Chile: el progresismo despoja de su dignidad a los indígenas (F)

El flamante “Plan Araucanía” que propone el gobierno de Sebastián Piñera, se enmarca dentro de las consideraciones generales que el Estado de Chile ha tenido desde el siglo XX con los pueblos indígenas.

No utilizaré la palabra originarios como a muchos les gustaría pues advenedizos somos en el territorio y simplemente vivimos en la herencia de muchos procesos de conquista, colonización y desplazamiento, por lo cual, ninguno de nosotros es originario y ese “nosotros” incluye a los indígenas.

El presidente Sebastián Piñera presentó un plan que tiene tanto de luces como de sombras sobre el acuerdo nacional para el desarrollo y la paz. Este consistirá en crear una ley de cuota en el Congreso para pueblos originarios, 10 liceos Bicentenarios y una fuerte inversión pública y privada.

La idea es dar una especie de “new deal” a los indígenas y a la región completa. El problema es que con toda la pompa caritativa del Estado, el concepto que este tiene de la población indígena no ha cambiado y los sigue estancando en el subdesarrollo, condenándoles a la pobreza.

Básicamente la propuesta busca hacer una reforma a la constitución que le avise al país que existen Chilenos de origen indígena, como si la gente no lo supiera ya. Esto se supone que mágicamente cambiaría cualquier sesgo instalado en la sociedad hacia los pueblos indígenas.

En el acuerdo se busca también compensar a aquellos  mapuches y no mapuches (Chilenos todos) que han sufrido “violencia rural” que no es más que el eufemismo utilizado para evitar la palabra que corresponde que es terrorismo.

 Lamentablemente, la solución no pasa por pagar los vidrios que rompe el chico malo, sino que se trata de evitar que ese chico rompa el vidrio en primer lugar y para ello se necesita mano dura y menos complejos para defender la propiedad privada y la libertad de las personas que desean surgir en paz.

En términos de cultura, entre otras cosas, se promoverá el aprendizaje del mapudungún y el reconocimiento de la existencia de dicha lengua. Esto sirve para preservar una lengua que de otra manera desaparecería por obvias razones, el conocimiento no está siendo masificado en mapudungún, por lo tanto, nos guste o no y aunque suene mal, este dialecto no es útil para el desarrollo e integración del mundo mapuche tanto a la economía como a la sociedad.

Sin embargo es rescatable que se hagan esfuerzos por preservar la lengua más como un artículo de museo y que los chilenos sepan cómo suena, casi a modo de curiosidad histórica. Mientras no se nos imponga como idioma obligatorio en vez de otras lenguas que sí son útiles para hacernos más competitivos en el mundo tal como el inglés, el francés y el alemán, e incluso chino.

Con respecto a lo territorial y económico, Chile hasta hoy trata a los indígenas como menores de edad, casi considerándolos incapacitados mental y moralmente para tomar decisiones económicas libres. Hoy por hoy un indígena que posee tierras, lo hace en comunidad y por lo tanto no es realmente propietario.

Como esto es así y no puede realmente disponer de su propiedad, entonces no es eficiente en producir en ella ni puede utilizarla para capitalizarse y buscar otras formas de emprendimiento y mejoramiento de su calidad de vida. Ciertamente, no puede vender sus tierras porque en el fondo esta no le pertenece sino que es un terreno más bien colectivo, aunque pueden realizar ciertos tratos con otros indígenas, pero ni pensar en transarla libremente con un no indígena.

Todo esto porque en algún momento el Estado de Chile asumió que el indígena es demasiado ingenuo, indigno de ser considerado un ser igual e inteligente a la par con los no indígenas y por lo tanto no está dotado de la capacidad necesaria para ejercer su libertad económica.

Esto no acaba con el plan Araucanía, pues solo se harán ciertas modificaciones a la ley 19.253 para permitir que las asociaciones indígenas definidas por la misma puedan ser propietarias de sus tierras, donde históricamente han habitado, y también que las comunidades titulares de terrenos que pueden dividir total o parcialmente el título común y generar títulos individuales de dominio para los miembros de la comunidad, siempre y cuando exista mayoría absoluta para ello.

Por lo tanto, el individuo sigue sometido por la fuerza a un colectivo. Esto inmediatamente anula los incentivos al mérito.

Otro de los puntos es la controvertida ley de cuotas. Generalmente estas están orientadas a obligar tanto al grupo en cuestión como a los votantes a tolerarse con base en que uno de estos tiene un constante estatus de víctima.

Es la moda de la interseccionalidad donde se reclaman privilegios y tratos especiales con base en la idea de que la pertenencia a ciertos grupos minoritarios convierte a las personas automáticamente en víctimas y mientras más etiquetas minoritarias acumule una persona, más privilegios puede reclamar.

Por ejemplo si hay una mujer, que al serlo ya se asume como parte de un colectivo vulnerable que es ser mujer y  que además pertenezca a una etnia minoritaria, y quizás podamos agregarle su orientación sexual diversa, entonces estos adjetivos la convierten automáticamente en una víctima del mundo y de la vida aunque esta persona jamás haya sido discriminada ni maltratada ni victimizada.

Se asume que lo es porque alguien más alguna vez lo fue así que se generaliza, y su caso será tratado con privilegios que una persona sin trasfondo étnico minoritario ni perteneciente al amplio mundo de la llamada diversidad en la que no caben los disidentes.

Con el solo hecho de crear una cuota mínima de participación para ellos como pueblo, se asume que los individuos de origen indígena no tienen ni podrán tener cualidades personales que los equiparen o destaquen por sobre otros, que no son capaces ni de producir ni de aportar o competir sin que se les dé un trato preferencial.

Hoy por hoy ya hay parlamentarios de origen indígena en el Congreso y si se suman individuos interesados en la política que además sean de dichas etnias, seguramente los votantes confiarán en ellos eventualmente y esto indica que no necesitan una ley de cuotas ni privilegios que refuercen en la sociedad el errado concepto de que el indígena es inferior porque sin ayuda no puede.

Esta visión progresista del mundo, donde hay que llenar de algodones a ciertas secciones de la población simplemente es malvada pues justifica el mal pensar de aquellos que ven como inferiores a las personas que pertenecen a estas secciones y en vez de ayudarlos les despoja de su dignidad al humillarlos con la sola suposición de que son incapaces por si solos y que por su sola condición no son verdaderamente parte de la sociedad a menos que se obligue a la mal llamada integración o que son inferiores a la sociedad en la que viven.

Fuente