El ministerio de Seguridad de Argentina, comandado por Patricia Bullrich, eligió la “lucha contra el narcotráfico” como uno de sus objetivos fundamentales. El mismo presidente Mauricio Macri reconoció la labor de la ministra, a la que calificó como una funcionaria “honesta” en un mundo donde un hecho de corrupción puede convertir a una persona en millonaria en un segundo.
La cartera de Seguridad tiene un proyecto comunicacional ambicioso y quiere que la población esté al tanto de los operativos antidroga y sus resultados. Pero en los últimos meses la estrategia comunicacional fue más allá de compartir imágenes en las redes sociales.
“¿Querés presenciar una quema de drogas? El próximo martes 30 a las 13 horas vamos a llevar a cabo una incineración de drogas en la localidad de Ezeiza. Escribí por mensaje privado y dejanos tus datos para participar por el sorteo de 20 invitaciones. ¡Vos podés estar ahí!”, comunicó el organismo gubernamental en sus redes sociales.
La invitación por sorteo enviando un mensaje parece una entrada para una película en su avant premiere. Pero se trata de algo muy distinto. El ministerio de Seguridad de la Nación ahora le da la oportunidad a un “afortunado” ciudadano de estar presente en el insólito espectáculo, hasta el momento reservado para las fuerzas policiales.
El error más repetido del siglo XX (que persiste en el XXI)
Cuando se discute en cuestión de políticas públicas ¿cuál debería ser el tratamiento ante las drogas por parte del Estado? La pregunta que se hace no tiene absolutamente nada que ver con los resultados que se obtienen cuando se buscan determinados objetivos.
¿La droga es mala? La respuesta es lógica, pero lo cierto es que su prohibición no elimina el consumo. ¿Hay que permitir el libre funcionamiento de las bandas narcos? Claro que no, pero puede que lo más eficiente no sea declararles la guerra, sino buscar la mejor forma de desarticularlas. El enfoque fracasado del War on Drugs impulsado por Estados Unidos y la DEA no es solamente ineficiente: es caro, contraproducente y corruptor.
La experiencia de la “Ley Seca“, cuando se prohibió la venta de alcohol, dejó lecciones claras: las mafias se hicieron cargo del negocio, su funcionamiento corrompió elementos de la policía, la justicia y la política. Como si esto fuera poco, los muertos por intoxicación proliferaron por todos lados.
Cuando las autoridades norteamericanas decidieron terminar con la absurda prohibición, se le acabó el negocio a la mafia y la gente dejó de morirse. En la actualidad, los muertos por circunstancias similares con los estupefacientes, simplemente se rotulan como “sobredosis”. ¿Cuántas vidas cobró el consumo de sustancias mortales, producto del mercado negro? La respuesta es un misterio, pero sin dudas el número es alto.
Si cambiamos el enfoque y apelamos a la libertad individual de las personas, no viviremos en un mundo ideal, claro, pero sí en uno mejor. Legislar en búsqueda de un ideal lo único que nos deja es una realidad peor. Aunque la evidencia es clara, todavía la prohibición y guerra “contra” las drogas sigue haciendo estragos. Ni en los países donde se impone la pena de muerte y las más duras condenas se logró “erradicar” el problema.
Si drogas como la marihuana y la cocaína dejaran de ser sustancias prohibidas, el ingreso que el narcotráfico dejaría de percibir sería devastador. De la misma manera, se lograría reducir considerablemente la corrupción en varios estamentos del Estado. La Constitución argentina es clara:
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Si se decide respetarla, se le termina el negocio al narcotráfico.
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