La juez venezolana, Luz Mariela Santafé Acevedo, salió de Venezuela y solicita refugio al gobierno de Colombia (Facebook)

La crisis en Venezuela ha impulsado la deserción de cientos de venezolanos represores que en su oportunidad le siguieron “el juego” al régimen de Nicolás Maduro. Tal es el caso de una juez militar que ahora pide asilo en Colombia, luego de haber ordenado la detención de presos políticos.

Se trata de la juez venezolana, Luz Mariela Santafé Acevedo, quien salió de Venezuela y solicita protección del gobierno de Colombia; tras haber sido la “verdugo” de varios políticos y estudiantes desde 2017.

“Yo le pido perdón a todo el pueblo venezolano, a todos aquéllos a quienes les causé un daño en alguna oportunidad, pero realmente entiendo que Venezuela tiene que ir hacia el progreso, tenemos derecho a ser felices sobre todo el futuro de nuestros hijos (…) Yo sé que dentro de la FAN, que aunque no estén de acuerdo, tienen miedo y el miedo es el arma contra el General”, dice Santafé durante una entrevista donde admitió haber causado daño a decenas de venezolanos.

“Yo le pedí perdón a Gilber Caro… Yo tenía que cumplir una orden o, de lo contrario, caía en desobediencia”, dice la mayor en la entrevista, en relación con uno de los presos políticos a los que apresó.

La oficial venezolana habría llegado sola a territorio colombiano, solicitando refugio debido a la situación social y económica que vive el vecino país.

Luz Mariela Santafé Acevedo es integrante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y bajo el rango de Mayor, estuvo a cargo del Tribunal Militar Sexto de Control en Valencia, en el estado Carabobo al centro del país.

La juez tomó relevancia debido a que fue la encargada de procesar ante la instancia militar a civiles, la mayoría jóvenes, que eran detenidos durante la ola de protestas que se extendió a varios estados de Venezuela en los primeros meses de 2017.

Además, llevó los sonados casos de varios de los llamados “presos políticos”, entre ellos el diputado Gilber Caro, quien luego de ser acusado de “traición a la patria”, pasó por varias cárceles tanto militares como civiles por más de año y medio, hasta que fue liberado a mediados de 2018.

Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo venezolano señaló a través de su cuenta en Twitter que la huida de la juez ratifica que en Venezuela no hay justicia independiente ni autónoma.

“La huida a Colombia de la juez militar que llevó el caso de Gilbert Caro y el de otros presos políticos, señalando que recibió órdenes y presiones para procesar inocentes, ratifica lo que la ONU, la CPI y el mundo ya sabe: en Venezuela no hay justicia independiente ni autónoma”, aseveró.

Cabe destacar que en el país suramericano no es primera vez que jueces o represores huyen de Venezuela y admiten que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura.

Hay que recordar en 2017 a la jueza venezolana, Karla Moreno, quien renunció por presión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al negarse a dictaminar privativa de libertad en contra de periodistas.

Hay que recordar también a la jueza venezolana que ordenó detener al preso político, Leopoldo López, quien admitió en la OEA que lo hizo para no “terminar presa”.

“Me mandaron a firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López, pedí revisarla y me amenazaron preguntándome si quería ser la próxima juez Afiuni”, dijo. La jueza María Lourdes Afiuni, estuvo cuatro años presa y fue víctima de torturas y violaciones sexuales tras desobedecer una orden de Hugo Chávez. Ella ordenó la liberación de un empresario criticado por el exmandatario.

“Me sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A partir de ese momento, 4 funcionarios me acompañaron hasta mi casa y 2 de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.

Cabe destacar que de acuerdo con la ONG Foro Penal venezolano, actualemente en el país suramericano hay 233 presos políticos (34 mujeres, 3 adolescentes, 26 condenados, 2 con boletas de excarcelación, 70 militares, 7 privados con admisión de hechos); todos ellos presuntamente detenidos por jueces que como Luz Mariela Santafé se ven amenazados por el régimen de Nicolás Maduro.



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