Bernardo Alejandro Guerra anunció que silenciará su voz de protesta en el Concejo de Medellín ante la carencia de lo que llamó “garantías” para el control político, una actitud igual a la que tomó en los inicios de la década del 2000, cuando puso esparadrapo sobre sus labios y calló sus críticas en la Asamblea de Antioquia.

A los pocos días Bernardo Alejandro Guerra salió del país, según él ante amenazas contra su vida, pero como se dijo en los círculos políticos de entonces era una estrategia para evadir los problemas jurídicos que se le venían encima ante las denuncias, muchas con pruebas y otras que hacía clandestinas y anónimas. Era salir para dar tiempo a que cercanos declararan el archivo de las contrademandas que se le venían.

Esta semana el concejal de Medellín, que debe muchas explicaciones como la destrucción del carro blindado que tenía cuando fue Presidente del cabildo local y cuyo accidente nunca fue clarificado ni se conoció si estaba borracho ese día o no, estuvo muy activo en sus denuncias.

Una de ellas contra el comandante de la Policía Antioquia, “A qué grupo delincuencial pertenece” le dijo al alto oficial, sin una prueba escrita, gráfica o visual que lo respaldara. Acusación que nació de su “calentura” verbal al saber que se le quitaría un escolta, de la Policía Antioquia, que permanecía en su casa cada día.

“Ahora ese policía será reemplazado por uno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”, que es la encargada de dar seguridad a los dirigentes en Medellín”, fue palabra más, palabra menos, la respuesta de las autoridades.

Una estrategia que ya había utilizado Bernardo Alejandro Guerra en el año 2003 cuando había denunciado que el Estado le había quitado sus dos esquemas de seguridad, cundo era Senador.

“En referencia a las declaraciones suministradas en una cadena radial, por el Honorable Senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en el sentido del retiro del servicio de escoltas por parte de las autoridades legalmente constituidas … el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informa a la ciudadanía que en la actualidad, el doctor Guerra Hoyos, cuenta con dos esquemas de seguridad de la Policía Nacional, que cubren sus desplazamientos en la ciudad de Medellín al igual que su lugar de residencia.

Vale la pena destacar que el Honorable Senador, cuenta con protección por parte de la Policía Nacional desde el mes de agosto del año 1.999, cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia y desde ese momento su seguridad ha sido permanente por parte de la Institución. ORIGINAL FIRMADO Brigadier General. Rubén Carrillo Vanegas”, fue la respuesta de la Policía en ese entonces.

Cierto es que Bernardo Alejandro Guerra ha cumplido un control político que muchos evaden, que sus denuncias han salvado miles de millones de pesos en el área de salud y la alimentación escolar y que tiene contras las cuerdas a muchos dirigentes que se han apropiado de los recursos ciudadanos y que además muchas veces ha evitado que Medellín se “costeñice”, del todo, en el robo del erario público.

También es cierto que extrañamente su perro fue envenenado, sin que se conozca quién pudo hacerlo.

Pero también es cierto que Bernardo Alejandro Guerra tiene demandas que lo persiguen, que lo preocupan y que parece irán contra sus intereses, contrario a las que han presentado damas de Medellín, por agresiones contra ellas, las cuales ha conciliado económicamente para que las retiren.

La primera demanda es la de Carlos Ramos Corena, denunciado por Guerra como líder de un grupo de médicos que realizaba operaciones estéticas sin la práctica necesaria y que habría llevado a la muerte de varias pacientes, una de ellas Nancy Santana, una boricua que falleció en Medellín.

Empezando el mes de abril un juez de Puerto Rico desestimó los cargos y Ramos anunció que regresaría a Medellín, según declaró al periódico A Primera Hora. “… parte de sus fuerzas estarán dirigidas contra el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, quien ha investigado sus operaciones. Dijo que esa es la persona que dio información errónea.

“Ya tenemos todas las acciones legales contra el concejal… Yo voy contra él. Voy por su cabeza. Voy yo y otros médicos a los que nos han ultrajado y vilipendiado”, aseguró.

Incluso en un noticiero de televisión colombiano y en el recinto del Concejo se presentó un informe donde prácticamente se insinuaba que Guerra en estas denuncias era “financiado” por otros especialistas que estaban agremiados y quienes querían que solo los socios practicaran las cirugías estéticas.

La otra demanda que tiene Bernardo Alejandro Guerra es la de una ex funcionaria a quien acusó, sin pruebas, en el Concejo de Medellín.

En la audiencia de conciliación, ella rechazó cualquier arreglo y anunció que llevará su demanda ante las últimas consecuencias.

Como en la década del 2000, el guión que arma Bernardo Alejandro Guerra para salir del país se está cumpliendo paso a paso, el problema es que ahora, todos saben el final.