De igual modo, invitaron a los movimientos políticos de oposición e independientes a votar forma negativa el proyecto. (FARC-EP)

El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que desde el Congreso se opondrá y votará de forma negativa la Ley de Financiamiento por “antinacional” y “antipopular”. El ahora movimiento político mantiene el mismo discurso que anteriormente permeó su lucha guerrillera y es su oposición a la clase alta.

En un comunicado critican fuertemente la Ley de Financiamiento e invitan a los movimientos políticos de oposición e independientes votar en este mismo sentido.

Esta semana la Ley de Financiamento cursa un proceso de discusión en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de forma acelerada. Si bien el Gobierno del presidente Iván Duque adoptó unas reformas al texto tributario, este sigue generando polémica.

“Estamos ante el riesgo inminente de que una manguala de ricos nuevamente le arrebate al país una reforma integral a la estructura tributaria. No es gravando las motos de menos de 200 cc, el arroz, la papa, la carne, los huevos y la yuca de los colombianos, los libros de los estudiantes, la recreación y el transporte público como se construye la verdadera equidad”, se lee en un comunicado emitido por el movimiento político.

Y añaden, que la Ley de Financiamiento es “un paraíso fiscal para los ricos y un infierno fiscal para las clases trabajadoras”.

Entre los cambios está dejar de lado el punto más impopular como lo es la expansión de la base gravable del IVA a los productos de la canasta familiar, el impuesto al consumo de motocicletas inferior a los 200 centímetros cúbicos, los ahorros para pensiones y tampoco se tendrá en cuenta el incremento de IVA para los trabajadores independientes.

En su inicio el Gobierno esperaba conseguir 14 billones COP para el 2019 para poder cumplir la regla fiscal, sin embargo, esto no se podrá lograr. Las modificaciones han llevado a tener una estimación de recaudo de unos 6,8 billones COP. Algunos analistas consultados por PanAm Post señalaron que esta reforma no tapa el hueco fiscal y que según datos de la Contraloría general de la República enfatizó el déficit económico ya suma 30 billones COP.

Por otro lado, se mantiene en el nuevo borrador la decisión de mantener el IVA en el 19%, el impuesto a las viviendas, el impuesto plurifásico a la cerveza y a las bebidas azucaradas, y el aumento del impuesto a los dividendos de 10 al 15%.

Finalmente, las FARC propuso una serie de ingresos los cuales deberían ser gravados para superar “la crisis”.

“La crisis no la puede continuar pagando el pueblo, por eso hemos propuesto que el IVA solo grave los bienes suntuosos; un impuesto de renta progresivo donde paguen más quienes más tienen; desmonte de las exenciones improductivas a los grandes capitales, especialmente la explotación minero-energética, y un impuesto contra latifundios improductivos”.

Por ahora, se espera que la segunda votación en las plenarias de Senado y Cámara que sesionarán de manera paralela a partir del martes 11.

“Quienes ganen más tributen más” 

Al margen de la critica de las FARC, el Gobierno busca a través de la Ley de Financiamiento que aquellos que ganen más tributen más.

Uno de estos pilares es el alza en la tarifa del impuesto de renta para personas con ingresos promedios mensuales de más de 40 millones COP. Así como haber incluido la posibilidad de aplicar una sobretasa a la renta del sector financiero de cinco puntos porcentuales, partiendo sobre la tarifa general de impuesto del 38% para el 2019, 37% para el año 2020; 36% para el año 2021 y de 35% para el año gravable del 2022.

Además, el proyecto propone que quienes tengan ingresos mensuales hasta de 4,8 millones de COP, no tributarán; los que perciban un ingreso entre 4,8 a 7,5 millones COP mensuales, el 19%; entre $7,5 millones COP a $18,1 millones COP, del 28%; de $18,1 a $33 millones COP, una tarifa del 33%, y para los ingresos de más de $33 millones COP, será del 37%.

Habrá también cobro del impuesto al patrimonio para las personas naturales con patrimonios mayor a los 5.000 millones COP, y un cobro de una tarifa marginal del 15% para los dividendos que superen los 10,3 millones COP.

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