Andrés Manuel López Obrador aún no toma posesión oficialmente como presidente de México, pero ya dio indicios claros de lo que será su gobierno: un ejercicio autoritario del poder basado en sus ocurrencias e intereses y los del resto de funcionarios en turno.
En las cámaras legislativas los diputados y senadores están “mayoriteando” descaradamente a todo aquel que no pertenezca a sus filas partidistas ignorando sus iniciativas, no prestando atención a sus discursos en los estrados y opacando por completo a la oposición votando en bloque sobre cada asunto discutido.
La división de poderes estatales se diseñó pensando en la creación de un sistema de contrapesos en el que nadie tuviera el poder absoluto, algo que fue ignorado por completo a todos los mexicanos que hicieron caso a la popular iniciativa antidemocrática del “voto masivo por MORENA”.
El golpe sobre la mesa del nuevo presidente está dado; el macroproyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM) ha sido cancelado y no parece que haya posibilidad de una vuelta atrás. Poco importaron los millones de pesos y dólares invertidos y el ya significativo avance que se tenía en tan importante obra.
Las razones para la toma de esta decisión son muchas y muy variadas y su único común denominador es que todas ampliamente discutibles. Se habló del impacto ecológico, de corrupción, de cambio de prioridades para el gobierno federal y de un sinfín de razones más que no terminan por ser verdaderamente sólidas.
Pero lo más alarmante sin duda es el modus operandi, totalmente anticonstitucional e irresponsable, del gobierno entrante puesto en evidencia con su supuesta consulta ciudadana.
El primer mensaje que AMLO envía con esta situación es una total falta de respeto ante el institucionalismo mexicano; si bien es verdad que está a punto de serlo, aún no es presidente y eso debería haber bastado para entender y aceptar que todavía no llegaba su momento para implementar este tipo de iniciativas y procesos de toma de decisiones.
Sin embargo, lo más grave sin duda alguna es el fiasco de la “consulta popular” para definir si se seguía con el proyecto actual en Texcoco o si se trasladaba a la base aérea de Santa Lucía, el proyecto alternativo de AMLO y su equipo de transición.
El proyecto de Santa Lucía no cuenta con estudios reales que demuestren su factibilidad ni su sostenibilidad y es previsible que el impacto ambiental sería de igual o incluso mayor escala que el de haberlo seguido construyendo en Texcoco.
Con todo y estos antecedentes, se decidió someter a consulta popular tan trascendente decisión; como si todos fuéramos expertos en aeronáutica, ingeniería de suelos, impactos ambientales, desarrollo económico y procesos de construcción con el argumento central de que el “pueblo es bueno y sabio” y sabría mejor que nadie cual sería la mejor opción.
A nivel organizacional la consulta fue organizada y financiada por MORENA poniendo contra las cuerdas las pocas posibilidades de legitimidad que tenía de origen. Las casillas fueron colocadas en los puntos donde las tendencias marcan un mayor índice de apoyo a AMLO de manera mañosa y tramposa y se registraron y denunciaron innumerables fallas técnicas que incluyen votos duplicados, fallas en los conteos y tintas “indelebles” que se borran con agua. En fin, un ridículo democrático sin precedentes en la historia moderna del país.
El dato más clarificador y espeluznante es que ni siquiera se alcanzó el 1% de participación ciudadana de acuerdo los propios datos oficiales de los organizadores.
Los resultados fueron catastróficos; la cancelación del proyecto de infraestructura más importante de la historia en Latinoamérica (solo comparable con el canal de Panamá) cuando este llevaba un avance del 30% claramente no fue bien recibida por los mercados financieros mundiales.
México se convirtió en noticia internacional por la extraña forma en que la nueva administración pretende gobernar; pareciera que AMLO solo busca legitimar sus caprichos disfrazándolos de “voluntad popular” o bien, lavarse las manos y tener como chivo expiatorio al “pueblo” si es que sus proyectos terminan por fracasar.
Sus defensores alegan una sana división entre el poder político y económico como principal argumento para sostener la extraña decisión, pero cuando vemos a AMLO sentado en una silla durante la rueda de prensa junto a su más grande contratista (José María Riobóo) el mensaje es muy claro: seguiremos viviendo bajo el mismo sistema de “capitalismo de amigos” solo con unos “nuevos amigos”.
El colmo fue la mentira expuesta por la embajada de Francia en México que, contradiciendo lo antes expuesto por el propio AMLO, indicó que ellos jamás habían realizado estudio alguno sobre la viabilidad del proyecto de Santa Lucía.
Las señales son claras y sería un error ignorarlas. La cuarta transformación está liderada por una jauría de lobos hambrientos disfrazados de corderos y de un sinfín de intereses personales disfrazados de bien común y justicia social.
AMLO, al más puro estilo chavista, parece creer que la división entre él y el pueblo es tan delgada que da lo mismo si se ignora o no. Como sociedad civil no deberíamos permitírselo porque lo que está en juego es nuestro futuro y la capacidad de realizar nuestros proyectos personales.
El nuevo presidente alega que el pueblo “bueno y sabio” ya ha tomado una decisión y por lo tanto no queda de otra más que acatar su voluntad. Habrá que recordarle de alguna manera a Andrés Manuel que está equivocado y que él no es ni será nunca “el pueblo” como pretende hacerlo ver.
Detrás de estos mensajes se puede leer una lógica muy retorcida y autoritaria. Es un hecho que quienes juegan el rol de pueblo terminan por convertirse en los peores y más peligrosos tiranos y la historia no miente.
¡Ya yo no soy Chávez! ¡Yo soy un pueblo! ¡El pueblo soy yo!
Hugo Chávez, 2012
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