en 2019, valorado en 18.000 millones de euros.
Más preocupante aún es lo que pasa con los ingresos. Para justificar sus presupuestos expansivos, los socialistas han anunciado una batería de subidas impositivas. Los trabajadores de mayores ingresos verán aumentado su Impuesto sobre la Renta y su Impuesto de Patrimonio. Las clases medias soportarán subidas tributarias aplicadas a la compra de combustible, el ahorro, el trabajo por cuenta propia, los servicios digitales, las transacciones financieras… Las empresas no se escapan y sufrirán también un endurecimiento del Impuesto de Sociedades.
Pero, por mucho que estas subidas impositivas vayan a suponer un duro golpe para la economía, lo peor de todo es que el gobierno se ha instalado en proyecciones absurdas que exageran los ingresos de forma obscena. El servicio de estudios del banco BBVA cree que el agujero resultante va a deteriorar el saldo fiscal en 3.000 millones de dólares, mientras que el partido moderado Ciudadanos eleva a casi 5.200 millones el agujero de las cuentas que ha presentado Pedro Sánchez.
Y la cosa no acaba aquí. El nuevo Ejecutivo limitará por ley el precio de los alquileres, precisamente ahora que la escasez de oferta en Madrid o Barcelona está encareciendo la vivienda. También se va a subir el salario mínimo un 22% hasta dejar el coste de contratar cerca de los 1.700 dólares mensuales, a pesar de que el desempleo aún es del 15% y una medida así puede acelerar el enfriamiento del mercado laboral. Y más preocupante aún es lo que se anuncia para las pensiones, donde se pretende ligar su evolución al IPC en vez de a las contribuciones del sistema, generando un creciente agujero fiscal.
España sufrió una honda crisis entre 2008 y 2014. En los últimos años, el crecimiento ha superado reiteradamente el 3%, mientras que el desempleo se ha reducido del 27% al 15%. El consumo de los hogares se ha recuperado, el PIB per cápita vuelve a ser el de los años previos a la crisis, la deuda total se ha reducido, las exportaciones han llegado a niveles récord y la productividad ha mejorado ostensiblemente.
Esta evolución positiva puede verse truncada si salen adelante los planes del gobierno socialista y sus aliados comunistas. Ha llegado, pues, el momento de decir alto y claro que la recuperación española está en peligro y puede quedar atrás si Pedro Sánchez insiste en su agenda intervencionista.
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