Lima, 18 dic (EFE).- Una juez que ve la apelación de la prisión provisional de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, mantenía una relación de amistad y proximidad con el exjuez supremo César Hinostroza, que huyó a España y es requerido por la Justicia entre otras cosas para aclarar sus tratos con la política.
Así lo reveló hoy una investigación publicada por el diario El Comercio de Lima que constató que la juez Jessica León, integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial que revisa el caso de Fujimori, formaba parte de un grupo de chat denominado “Amigos de Cesítar H” en la que varios magistrados coordinaban celebraciones y encuentros amistosos.
En ese grupo aparecen fotos de la juez celebrando el cumpleaños de Hinostroza en 2017.
Hinostroza, quien el pasado mes de octubre huyó de Perú y quien se encuentra encarcelado en España a la espera de su extradición, está acusado de dirigir una banda criminal en el seno de la Judicatura peruana, denominada “Los cuellos blancos del puerto” que intercambiaba favores y prebendas con políticos y empresarios.
Según revelaron una serie de escuchas telefónicas, Hinostroza se habría reunido con dirigentes del partido de Fujimori, Fuerza Popular, e incluso con la misma Keiko, en vísperas de emitir una resolución sobre un recurso que benefició a la líder política.
Antes de que Hinostroza terminara escapando del país, Fuerza Popular intentó proteger al magistrado y mantenerlo en su cargo, pese a la acumulación en su contra de denuncias y acusaciones variadas de corrupción.
León, por su parte, ya formó parte de la sala que en octubre último levantó una orden de detención previa que se le había impuesto a Fujimori.
El pasado sábado 15 la sala de la que forma parte la jueza realizó la audiencia de apelación sobre los 36 meses de prisión preventiva que se le impuso el pasado 31 de octubre a Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Según la Fiscalía, Fujimori habría conformado una organización criminal enquistada en el partido Fuerza Popular que sirvió para lavar grandes sumas de dinero para financiar la campaña electoral de 2011.
Entre el dinero presuntamente lavado estaría un millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado al grupo.
El juez Octavio Sahuanay, quien dirigió la audiencia, anunció en su momento que la decisión no podría conocerse en el plazo de 48 horas que establece la ley debido a la abundancia de documentos a analizar.
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