“Derecho que no se defiende es derecho que se pierde”, anuncia el Cenidh, perseguido por Ortega (Twitter/PROVEA)

Redactar una nota enumerando la cantidad de ONGs que han sido censuradas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, se torna inviable en vista que con cada actualización se suma otra.

La persecución política que ha resultado en alrededor de 500 muertes ejecutadas por represión de la policía y fuerzas paramilitares afiliadas al régimen, de las cuales solo 199 han sido reconocidas por el gobierno, sumado a 273 presos considerados “golpistas”, ahora se trasladó de las calles a las organizaciones que se encargaban de promover la democracia y los Derechos Humanos en el país.

Con más del 75% del parlamento en manos del partido de gobierno, lo cual le da mayoría en cada voto, la remoción de la personería jurídica de las ONGS se ha convertido en el nuevo instrumento del régimen para que no surjan observaciones de vulneraciones a los derechos básicos por fuera de los ámbitos reconocidos por el régimen.

El último objetivo fue el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dedicado a estudios de comunicación, fundado por el hijo de la expresidenta Violeta Barrios, el periodista Carlos Fernando Chamorro.

También el 13 de diciembre, por medio de 70 votos del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y 17 en contra, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que hasta ahora se dedicaba a promoción de la democracia, perdió legitimidad legal.

De acuerdo al ideario socialista del régimen de Daniel Ortega, no solo que el régimen tiene la potestad de determinar qué organizaciones pueden existir sino que expropió sus recursos. Según el mandato parlamentario, el Ipade debe liquidar sus bienes y acciones o pasar a disposición del Estado.

En las últimas dos semanas, el parlamento con mayoría oficialista ha cancelado el estatus legal de seis ONGs.

Al respecto, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, de oposición, aunció que “es desafortunado, no sólo para el país, sino también para el Gobierno, a los extremos que hemos llegado”.

Mientras que desde el oficialismo, afirma el diputado del FSLN, José Antonio Zepeda que “la crisis no la generó este Gobierno”.

Aunque no dio detalles, insistió que las ONGs afectadas apoyaron un intento de “golpe de Estado”.

Así como sucedió con la cancelación de la legalidad del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el partido de gobierno (el FSLN) acusó al recientemente invalidado Ipade de”haber incumplido gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos, así como haber “desnaturalizado su personería jurídica”, “alterar el orden público”, “desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.

Igualmente sucedió cuando la Asamblea Nacional le quitó la legalidad al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia.

Ahora están bajo amenaza son ONGs Instituto de Liderazgo de las Segovias, Fundación del Río y la Fundación Popol Na.

Condenan la persecución a ONGs

A través de un comunicado del Ministerio francés de Exteriores, “Francia reitera su gran preocupación ante la degradación de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y ante las presiones ejercidas sobre los defensores de los derechos humanos”.

Se refirió puntualmente a las ONGs que fueron recibidos por el ministerio en octubre y diciembre respectivamente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

En horas de la noche, antes de los dos últimos cierres, el Secretario General de la OEA ya había manifestado su descontento por esta persecución política perpetrado por el régimen que, tras 11 años en el poder, se convirtió en una sucesión dinástica, donde la primera dama pasó a ser vicepresidente y las fuerzas armadas están al servicio del mandatario y no de los ciudadanos.

Igualmente la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se pronunció contra estas suspenciones.  “Nuestra más enérgica condena frente a decisión del gobierno de cancelar personería jurídica al Cenidh”, dijo el organismo en su cuenta de Twitter.

Desde el 18 de abril, que los nicaragüenses inconformes con el gobierno siguen en las calles pidiendo cambio y son cada vez más las puertas que se cierran para que puedan evidenciar los abusos en su contra.



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