En el Caribe, donde varios gobiernos tienen estrechos vínculos económicos y políticos con el gobierno venezolano, ningún país ha establecido oficialmente un permiso especial que posibilite que los ciudadanos venezolanos permanezcan legalmente, dice inform de HRW.  EFE/Schneyder Mendoza

 

“Cientos de venezolanos han intentado obtener asilo en Curazao en el último año. Sin embargo, según la información con que contamos, el gobierno de Curazao no ha emitido ni un solo certificado de asilo”, destacó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch en un comunicado.

Esto a pesar que en julio de 2017, el gobierno de Curazao anunció públicamente que había asumido la responsabilidad, anteriormente ejercida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de registrar a los solicitantes de asilo y emitir los correspondientes certificados.

Vivanco informó que esta semana, Human Rights Watch advirtió a los gobiernos de Curazao y de los Países Bajos que podrían estar incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto a los venezolanos en situación de necesidad. “El éxodo de Venezuela no terminará en el futuro próximo y es indispensable que quienes huyan en busca de seguridad, puedan hacerlo”, dijo.

No es solo que no han dado refugio a ninguno de los cientos de desplazados por la devastadora crisis que vive Venezuela, sino que además Vivanco denunció que las autoridades de Curazao detienen indiscriminadamente a solicitantes de asilo durante redadas, hostigan física y verbalmente a venezolanos, detienen a otros por tiempo indeterminado en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados, y que las autoridades de la isla también habrían deportado a algunos solicitantes de asilo.

“Curazao está obligado por el derecho internacional, que exige que los Estados no envíen de regreso a su lugar de procedencia a solicitantes de asilo cuando corran riesgo de enfrentar torturas o un trato inhumano”, dijo Vivanco.

Caso de joven desertor

Un ejemplo de esta situación es el caso de Santiago Hernández (seudónimo), de 19 años, que desertó de las Fuerzas Armadas venezolanas luego de ser testigo de abusos por parte del personal militar.

Según el reciente informe de HRW, El Éxodo Venezolano, el pasado 17 de agosto Santiago Hernández salió de Venezuela en bote, en dirección hacia Curazao, temiendo represalias por desertar. Esa noche, autoridades de Curazao lo arrestaron en aguas territoriales, presuntamente por ingresar ilegalmente. Hernández les dijo a las autoridades que pretendía pedir asilo, pero se negaron a escucharlo y lo detuvieron. Durante su detención, intentó solicitar asilo nuevamente, pero los guardias le dijeron que, en vez de ello, llamara al consulado venezolano.

De forma encubierta, Hernández consiguió un celular y llamó a un abogado, quien presentó una solicitud de asilo en su nombre el 21 de agosto, de acuerdo a documentación revisada por HRW. Su abogado le dijo a la ONG que el joven fue interrogado por dos días, y el 27 de agosto autoridades inmigratorias le pidieron firmar documentos en holandés, idioma que no comprende. Hernández permanece en detención inmigratoria en Curazao al tiempo de la redacción de este informe.

Según Vivanco, las autoridades de Curazao han cuestionado la metodología de HRW y rechazado las conclusiones a las que han llegado sobre la situación de los desplazados venezolanos a esa isla, “al parecer sin haber realizado ningún tipo de evaluación genuina”.

Agregó que el gobierno holandés ha dicho que Curazao es el único responsable en cuestiones vinculadas con el asilo y la migración en su territorio, y que así seguirá siendo.

Aunque Curazao no está obligada por la Convención de 1951 ni por su Protocolo de 1967, como país integrante de los Países Bajos, en el informe HRW destacó que sí está alcanzada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El artículo 3 del CEDH impide la devolución en casos de tortura o trato inhumano, lo cual incluye algunos casos de falta de acceso a atención médica. El gobierno de los Países Bajos debe responder por las violaciones del CEDH que ocurran en Curazao, y esto incluye las deportaciones que contravengan las disposiciones sobre no devolución del artículo 3.



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