En la noche de este sábado 22 de julio la dictadura de Nicolás Maduro utilizó a su policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para secuestrar al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Ángel Zerpa Aponte, quien había sido juramentado por la Asamblea Nacional el día anterior.

“Atención: se ordenó al Sebin buscar y detener a los recién nombrados magistrados del TSJ. Detenidos para ponerlos a la orden de la Fiscalía Militar”, informó primero el gobernador y dirigente opositor, Henrique Capriles Radonski, quien después señaló: “Magistrados del TSJ recién designado Ángel Zerpa Aponte fue detenido hace minutos por funcionarios del Sebin”.

“El mundo y Venezuela alerta ante la persecución de la dictadura de Maduro a magistrados juramentados constitucionalmente por la Asamblea”, señaló el presidente del Parlamento, Julio Borges.

El doctor Ángel Zerpa, quien también se desempeña como profesor de las principales casas de estudio de Venezuela, la UCV y la UCAB, fue interceptado por una camioneta sin identificación. Presuntamente se habían dado unos disparos hasta que los funcionarios del Sebin lograron llevárselo secuestrado.

Asimismo, se debe señalar que el magistrado es, también, el abogado de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por el caso del antejuicio de mérito que quiere llevar en su contra el Tribunal Supremo de Justicia usurpador.

El día anterior al secuestro el Parlamento venezolano juramentó a 33 nuevos magistrados para sustituir a los otros funcionarios que carecían de la legitimidad y de las credenciales necesarias.

La Asamblea designa a estos nuevos magistrados porque, a finales de 2015, una Asamblea con período agónico eligió de forma ilegal a 33 magistrados que, en su mayoría, no contaban con los requisitos pertinentes para el ejercicio del cargo. Desde ese momento esa designación fue ilegítima. Y, aunado a ello, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó recientemente que esa designación, por parte de la Asamblea anterior, de mayoría chavista, no contó con su aprobación.

Antes del acto de los legisladores, el jueves 20 de julio, en ponencia conjunta de los actuales magistrados chavistas, se dictó sentencia anticipada en la que el Tribunal Supremo de Justicia condenó la designación de los nuevos magistrados y la calificó como un acto ilegal. Ahora se concreta la persecución contra los funcionarios legítimos.

FUENTE: PAN AM