Amada nació niño, pero su cédula dice género femenino, lo cual implica que será desigual al resto que tiene su sexo en el documento. (Fotomontaje de PanAm Post)

Amada es el nombre de la primera niña reconocida legalmente como transgénero en Ecuador. Aunque causó festejos por parte del activismo LGBTQIA+, este grupo reclaman que hay una diferenciación legal con las personas conformes con su sexo.

Rafael Correa invita al palacio de Gobierno a activistas LGBTI. (Wikipedia)

“Es una discriminación. Se da un trato diferente. Para todas las personas pone sexo, menos para los transgénero”, exclama Jorge Fernández, abogado defensor de la causa de Amada que logró la sentencia que obligaba al Registro Civil a hacer el cambio de cédula.

A partir del 10 de diciembre de 2015, las personas mayores de 18 años pueden cambiar el campo de “sexo” por “género” en la cédula ecuatoriana. Así lo dispuso la Asamblea Nacional (el parlamento ecuatoriano) con 77 votos afirmativos de 100 asambleístas presentes, bajo el marco de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

Fue bajo el gobierno de Rafael Correa que se gestó la ley. Aunque el mandatario la vetó parcialmente, solicitando enmendar la mitad de los artículos, entre ellos que el sexo no se pudiera modificar legalmente, solo el género, salvo en casos médicos, como el hermafroditismo.

El proyecto de ley fue promovido por la Asociación Silueta X, cuyo líder también fue presidente de la Federación de Organizaciones LGBTI y posteriormente el primer candidato a legislador transexual. Finalmente, en el 2017, ganó una elección como asambleísta alterno por el partido de Gobierno Alianza País.

Acorde a la ley, Diane Rodríguez pudo inscribir a su hijo con el apellido materno primero, a su vez el primer hijo nacido de un hombre transexual. Pues el padre, biológicamente mujer, es legalmente de género masculino. Mientras que Diane, biológicamente hombre, capaz de inseminar a su cónyuge, es legalmente de género femenino.

Al ser una ley apuntada a cierto sector de la sociedad, solo puede implementarse por medio de la diferenciación. De modo que implica una discriminación, pues la cédula sustituye la palabra “sexo” por “género”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, “sexo” es la “condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas”.

Según la misma fuente, “género” es el “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”.

Debido a que el sexo está determinado como un rasgo biológico, cuya huella está en la estructura ósea, el tamaño del cerebro, las células e incluso los cromosomas, aunque una persona se ampute los órganos sexuales para modificarlos, no podrá cambiar su sexo.

Lo que sí sucede es que hay un reconocimiento social y legal de que dicha persona no está conforme con su sexo y por tanto se puede referir a él o ella como su opuesto, si así lo desea; en este caso deberá elegir su género. Ahora esto también aplica para niños.

Surge entonces la inquietud de si todas las personas deben ser ceduladas de acuerdo con su sexo o por su género, de modo que no exista esta discriminación legal e institucional.

Es decir, si todos son cedulados según su sexo, las personas transgénero volverían a no ser reconocidas de acuerdo a quienes desean ser.

O si se debe remover por completo la categoría de sexo y remplazarla por el género para todas las personas, tanto trans como “cisgénero”, término que aplica a las personas que se identifican con su sexo, en contraste a las personas transexuales y transgénero que no.

Este incidente jurídico expone cómo una medida que pretendía promover la igualdad no se puede lograr sin discriminar a una parte de la población, pues distingue a los afectados de la mayoría de la población.

Una premisa básica de la justicia es el principio de la igualdad ante la ley. Pero la ley de reconocimiento de género no lo brinda.

Este es el resultado de una política identitaria, donde, en lugar de pedir igualdad ante la ley, se piden concesiones para un grupo específico. Y aunque se cumplió con lo solicitado, hay inconformidad, pues en lugar de incorporar a las personas como uno más dentro de la sociedad, ahora tienen una categoría aparte.



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