El congreso del estado de Veracruz, México, aprobó una reforma penal conocida como la “ley antimemes” que avala la censura. (Fotomontaje de PanAm Post)

Ya llegó a América Latina, desde Veracruz, México, la ola internacional de la censura cibernética. Esta vez con lo que la ciudadanía inconforme llama “ley antimemes”.

Tanto organizaciones de la sociedad civil como usuarios de redes sociales llaman estrategia “mordaza” a la reforma que anuncian afecta el derecho a la libertad de expresión.

Consiste de una reforma del artículo 196 del Código Penal local que considera como “acoso cibernético” la difusión de información lasciva o dolosa de una persona, que le cause afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno.

Por unanimidad, la adición penal, propuesta por un diputado José Kirsch Sánchez, del partido de izquierda PRD, impondrá “de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”.

En principio, la reforma busca proteger a los ciudadanos de posibles ataques personales. No obstante, es tan amplio su alcance que suprime por completo el humor y, sobre todo, la crítica a la clase política. Es por esto que no es una sorpresa que esta reforma haya surgido en ese entorno, ni que no haya habido resistencia en ese sector, pues es el más beneficiado.

Es claro que la difusión de información incierta es tanto irresponsable como peligrosa. Sin embargo, una medida con la que se pueda pueda penalizar al ciudadano por este hecho deja no solo un precedente de censura sobre la libertad de expresión, sino que además les otorga a los políticos el poder suficiente de determinar qué información se puede difundir y cuál no.

Basta con declarar como “rumor” un dato, cifra o acontecimiento importante para que sea descalificado e incluso penalizado.

El primer conflicto está en la denominación del término “acoso cibernético”. Según los diputados, “poner en Internet una imagen comprometedora (reales o efectuadas mediante fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlas a conocer en su entorno de relaciones”.

Aunque la medida alude a la divulgación de información confidencial o falsa, en el ejemplo no distingue lo que es verdad. De modo que alcanza con que la información difundida dañe al otro, así sea diciendo la verdad.

Aunque la reforma fue propuesta desde el PRD, fue respaldada por las diputadas independientes Miriam Judith González Sheridan y Eva Cadena Sandoval, y desde el PAN por las legisladoras María Josefina Gamboa y María Elisa Manterola Sainz.

Ya en el 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una ley que lograron aprobar los legisladores veracruzanos con la que pretendían castigar la emisión de afirmaciones falsas a través de las redes sociales.

Cabe resaltar que dicha ley se aprobó durante el Gobierno de Javier Duarte, quien ahora está preso por corrupción y narcotráfico. Entre otras denuncias, durante su mandato, construyó una mansión de USD $2 millones y desaparecieron 25.000 millones de pesos.

Esto se suma a los datos proporcionados por la encuesta realizada por el INEGI, en la que se evidenció que el 95 % de los habitantes de Veracruz piensa que la corrupción es frecuente y muy frecuente, por lo cual este estado se ubicó en el segundo lugar en México con mayor experiencia en corrupción.

Con esta reforma, cuando se trata de un caso de corrupción, fenómeno que llega hasta las más altas esferas veracruzanas, se ataca a quien denuncia el acto y favorece a quien lo comete.

De modo que una medida que se anuncia como protectora de los ciudadanos, cumple como rol principal impedir que salga a la luz cualquier información incriminatoria sobre quienes más son criticados en las redes sociales: los políticos.

Precedentes internacionales

En septiembre de este año, pese a la resistencia de eminencias tecnológicas como el fundador de Wikipedia (Jimmy Wales) y del Internet (Sir Tim Berners-Lee), los legisladores europeos lograron incorporar el artículo 13, conocido por sus detractores como “meme killer” (asesino de memes), pues pone fin a esta forma creativa de ilustrar ideas que difunde ideas con imágenes.

Al igual que el artículo 11, lo que pretende la reforma europea es controlar los derechos de autor; así, toda información difundida en redes sociales debe ser autorizada, incluso llegando a pagar por difundir imágenes.

Así, la burocracia, desde el control de contenidos hasta la autorización de estos, se incorporaron a lo que decimos; así sea broma.



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