Managua, 20 nov (EFE).- La Unidad Nacional Azul y Blanco exigió hoy la destitución “inmediata” del titular del Poder Electoral de Nicaragua, Lumberto Campbell, por su supuesta participación en actos de represión del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, contra manifestantes desde abril pasado.
“Exigimos la destitución inmediata del magistrado Lumberto Campbell, quien ha demostrado ser adoctrinado, dependiente y fiel al régimen Ortega Murillo, cualidades inaceptables en el presidente de un poder del Estado”, informó la agrupación opositora en un comunicado.
La Unidad basó su demanda en un testimonio de la exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) Ligia Gómez, brindado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, que salió a luz pública ayer lunes, y en el que relata que Campbell se aseguró de cumplir con la orden de Murillo, de responder “con todo” a las protestas contra Ortega.
La supuesta orden de Murillo ha dejado entre 325 y 535 muertos, más de 25.000 exiliados, miles de “presos políticos”, de los cuales 602 continúan en las cárceles, y al menos 4.000 heridos, según organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
“La presencia de este tipo de funcionarios con tendencias partidista y represoras en el Consejo Supremo Electoral (CSE) es un indicativo del carácter ilegítimo y espurio de las elecciones regionales de la Costa Caribe, del 3 de marzo del año 2019”, agregó la Unidad, que además exigió la suspensión de los comicios y llamó “cómplices” a los partidos participantes.
Las declaraciones de Gómez “deja al descubierto cómo se ha utilizado todo el aparato gubernamental como instrumento de represión contra el pueblo nicaragüense”, señaló la Unidad.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno de Ortega, quien reconoce 199 muertos y 273 reos, que denomina “terroristas”, “golpistas”, y “delincuentes comunes”, niega la responsabilidad y afirma haber vendido un intento de “golpe de Estado”.
La Unidad sostuvo que continuará “en contra de todos aquellos funcionarios implicados en actos de represión”, dada la “necesidad urgente de cambios profundos en las estructuras y leyes electorales del país, indispensables para llevar a cabo las elecciones libres, justas y transparentes”.
Campbell, antiguo vicepresidente del CSE, asumió su presidencia en junio pasado, tras la destitución de Roberto Rivas, a quien Estados Unidos sancionó por actos de “corrupción significativa” y “graves violaciones a los derechos humanos”, debido a que dirigió elecciones sin observación que favorecían a Ortega, y a que su estilo de vida no se correspondía con sus ingresos.
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