Recientemente fue publicado un artículo en la sesión económica de Emol (www.emol.com), que planteaba e intentaba hacer una proyección de Chile respecto al fin del dinero en efectivo para la realización de transacciones.
Para ello, estratégicamente exponían la realidad de los nórdicos en torno a estas “prácticas innovadoras y seguras”. Sin embargo, a continuación quiero plantear una reflexión en torno a condiciones que deben solucionarse, antes de siquiera pensar en una transición de esta envergadura.
Bancarizar a todo un país, no solo requiere de un enorme esfuerzo institucional y cultural, sino que también implica luchar contra ciertas reservas o prejuicios que son normales surjan entre distintos grupos sociales. Por ello, la primera pregunta que deberán responder nuestras autoridades será ¿Para qué quieren hacerlo? Y sin duda, la respuesta políticamente correcta será, “para ser más ecológicos, seguros y eficientes”. Sin embargo y dado que la naturaleza del Estado es predadora, sabemos que gran parte de todo este esfuerzo tiene que ver con el deseo de aumentar el control y fiscalización de los recursos de los particulares.
Considerando que nos encanta compararnos con los nórdicos, los precursores de estas ideas en Chile tendrán que reconocer que los programas tendientes a reducir el efectivo circulante en Suecia, por ejemplo, hacía parte de una política anti-evasión fiscal, altamente sancionatoria y que desestimuló a muchos inmigrantes con alto perfil profesional y altos salarios, que veían reducidos sus ingresos a causa de nuevos impuestos.
Es cierto que lograron reducir al solo 1% todas las transacciones en efectivo, pero la realidad Sueca dista cada vez más de la Chilena: los países escandinavos son pequeños, homogéneos en su mayoría, con limitada diversidad racial y religiosa, alto capital humano, poca incidencia en conflictos violentos y sobre todo, un limitado costo en seguridad (el cual no varió con la transición).
Chile, con los años y con las políticas se ha vuelto un país más heterogéneo, más diverso y también más conflictivo, han llegado nuevos modus operandi en los delitos y es una realidad que nadie puede desconocer, por ende, es imposible que podamos ser testigos de este mundo paralelo con un Estado robusto, ineficiente y burocrático como el que tenemos.
Para nadie es un secreto que la seguridad es un asunto que cada vez preocupa y afecta a más personas, por lo que no necesitar efectivo, parece ser una idea tentadora. Sin embargo, tal premisa es reduccionista en tanto no considera que surgirán nuevas especializaciones para los delitos informáticos, los cuales apenas estamos conociendo y que nos obligarán a asumir nuevos compromisos como los seguros antirrobo, para cada tarjeta. Lo que sumado a los costos de cada transacción (que en el Banco de Estado llega a los $300 pesos), resultaría desestimulante.
Un cuarto aspecto está ligado a la paupérrima educación financiera de los chilenos, ¿cuántos chilenos comprenden realmente lo que se cobra en los extractos bancarios? ¿Quién le hará control efectivo o supervisará eficientemente a una Banca robustecida? Diversos estudios muestran la percepción negativa de la población hacia los bancos; en ese sentido, ¿Cómo pretenden lograr un cambio libre hacia una absoluta confianza, sabiendo que hay una sensación generalizada de que la banca es “usurera” o “cobra de más”?
Una quinta variable viene a estar dada con el control de la información. Si Chile se bancarizara en su totalidad y casi todas las transacciones fueran hechas por medios digitales, ¿cuál será el mecanismo para controlar la información que se obtenga de ahí porque finalmente se sabrá qué, dónde, cuánto y cuándo consume una persona? La base inagotable de datos resultaría tentadora para cualquier agencia de publicidad o empresa en general.
Si hasta aquí, hemos sido testigos de colusiones y de una lenta intervención del Estado, con tal flujo de información, la vulnerabilidad de los consumidores aumentará en la misma proporción pero ahora no solo de parte de privados con malas prácticas, sino también del Estado ansioso y hambriento por más recursos.
Hasta aquí, es evidente que Chile tendrá muchos más obstáculos que solucionar antes que Suecia, incluyendo, la digitalización de los servicios más básicos y la eliminación de los trámites notariales; empero, evaluar la experiencia de Alemania es también necesario, para conocer ambas caras de la moneda:
El auge de las políticas sociales y de corte progresista que caracterizó al gobierno de Ángela Merkel, supuso un aumento sostenido en los impuestos (del Estado Central y de los Estados Federales), que no necesariamente implicaron una mejora en la calidad de vida de los alemanes. Ahora bien, los alemanes inconformes con tales medidas, empezaron a recurrir más al dinero en efectivo, a la par de prescindir de las boletas de servicios, tanto así, que el Bundesbank confirmó que el año inmediatamente anterior, las transacciones en efectivo llegaron al 48%. ¿Paradójico? No.
La capacidad de organización de la sociedad civil también se observa cuando se siente asaltada por la cantidad de impuestos tendientes a engrosar las arcas del obeso estado y beneficiar unos pocos, por ende, también es parte de la naturaleza humana tener un instinto de preservación, incluso en el área financiera.
Esta medida entonces, no es más que un disfraz tecnológico para que el Estado extienda sus manos hacia los bolsillos de todos los chilenos, aún más, invitándolo no a reducir el gasto ni a ahorrar, sino a consumir sin responsabilidad, añadiendo más y más burocracia, pagando favores políticos y todo, con dinero por el cual no trabajaron, haciendo de Chile, un país, cada vez, menos competitivo. Mantener el efectivo y las transacciones que con él se hagan, es una declaración de independencia y libertad, más que válida, de parte de una ciudadanía cada vez más cansada de la depredación política y del Estado paternalista.
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