Tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informaron respecto al caso del exsecretario de Comunicaciones de Nicaragua, Alejandro Sinibaldi, que de las ocho empresas con las que habría lavado USD $ 9,8 millones en sobornos, cuatro estaban localizadas en suelo nicaragüense.

Dichas empresas tenían nombres parecidos a las que se ubicaban en Guatemala: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles. Fueron establecidas como sociedades anónimas por medio de la firma de abogados Pacheco Coto que se localiza en Managua, Nicaragua.

Alejandro Sinibaldi utilizó a varios allegados para la creación de las mencionadas empresas, mismos que se hicieron pasar por inversionistas en garantía de que tenían la intención de comprar tierras así como abrir cuentas bancarias según informó Alonso Porras, socio del bufete de abogados mencionado.

El litigante también  indicó que antes de abrir las compañías en Guatemala investigaron a los presuntos socios  a quienes “lo único que encontraron fueron proceso abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía”.

Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Jorge Mario Solano, Pedro Valenzuela Crespo y los hermanos Carlos y José Francisco Presa Aguirre están siendo sujetos de investigación por parte del Ministerio Público de Guatemala y de la Cicig por ser presuntos responsables de abrir empresas fantasma en Nicaragua.

Según Porras, su bufete sospechó de la relación que vinculaba a Juan Ramón Solórzano, uno de los investigados, con el expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, sin embargo luego de discutirlo entre los socios concluyeron que no podían “condenar” anticipadamente a alguien por haber sido yerno de otro y es que el cuestionado fue esposo de Lissette Pérez Leal, hija del exmandatario.

El diario guatemalteco Prensa Libre detalla que “para lavar los sobornos se utilizaba una modalidad de préstamos entre las empresas. En noviembre del año pasado se hizo una transacción entre Inversiones Don Nico y Constructora y Agropecuaria El Florido, por USD $400.000, como parte de un supuesto crédito; y otra más por USD $500.000 a Agropecuaria Nápoles, ambas avaladas por un notario de apellido Velásquez Vela”.

Al respecto, Jaime Pérez Leva, asesor de la junta directiva y exdirector del Banco ProCredit indicó que “los inversionistas guatemaltecos no demostraron el origen de los fondos. La institución bancaria rechazó la primera transferencia, cerró las cuentas de inmediato e informó a las autoridades correspondientes de esta decisión”.

José Dávila, politólogo nicaragüense, detalló que en su país es fácil es muy fácil para los inversionistas el esconderse ya que hay facilidades legítimas para abrir empresas y proteger sus nombres y para esto deben tener el aval del gobierno ya que ellos autorizan hasta a quien se nombrará de gerente en las compañías.

Según Eddy Cux, miembro de la organización Acción Ciudadana, el régimen de Nicaragua ha demostrado haber implementado un “Estado cerrado” con relaciones internacionales “muy opacas”.

FUENTE: PAN AM