Tres de las leyes más importantes para que Colombia avance en su proceso democratizador y en la mejora de su sistema político, están a punto de hundirse o de ser inviables gracias al papel de este organismo, pero particularmente, gracias a Rodrigo Lara, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien parece que le está haciendo el mandado a corruptos y criminales.

Es muy triste que el hijo de una de las personas que marcó la lucha contra el crimen y los corruptos, ahora juegue como uno de ellos. Rodrigo Lara avaló bandidos como Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, también avaló a  la esposa y actual gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, quien es esposa del parapolítico Chico Zúñiga y tía del exgobernador Mello Cotes, cuestionado por manejos presupuestarios durante su periodo de gobierno. Es decir, de avalar bandidos con su partido Cambio Radical pasó a protegerlos y a impedir procesos reformistas para acabar con la corrupción.

Rodrigo Lara engavetó durante tres semanas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo parece indicar que su objetivo es lograr que la ley se apruebe lo más tarde posible. La explicación es que el vargasllerismo ha anclado su campaña electoral a partir de ‘proteger’ a los terceros, es decir, empresarios y políticos que se beneficiaron de los más de 50 años de conflicto, y evitar que pasen por la justicia transicional.

El tema aquí es sencillo. Por ejemplo, Jorge Pretelt fue sacado de la Corte Constitucional por dos fincas adquiridas de forma irregular y que pertenecían a familias víctimas del conflicto armado. Segundo ejemplo, el expresidente del Senado Mauricio Lizcano estuvo en medio de un escándalo reciente por una denuncia de un programa de televisión en la cual se dejaba ver que la familia del senador había adquirido una finca de una familia desaparecida por grupos armados ilegales. Otro ejemplo es el Fondo Ganadero de Córdoba, quienes tienen múltiples procesos por adquirir tierras despojadas a campesinos por grupos paramilitares. Todo esto lo que significa es que los grandes beneficiados con el despojo de más de 6 millones de hectáreas de tierra a campesinos, no fueron grupos armados ilegales como paramilitares y guerrillas, sino empresarios y políticos, los famosos terceros. Aquellos que quieren que la justicia no los toque y que el proceso de paz no progrese.

Semana.com