“Venezuela es un Estado fallido que presenta la crisis económica y humanitaria más profunda creada por el hombre en la historia moderna de América Latina”, dijo hace una semana el ministro de Estado para las Américas de Reino Unido, Sir Alan Duncan.
No son palabras que se puedan tomar a la ligera. Y no es cualquier cosa considerar como «Estado fallido» a un país. Lo ha hecho un ministro británico; y lo dijo antes de que ocurriera el último acto, bastante aterrador, que se convierte en la corroboración irrebatible de que hoy Venezuela es un Estado fallido. La región no lo puede permitir.
Hay varios gestos, señas, que braman, alertando al mundo de lo que se ha convertido el país, que alguna vez fue una arquetípica democracia en las Américas. La denuncia que hizo hace poco Lorent Saleh, el expreso político cuya historia en las mazmorras de la dictadura chavista genera inmediatamente dentera y una drástica sacudida, debería retumbar hasta el final. Suena delirante, hasta excesivo, pero no lo es: “Venezuela es la capital del terrorismo en Occidente”.
Esta semana se dio el último episodio que ratifica las denuncias más escandalosas: “Empezaron los enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército de Liberación Nacional en Amazonas. Quince militares baleados por guerrilleros durante emboscada en Picatonal. Comandante del Destacamento 631 entre las víctimas”, dijo en su cuenta de Twitter el periodista venezolano Daniel Blanco.
La escaramuza dejó un saldo de, al menos, cuatro militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asesinados. Otros diez heridos. Se supo que capturaron a nueve miembro del Ejército de Liberación Nacional y, también, que el Gobierno de Colombia confirmó que varios de los delincuentes apresados son “reconocidos cabecillas” del grupo guerrillero. Perseguidos, entonces, por la justicia de ese país.
“¿Qué más se podía esperar al permitir a grupos terroristas extranjeros circular libremente por Bolívar y Amazonas?”, se preguntó en Twitter el economista de la University College de Londres, Jean Paul Leidenz.
Por la implacable mano dura de Gobiernos anteriores al de Juan Manuel Santos y por una política de pacificación que los obliga a abandonar las armas, la guerrilla colombiana se ha mudado a Venezuela.
No solo el Ejército de Liberación Nacional, la organización guerrillera de extrema izquierda que aparentemente controlaría gran parte de los estados Amazonas y Bolívar, donde estaría “cuidando” las minas de Coltán, según denuncia el diputado opositor Américo de Grazia; también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos jefes “Iván Mordisco” y “John 40” andarían paseando libremente por Venezuela, luego de huir del Gobierno colombiano.
En junio de 2017 el medio estadounidense El Nuevo Herald tituló una nota así: “Alianza con las FARC terminó convirtiendo a Venezuela en un narcoestado”. En el cuerpo del artículo, se lee: “El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez quería ver a las FARC triunfar y autorizó el libre tránsito de droga por el país para ayudar a financiar a los rebeldes. Pero la estrategia desarrolló un efecto contrario, y en vez de impulsar al movimiento guerrillero colombiano a llegar al poder a través de las armas, fue el narcotráfico el que terminó apoderándose del Estado en Venezuela”.
“Un informe presentado el lunes en Washington por el American Enterprise Institute reveló que en Venezuela impera un narcoestado, en el que elementos del Gobierno nacional administran y respaldan operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, respaldo a los movimientos guerrilleros y de corrupción”, se lee en la nota, escrita por el periodista venezolano Antonio María Delgado.
Decir que Venezuela es un narcoestado ya no es un capricho de algunos perturbados. Cada vez son más las voces, bastante acreditadas, que se suman a esa denuncia. Y el último fue el mismo Gobierno de Estados Unidos, en la voz de la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien aseguró que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es un “ladrón y narcotraficante”.
Entonces, el Estado venezolano es dominado, en parte, por grupos guerrilleros colombianos. Señalado como narcoestado y principal patrocinador del tráfico de drogas en el mundo. Además, también, patrocinador del terrorismo.
En junio de 2017 una investigación publicada por el periodista libanés François Bayni reveló que el vicepresidente de Venezuela entonces, Tarek El Aissami, ordenó emitir más de 15.000 pasaportes a grupos y personas “proiraníes para promover actividades criminales contra varios países occidentales e incluso árabes de confesión sunitas”, según se lee en el medio Infobae.
“Según Bayni, existe una alta probabilidad de que actividades terroristas se manifiesten en Latinoamérica (…) [se] considera que un golpe de gran magnitud podría ocurrir dentro de Estados Unidos a través de individuos detectados en México con pasaportes venezolanos pero nacidos en el Valle del Bekaa, en el Líbano”.
“Según media docena de militares venezolanos de alto rango exiliados en los Estados Unidos y Alemania, la expedición de los pasaportes es reciente”, continúa la nota.
Asimismo, el exconsejero legal de la embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, Misael López, había asegurado al medio CNN que “en Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta USD $15.000”. Se refiere a documentos venezolanos, que permiten la entrada a más de 130 países sin visado, incluidos 26 en Europa.
“La investigación apunta al actual vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, que habría ordenado la emisión de pasaportes entre 2008 y 2012 para personas de Oriente Medio. Algunas de estas personas estarían vinculadas con el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, de acuerdo con el informe”, se lee en una nota de Infobae sobre el reportaje de CNN.
Son las FARC y el ELN por el sur del país, dueños de las minas. Una cúpula política y militar convertida en capos de la droga. Terroristas y fundamentalistas viajando por el mundo gracias al amparo de los papeles venezolanos. Y, por último, son China y Rusia ejerciendo una influencia determinante. Ambos países con gran poder político sobre Venezuela, sobre todo debido a las enormes deudas del régimen de Nicolás Maduro. Un Estado fallido, con todos sus elementos. El desmontaje pleno de las instituciones, para la instauración de la anarquía. Del crimen organizado.
Para precisar bien la utilización del término, el centro de estudio Fund for Peace determinó que un Estado fallido es ese que i) ha perdido el control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza; ii) ha erosionado la autoridad legítima en la toma de decisiones; iii) es incapaz para suministrar los servicios básicos; iv) y es incapaz de interactuar con otros Estados, como miembro de la comunidad internacional.
Los ejemplos parecen lejanos: la Libia de Gadafi, el territorio en disputa de Somalia, Yemen, Irak o Pakistán. Pero en algún momento la crisis de refugiados en Siria y la inconcebible inflación en Zimbabue también parecían lejanas.
“No se trata de superar un régimen, sino de acabar con un ecosistema delincuencial, mezcla de Estado totalitario fallido y proyecto transnacional de explotación de los recursos de Venezuela”, dijo el filósofo venezolano Erik Del Bufalo.
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