El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo fuertes declaraciones sobre los bienes en poder de las FARC, aseguró que tienen varios billones en bienes y además señala que “la leyenda de pobreza franciscana” del grupo guerrillero está por terminar.

En declaraciones al medio televisivo Caracol Televisión, el fiscal denunció que uno de los decretos emitidos por el presidente de la república, Juan Manuel Santos, les permitiría destinar ese dinero a sus campañas políticas.

Según el Acuerdo Santos-FARC el balance de los bienes tendría que hacerlo el grupo guerrillero cuando llegue la fecha de dejación de armas, a más tardar este 20 de junio, por nueva fecha según problemas logísticos.

El fiscal general aseguró que después de analizar 5.500.000 archivos ya existe material probatorio de que los bienes ascienden a varios billones de pesos.

“Me comprometí con los colombianos a asegurar que el patrimonio ilícito de las FARC pase al Estado colombiano. Esa leyenda de la pobreza franciscana está por terminar”, indicó el fiscal.

Relata el fiscal que esta investigación contó con la ayuda de 300 hombres para analizar la información relacionada con los bienes en cabeza de las FARC.

“Hemos organizado un búnker, donde con la más moderna tecnología nos hemos dedicado a abrir los archivos de todos los operativos militares y de policía de los últimos años, donde estaba toda la información sobre la riqueza de las FARC. No se había abierto”.

La información explica el fiscal habría sido obtenida de dispositivos electrónicos

“De computador, de Ipads, de celulares […] información especialmente virtual. Hemos logrado analizar ya 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las FARC”.

Añade el fiscal Martínez que parte de los bienes podrían estar en nombre de testaferros, es decir, terceros que median para aparentar ser los dueños y no el grupo guerrillero.

A pesar de no dar nombres, dio como ejemplo el seguimiento a una empresa de frigoríficos de carnes en la ciudad de Cali, que es perseguido por la Fiscalía del Valle del Cauca, el cual tendría nexos con las FARC.

“Miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos”.

Debido a la prórroga otorgada por el presidente Juan Manuel Santos en la entrega de armas, fecha que se tenía previsto el balance por parte de las FARC, se espera que se entregue todos los datos por parte del grupo guerrillero para así la fiscalía poder cotejar los datos y realizar si concuerdan con lo entregado.

El fiscal añadió “Ya tenemos el inventario. Lo importante es que ellos hagan su inventario y el Estado ya tiene el suyo y vamos a confrontarlo”, explicó Martínez.

Explicó el Fiscal que esta información es decisiva para la aplicación de justicia en el marco del Acuerdo Santos-FARC ya que deben ser claros con lo que tienen bajo su dominio, de darse lo contrario se exponen a ser juzgados penalmente en tribunales de la justicia ordinaria.

En lo dicho, el fiscal asegura que tanto los integrantes de FARC y testaferros deben ser investigados por el ente acusador y por jueces penales. “El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las FARC. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria”, explicó.

Martínez habló sobre el tratamiento jurídico que se le darán a estos bienes incautados a las FARC, que en el paquete decretos expedidos por el presidente la semana pasada hay uno que regula este punto. Al respecto, hizo una denuncia.

“Se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno, pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”.

En este punto, el dinero de las FARC no iría en su totalidad para reparar a las víctimas, sino que también sería destinado a un fondo que busca sostener los programas sociales de ese grupo.

“Es más, allí se establece que el desarrollo de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC. Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia”.

En horas de la mañana, el guerrillero Carlos Antonio Lozada en declaraciones para el medio La FM, dijo que

“el señor fiscal está nostálgico por no poder entorpecer el proceso de paz.”

FUENTE: PAN AM