Duque se enfrenta a uno de los primeros choques políticos con su propio partido y es el de la consulta anticorrupción. (Fotomontaje PanAm Post)

La consulta anticorrupción en Colombia por estos días es el suceso político-jurídico más comentado. Y no es para menos, pues se trata de la posibilidad de alivianar la carga burocrática y corrupta que cobija al sector público y, al mismo tiempo, pretende subsanar aquella corruptela que hasta la fecha se encuentran vigente al interior del Estado.

La consulta, como tal, establece garantías que le ponen freno a la corrupción, entre las cuales se destacan: reducir el salario de congresistas, cárcel para corruptos, rendición de cuentas, hacer públicas las propiedades e ingresos de políticos y extinguirles el dominio, si hay lugar a ello, entre otros.

El presidente electo, Iván Duque, se ha desmarcado del discurso de su partido. Este hecho fue notable durante la ceremonia de posesión el pasado 7 de agosto en el que el discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, no se acercó a lo dicho por Duque. Precisamente, muchos analistas aseguran que el Gobierno de Duque solo será una extensión del uribismo, pero hasta ahora no parece así y esto para el futuro puede crear ciertas rupturas al interior del movimiento político al momento de tomar decisiones cruciales.

En este sentido, Duque se enfrenta a uno de los primeros choques políticos con su propio partido y es el de la consulta anticorrupción. Consulta que ha unido a varios sectores políticos menos el del Centro Democrático, teniendo en cuenta que es ineficaz, costosa y está politizada, como han señalado.

Aunque la oposición ha “detectado” el juego del Centro Democrático, conviene destacar que no le quedaría muy bien a Duque jugar un papel determinado mientras su partido hace otro. En otras palabras, esto vendría siendo como un autogol que involucra imagen y aprobación del nuevo presidente electo.

Es así como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, considera que una cuestión es el Gobierno del presidente Duque y otra es su partido, y así lo ha hecho saber en varias ocasiones con tal suerte de no contar con la aprobación de algunos políticos de la bancada uribista.

En concreto, Duque ha respaldado la consulta anticorrupción promovida por la senadora Claudia López y el movimiento político Alianza Verde. Este fue su mensaje en plena campaña a la presidencia y ahora como presidente ratificó de nuevo su apoyo a la iniciativa popular.

“La ministra del Interior, antes de tomar posesión, habló con los organizadores y nosotros haremos desde el Estado lo que corresponde para que esa consulta se adelante”, dijo el nuevo mandatario en su visita a San Andres.

Duque dice sí pero Uribe no

El pasado 5 de junio, el expresidente y senador, Álvaro Uribe, en la plenaria del Senado anunciaba con condicionamientos su apoyo a la consulta anticorrupción. “Anuncio mi voto positivo para honrar la palabra con Colombia, pero a esta consulta le falta elevar a la categoría de corrupción el desgreño que casi acaba con Bogotá”.

“Voy a votar porque he sido honorable. He administrado el patrimonio público con decencia, con austeridad y sin desgreño. (…) voto acatando la instrucción de Iván Duque, ese joven que combina firmeza y decencia, ajeno a la politiquería (…) Anuncio mi voto positivo para honrar la palabra ante el pueblo colombiano”, fue lo dicho por el jefe natural del Centro Democrático.

Lo dicho por Uribe fue determinante para que su bancada no se opusiera al aval de la iniciativa desde el Senado. Pues para esa fecha, el presidente electo Duque ya había manifestado su apoyo a la consulta y se acercaba las elecciones a la presidencia en el país. El único reparo del Centro Democrático para ese momento era que la consulta se llevara a cabo luego de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, el espaldarazo duró solo dos meses, pues desde el día uno del Gobierno Duque, Uribe ya no pensaba lo mismo de la consulta. Desde el Congreso manifestó que, a propósito de la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia, la consulta poco aportaba al objetivo de combatir la corrupción.

“Hoy, en la situación jurídica mía, llamado por la Corte Suprema a indagatoria por los delitos de manipulación y soborno de testigos, poco le aporto a esa consulta. (…) Hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad”, dijo.

Y agregó, “yo hoy prefiero e invito a que este congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas por la autoría del nuevo presidente Iván Duque”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, también en contravía de la postura del nuevo Gobierno y sumádonse a la línea argumentativa de Uribe, afirmó que lo que hay alrededor de ese mecanismo es más “bulla” que realmente propuestas que le vayan a servir al país. Pese a esto, manifestó que la votará afirmativamente.

