
Hay ciertos personajes en la historia que parecen tener una especie de conjuro protector de la justicia, una suerte de capa de invisibilidad cuando se camina frente al poder judicial. Nadie puede realmente descifrar esta magia pero definitivamente hay alguien en Chile que la tiene.
Michelle Bachelet, expresidenta de la república, llena de amigos y asesores que hoy son seriamente cuestionados por asuntos de probidad y seguramente mientras más se indague, más implicados aparecerán, más situaciones “nebulosas” serán expuestas e inevitablemente, muchos de dichos asesores, tendrán que responder con algo más que millonarias multas por corrupción.
Sin embargo, quien los convocó a “trabajar”, no solo goza de absoluta libertad y de un inexplicable buen nombre a nivel internacional, sino que la posibilidad de que se asuma lo obvio, cada vez parece más lejana.
La obviedad consiste en unir los puntos de funcionario en funcionario que haya trabajado en su administración, seguir corroborando los interminables casos de corrupción y asumir que ella no era una pobre ignorante de las circunstancias sino que a sabiendas permitía toda clase de corrupciones, cohechos y delitos de Estado.
Recientemente, contraloría emitió un dictamen que rectifica o desautoriza unos decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Bachelet en Marzo del 2018. Dichos decretos reducían la sentencia de contraloría a Cristian Riquelme, un funcionario de La Moneda, acusado de realizar contratos irregulares. Los decretos además absolvían a otros tres funcionarios.
El proceso de Contraloría, entre otros aspectos cuestionó los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo a la empresa Gestión u Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa. La polémica terminó con la renuncia de Cristian Riquelme el 22 de febrero del 2016, para evitar una nueva crisis en el gobierno.
Luego de analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre de 2017, la Contraloría propuso al gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico (aún en el cargo, según Gobierno Transparente). También plateó sancionar con el 205 de su remuneración a Natalie Vilchez, exjefa de Abastecimiento de Palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia. Para Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% del sueldo. El exadministrador de Palacio ganaba un sueldo bruto de $7.765.741 (USD $15.000 apróx)
Fue entonces que el saliente gobierno decidió absolver a los tres funcionarios indagados y en el caso de Riquelme, rebajar su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa.
La corrupción durante la administración Bachelet, estuvo presente desde su pre campaña con una oscura historia de un Yate, donde los dineros recaudados no han sido transparentados y de ahí en adelante (se presume que su primer gobierno le fue escuela para aprender a sacar provecho del botín del Estado) su administración estuvo llena de irregularidades que siempre supieron ser bien justificadas o simplemente ignoradas tanto por el gobierno como por los cómplices medios. Es que Michelle Bachelet es tan amable y carismática que simplemente no se atrevían a ponerla bajo la lupa.
Mucho Antes de Caval, caso que significó su sepultura mediática (muy a pesar de los medios) las pequeñas y grandes maniobras dentro de la moneda, donde lisa y llanamente se desviaron fondos de todos los chilenos para complacer los bolsillos de Bachelet y sus amigos, donde no ha habido respuestas ni por las cosas grandes ni pequeñas, como por ejemplo la donación de países árabes para ayudar a los afectados por los incendios veraniegos y claro, el blindaje a sus amigos, como Javiera Blanco, hasta los detalles más pequeños, la administración Bachelet es un despliegue de corrupción por la que seguro, se encontrarán responsables y muchos de ellos asumirán consecuencias, pero lo inentendible e inexcusable es que la gran jefa, nunca, pero nunca sea cuestionada ni si quiera investigada. Es como una deidad sagrada que sabe que es inmune a la justicia.
Tráfico de influencias, uso o traspaso de información privilegiada, malversación y desviación de fondos públicos, fraude a la confianza pública. Todos estos cargos son perfectamente aplicables a la figura de Michelle Bachelet y es que una persona que ni siquiera es capaz de responder por la validez de su título profesional y se ha gastado el tiempo en evasivas, da más que suficiente motivo para pensar que si en lo más pequeño no es digna de confianza, mucho menos en lo más grande. Lamentablemente, nadie se atreve a buscar la verdad jurídicamente.
Lección para el electorado Chileno, no todo lo que brilla es oro y no por sonreír con carisma, se es incorruptible. Las decisiones políticas deben ser informadas y no porque nos agrade el sujeto de voto este debe estar exento de control social.
Quizá Bachelet nunca llegue a pagar por sus actos, pues generalmente rufianes como ella saben cubrirse lo suficiente como para dejar inculpados a otros y salirse con la suya, pero la responsabilidad de que seres nefastos y corruptos que ahora son intocables como Bachelet, hayan llegado al poder, hayan casi destruido el camino al desarrollo de Chile y hayan normalizado la corrupción, es culpa de los votantes que prefieren la dulce mentira de las sonrisas y la igualdad, que toleran que se abuse de quienes generan riqueza por una mala entendida justicia social y luego no tienen moral para exigir probidad a sus políticos cuando estos le roban a todo el país.
Si quiere probidad, haga control social tanto a izquierda como derecha. En Chile, para que haya desarrollo también en lo político, no debería haber caudillos, personalismos o como también llamamos a esos intocables, vacas sagradas.
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