Cierto, la recién finalizada 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevada a cabo en Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre, no citó a ningún periodista venezolano entre los 30 latinoamericanos que han caído asesinados en lo que va de este 2018, aunque sí destacó que en nuestro país, como en Cuba y Nicaragua, “la situación de la prensa independiente es desastrosa”.
Pero no es necesario que en Venezuela se produzca un asesinato brutal y salvaje, como los que han sucedido este año en México, Colombia, EE.UU, Brasil o incluso en Turquía con el periodista árabe Jamal Khasoggi, para que sea evidente que el quinquenio gubernamental de Nicolás Maduro constituye el peor período para la libertad de expresión y prensa en Venezuela en más de medio siglo.
Por ello, precisamente, el dictador venezolano ha sido acreditado como el “mayor violador de la libertad de prensa” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y asociaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras o el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.
Desde el nefasto período de Hugo Chávez, la libertad de información y de expresión estuvieron fuertemente atacadas, lo que tuvo su punto culmen en 2007, cuando arbitrariamente el gobierno cerró el canal de televisión RCTV, el más antiguo del país, por sus constantes denuncias de lo que ya se perfilaba como un mandato totalitario y corrupto.
Y desde ese momento empezó a diseñarse lo que el entonces ministro de información Andrés Izarra, hoy disfrutando comodidades y libertades europeas, denominó política de hegemonía comunicacional, la cual sigue en pie a paso de vencedores junto a un marco legal cada vez más coercitivo, en el que destacan la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que incluyó medidas coercitivas a los medios electrónicos, la ley contra el odio, la Ley de telecomunicaciones y la declaración de estado de excepción.
También a partir del cierre del icónico canal RCTV, empezó un constante asedio a los medios incómodos al régimen que ha finalizado en lo que tenemos hoy día: una sociedad mal informada y manipulada, a la que le imponen una visión parcializada de la realidad, porque no tiene acceso libre a canales de televisión o portales de internet que no sean afines o complacientes con el poder, bajo la amenaza de desaparecer.
Pero la piel de Nicolás Maduro pareciera ser más sensible que la del infausto militar que lo designó sucesor o, dicho con total claridad, ya no le importa mantener las formas, con tal de permanecer en el poder. De allí que desde 2014 haya implementado un sistema de acoso a medios y periodistas que hoy por hoy ha llevado al país a tener más de 49 medios audiovisuales cerrados (46 radios y 3 canales de TV), 80 periódicos que dejaron de circular por falta de papel desde 2013 y más de 1.300 profesionales de la información que han emigrado de Venezuela, por razones tales como amenazas a su seguridad personal, ataques físicos y robo de material durante coberturas de manifestaciones por parte de la guardia nacional o colectivos gubernamentales, así como por falta de oportunidades de trabajo ante la desaparición de medios o por las mediatizadas líneas editoriales que les impiden el libre ejercicio del periodismo.
Y es que la política de hegemonía comunicacional diseñada por el régimen cuando aún vivía el principal destructor de Venezuela, hábilmente superada por su discípulo, va desde compra de medios por testaferros del gobierno; hostigamiento a periodistas; cierre de periódicos por falta de papel y tinta – que deben ser comprados en el exterior porque no se producen en el país-.
Utilización de la publicidad oficial como premio o castigo, según sea el comportamiento frente a la acción gubernamental; cierre forzoso de emisoras radiales y retiro de los periodistas incómodos; bloqueo intermitente a los portales venezolanos más críticos, como La Patilla, El Pitazo, la página web de El Nacional o Armando info, hasta la prohibición de transmisión en el espectro televisivo nacional, como ocurrió con los canales internacionales CNN, los colombianos NTN24, Radio Caracol y RCN, además de la mexicana TV Azteca .
Todo ello ha llevado a que cada vez más exista un mayor control de la opinión de los venezolanos, sobre todo de las grandes mayorías que solo ven la realidad a través de canales nacionales mediatizados y acobardados por las presiones gubernamentales a los que los tiene sometidos por la no renovación de las concesiones o del arbitrario otorgamiento de la publicidad gubernamental.
Por ello las grandes masas venezolanas solo tienen una versión de lo que ocurre en el país en los más de 700 medios de comunicación que posee y controla el régimen, donde los problemas y protestas son silenciadas, los políticos de oposición no aparecen, ni se ventilan casos de corrupción del gobierno ni de denuncias sobre ataques a los derechos humanos por parte del Estado. Todo ello sin mencionar las arbitrarias y extensas cadenas presidenciales que el régimen obliga a pasar prácticamente a diario.
Así las cosas, la situación de los medios de comunicación en Venezuela describe a un régimen cada vez más totalitario y radical, donde las libertades individuales son constantemente violadas, donde el grueso de la población no tiene posibilidades de obtener información libre para crear su propia opinión y donde se hace cada vez más cuesta arriba avizorar la posibilidad de un cambio de gobierno por las vías democráticas y constitucionales, toda vez que sin libertad de información y de expresión no es posible llegar a elecciones libres y transparentes que garanticen que un pueblo pueda expresar libremente su decisión.
Como bien señaló recientemente la diputada de la Asamblea Nacional, Bolivia Lozano: “En Venezuela se viola sistemáticamente la libertad de expresión y eso solo pasa en dictadura. En los últimos dos meses la arremetida del régimen ha sobrepasado los umbrales de lo que puede esperarse de una dictadura, ha utilizado amenazas, el terrorismo, las detenciones irregulares y allanamientos para cercenar el derecho a la información”.
Todo lo anterior explica que el parlamento venezolano haya acordado a principios de este octubre de 2018 recoger en el denominado “Libro negro de la libertad de expresión” los testimonios y denuncias sobre violaciones de la libertad de expresión -que se han contabilizado en 3.200 ataques desde 2011 a esta parte- para consignarlos lo más pronto posible ante la ONU, la OEA, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales.
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