El último informe entregado por el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU dejo entrever que Colombia actualmente cuenta con un registro histórico en materia de cultivos de coca y, adicionalmente puso en evidencia la afectación y escalamiento de cultivos en bosques, resguardos y parques naturales del país.
Colombia cuenta con 59.9 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes al 52.2% por ciento de su territorio y figura como el tercer país de Suramérica con mayor área en bosques. Sin embargo, esta posición se ve amenazada por los cultivos de coca sembradas en zonas boscosas periféricas.
Precisamente, según el informe del Simci, el 34 % de los cultivos de coca de 171 mil hectáreas que se registraron fueron plantados en zonas que en 2014 eran bosque. Según este informe, el 5 % de los cultivos de hoja de coca están dentro de los Parques Nacionales Naturales (PNN), y otro 27 % se localiza a menos de 20 kilómetros de estos.
Destaca el documento que se hace necesario hablar -luego de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC- sobre temas relativos a la conservación del ecosistema y establecer modelos de conservación y desarrollo que contribuyan a la solución efectiva del problema de coca en los parques naturales y sus zonas de amortiguación.
De los 59 parques naturales (SPPN) con una extensión de unas 12.602.320,7 hectáreas y que suponen más de un 11,04 % del territorio continental colombiano, 16 tienen coca. Entre los parques más afectados se encuentran Sanquianga, Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, Cordillera de Los Picachos, Nukak, Macarena, Nudo de Paramillo, Catatumbo Barí.
Por ejemplo, en el departamento de Cordoba, el parque Paramillo conserva 1.557 hectáreas sembradas estando por debajo de Sierra de la Macarena en el Meta con 2.832. Asimismo, aparece la Reserva Natural Nukak con 1.136 hectáreas en el departamento de Guaviare.
De manera que los parques nacionales pasaron de tener en 2016; 7995 hectareas, a 8.301 hectáreas en 2017 respectivamente. Estos datos vienen en aumento desde 2008, año que se registró el menor numero de hectareas cultivadas con 2.742. Un año después tuvo un aumento de más de mil hectáreas (3.896), y tres años después osciló entre 3.000 y 4.000 hasta llegar el número de hectáreas a la fecha.
Pese al peligro que representa la coca, este no es solo un factor exclusivo que afecta a los parques naturales en el país. Sobre estos mismos territorios aparece la deforestación que concentra el 5% de la estadística nacional. De las 220 mil hectáreas registradas en todo el país se perdieron al menos 12.417 hectáreas de bosque natural debido a la acción humana.
Sierra de la Macarena, Tinigua, Paramillo, Cordillera de Los Picachos, La Paya, Nukak, son los parques más afectados.
Resguardos indigenas y comunidades afro
Entre los otros sectores en los que se registró cultivo de coca se divide en los resguardos indigenas con el 10 % y en las diferentes comunidades afro con el 16 %.
El analista Germán Andrés Quimbayo señala que el país tiene cuatro enemigos en el medio ambiente: coca, fumigación, ganadería y la palma africana.
En especial, explica que, debido al avance de los cultivos ilícitos, los cultivadores son llevados a desplazarse hacia zonas protegidas, lo que implica la destrucción masiva de los ecosistemas a través de la tala y quema de la vegetación boscosa.
A fecha de corte de 31 de diciembre de 2017, el área sembrada con coca en el país tuvo un incremento del 17 %, representado en 25 mil hectáreas respecto a la medición de 2016 que alcanzó 171 mil hectáreas.
En este sentido, señala el Simci que es necesario identificar alternativas realistas para las zonas aisladas en donde la posibilidad de integración con los centros poblados es difícil; alternativas que incorporen instrumentos de conservación y que contribuyan a la estabilización de la intervención sobre los bosques y a la reducción de la deforestación.
“Los desafíos son múltiples, no solo para Colombia y su innegable compromiso de lucha contra la producción de drogas, sino para la comunidad global. La consolidación de la paz debe ir acompañada de una presencia institucional capaz de ofrecer condiciones de seguridad y respeto por la ley que faciliten la acción del estado y promuevan la reducción de las vulnerabilidades y la transformación de los territorios”, concluye el informe.
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