Algo semejante fue lo señalado por Fernando Araujo, Senador del Centro Democrático, “(…) prefiero apoyar las iniciativas legislativas del Presidente Duque, que una consulta populista que no resuelve el problema de corrupción”.

Paquete anticorrupción presentado por el Gobierno Duque

El nuevo Gobierno alistó también un paquete de leyes que apuntan a reducir y a combatir la corrupción en el país contenido en cuatro iniciativas: tres actos legislativos y un proyecto de ley, que particularmente se asemejan a ciertos puntos recogidos en la consulta anticorrupción.

La limitación de hasta tres periodos de elección en las corporaciones públicas dispuesta en un acto legislativo, coincide con la pregunta numero 7 de la consulta. Otro proyecto de ley plantea la utilización de los pliegos tipo en los procesos de contratación pública, propuesta que se asemeja a la pregunta número 3 de la consulta. El acto legislativo que busca que servidores públicos o quienes administren bienes públicos revelen su declaración de renta, coincide en buena parte con la pregunta número 6 de la consulta. Duque también presentó un acto legislativo para que no aplique la prescripción en los delitos contra la administración pública que podría complementarse con la pregunta número 2 de la consulta.

A diferencia del proyecto del Gobierno, la consulta anticorrupción plantea la reducción del salario de los congresistas, audiencias publicas para rendir priorización del presupuesto, y rendición de cuentas obligatoria para los congresistas. Aunque algunos analistas señalan que la propuesta de reducir salario de los congresistas no obedece a una cuestión de corrupción. En defensa, los promotores de la consulta indican que este punto se trata de un tema de “equidad” por el alto costo que generan los legisladores en Colombia. 

En entrevista para el medio NTN24, Duque explicó que la consulta toca unos temas, pero que desde su Gobierno quieren ir más allá.

En contraste a lo dicho por la ministra Gutierrez en que el paquete anticorrupción presentado por el Gobierno no afectaría la consulta, los promotores piensan diferente. El Senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, calificó de “conejazo” por parte del presidente Duque y del Centro Democrático su nueva posición frente a la consulta anticorrupción.

Mientras tanto, Duque no se ha referido a los proyectos presentados que siguen la misma linea de algunos puntos contenidos en la consulta, que son cuatro de los siete que votarán.

El excandidato presidencial y Senador, Gustavo Petro, indicó que Duque “hizo trizas” la consulta anticorrupción y añadió que los cuatro proyectos presentados por el Gobierno no serían aprobados en este Congreso. 

“Yo le sugeriría al comité promotor, que analicemos si es válida la asistencia el 26 de agosto a las urnas o si es mejor exigirle al presidente de la república, independientemente de lo que dijeron en el Congreso, que le diga a la ciudadanía si la va a apoyar o no”, dijo Petro ante el Senado.

Pese a la polémica que ha suscitado el presidente Duque y su partido, Claudia López, aseguró que los proyectos radicados por el Gobierno en los últimos días en el Congreso, no interferirán en dicha consulta popular. 

“Yo no creo que al presentar las iniciativas que tienen que ver con la consulta el presidente quiera sabotearla”, dijo la exsenadora.

Consulta Anticorrupción: “Milagro ciudadano”

López recordó que durante 25 años, todas las iniciativas que han sido presentadas por los gobiernos de turno para combatir de manera eficaz a la corrupción se hundieron en el Congreso, hecho por cual se convocó este mecanismo de participación ciudadana.

El próximo 26 de agosto se realizará la Consulta Anticorrupción, que según la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá un costo de al menos 350 mil millones COP y para lograr su aprobación popular se requiere un umbral de por lo menos 12 millones de votantes.

Aprobado en las urnas, el Congreso tendría un año de plazo para incorporarlo en la ley. Si el Congreso no lo hace en ese tiempo, el Presidente queda facultado para decretar las medidas.

Es necesario recalcar que por la vía de la consulta popular no se puede modificar la Constitución. Lo prohíbe expresamente la Ley 134 de 1994. Y el artículo 374 de la Carta Política solamente contempla tres modalidades de reforma: acto legislativo, asamblea constituyente y referendo. La consulta plantea reformar la constitución, el código penal y otras leyes vigentes.

López, ha señalado que para la aprobación de la consulta, han tenido que superar los obstáculos que impuso el mismo Congreso. Ya que como asegura, el debate fue aplazado en tres oportunidades, y se tuvo que cambiar la fecha de votación para que no coincidiera con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.



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