La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha representado todo un problema para el gobierno de Mauricio Macri. Para las autoridades, la funcionaria es una “militante kirchnerista” que no abandonó su cargo con el cambio de gestión y no saben que hacer con ella.

Si bien varios funcionarios reconocieron que propusieron, en reiteradas oportunidades, al presidente buscar la posibilidad de removerla de su cargo, parece que Macri se ha rehusado a aceptar este camino.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificó recientemente la negociación directa del gobierno con la empresa Odebrecht, señalando que la propia procuradora era un problema a la hora de buscar justicia.

En la jornada de hoy, el Fiscal Federal Eduardo Taiano puede empezar con el proceso que libere al macrismo de este escollo, ya que pedirá la citación a indagatoria de Gils Carbó por irregularidades en la compra de un edificio.

La causa que lleva adelante Taiano investiga las irregularidades en la adquisición de un inmueble para la Procuraduría, que le costó 44 millones de pesos al Estado (2 millones y medio de dólares).

Las irregularidades que se evalúan tienen que ver con que la compra del edificio, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Procuradora tiene su oficina, se realizó mediante la inmobiliaria “Jaureguiberry y Asociados” y el intermediario fue Juan Carlos Thill, que cobró casi 3 millones de pesos de comisión (170.000 dólares). Resulta que Thill es el medio hermano de un funcionario jerárquico del área de contrataciones de la Procuraduría General de la Nación.

Ahora, el juez federal Julián Ercolini decidirá si acepta o no el pedido del fiscal para avanzar contra Gils Carbó.

La Procuradora General ya manifestó que no renunciará y que ante cualquier intento de remoción directa mediante un decreto presidencial, se dirigirá a la justicia planteando la inconstitucionalidad del mismo.

FUENTE: PAN AM