Una de las peores estafas que contenía el acuerdo Santos-FARC fue la promesa de que el pacto entre el actual Gobierno y la guerrilla no solo otorgaría unos privilegios políticos obscenos para los hombres de Timochenko, actual candidato a la presidencia pese a sus crímenes de lesa humanidad, sino que también traía consigo una “apertura política” general que beneficiaría a nuevos movimientos y partidos pequeños sin importar su ideología.

Desde el inicio sospeché que esta era una gran mentira. Cuando pude hacerle una pregunta al respecto a Humberto de la Calle vía Semana En Vivo, el exjefe negociador en La Habana y ahora también precandidato presidencial (o sorpresa) aseguró ante los televidentes que el acuerdo Santos-FARC brindaba todo tipo de garantías y “derechos” (quizá la palabra más explotada del discurso político colombiano) para la participación de todos los interesados. El intercambio fue el siguiente:

En primer lugar, sigue en pie la tremendamente injusta garantía para las FARC de que obtendrán 10 curules en el Congreso (5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes) así no obtengan un solo voto en las urnas (ver abajo). Por otro lado, la supuesta apertura del sistema electoral resultó ser un fraude que, mirabile dictu, mantuvo la posibilidad de la participación política para independientes tan cerrada como antes.

La promesa de De la Calle de “abrir la política mucho más y generar oportunidades para partidos pequeños” se basaba en el punto 2.3.1 del acuerdo Santos-FARC, el cual estipula que “la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos” no dependerá “del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso”.

La personería jurídica convierte a un movimiento político en un partido oficial, brindándole el derecho a presentar candidatos a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales sin tener que recoger firmas para inscribir sus candidaturas, y sin tener que pagar multas por no obtener el umbral. Bajo las reglas actuales, solo los partidos que hayan superado el umbral en las últimas elecciones para el Congreso (3 % del voto total al Senado a nivel nacional) cuentan con la personería jurídica.

La eliminación de dicho requisito, punto que utilizó De la Calle en su campaña para el plebiscito, era de lo poco positivo que contenía el acuerdo Santos-FARC. Aunque no era lo suficientemente audaz a la hora de reformar el sistema electoral, sí cambiaba unas reglas de juego diseñadas para que los partidos existentes, los cuales cuentan con maquinarias políticas a nivel nacional, se mantengan en el poder. Mientras tanto, las barreras de entrada frente a la obtención de la personería jurídica son prácticamente insuperables para los movimientos incipientes, los cuales tienden a concentrarse en la política local.

Como alternativa, De la Calle prometió que el acuerdo le otorgaría la personería jurídica a movimientos que lograran demostrar que tienen cierto número de afiliados. Dependiendo del número determinado —y en los medios se habló de distintas cifras, desde 7.000 hasta más de 70.000—, sería viable para un movimiento independiente con fuerza regional presentarse, por ejemplo, a elecciones locales sin necesidad de conseguir firmas ni pagar multas. Construyendo sobre su representación local obtenida en uno o varios concejos o asambleas, el movimiento hipotético luego podría intentar llegar al Congreso, de nuevo sin necesidad de presentar firmas ni de ser multado en caso de no obtener más de 400.000 votos (el umbral actual al Senado equivale unos 428.000 votos). De tal manera, sería mucho más factible de lo que es ahora construir un movimiento político desde lo local hasta lo nacional, como se debe poder hacer en una democracia moderna y bien diseñada.

Sin embargo, el texto de la reforma política que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 7 de noviembre hizo todo lo contrario a lo que prometió De la Calle. En vez de permitir la posibilidad de que un movimiento obtenga la personería jurídica si demuestra contar con cierto número de afiliados, la eliminó. En otras palabras, la supuesta apertura política que prometió de la Calle resultó ser un fraude que simplemente mantiene el dominio que ejercen los partidos tradicionales sobre el sistema electoral.

La supuesta reforma no sólo mantuvo el sistema político cerrado frente a quienes quieran irrumpir en él por fuera de la estructura partidista establecida, sino que también cerró el sistema dentro de los partidos al establecer que estos únicamente pueden presentar listas cerradas al Congreso empezando en el 2022. Dado el escaso nivel de democracia interna dentro de los partidos, esto significa que los barones electorales y los jerarcas de cada agrupación se encargarán de escoger no sólo a los candidatos que conforman una lista al Congreso (como sucede ahora), sino que también podrán decidir el orden en el que cada lista presenta a sus candidatos.

Es decir, cualquier candidato nuevo que ingrese a la lista de un partido estará a la merced de los caciques. El modus operandi será situar a cualquier rebelde potencial en el puesto más bajo posible de la lista, donde no tendrá una posibilidad real de ser electo. Su función se limitará a conseguir votos para que los caimacanes de los partidos, quienes monopolizarán los primeros puestos de las listas, se perpetúen en el Congreso, en los concejos municipales y en las asambleas departamentales. La posibilidad de crear disidencias dentro de los partidos será cada vez más remota.

Los partidos políticos también aprovecharon la oportunidad de reformar el sistema electoral que les brindó el acuerdo Santos-FARC para tomar medidas para salvar su propio pellejo y lucrarse aún más con el dinero de los contribuyentes al fisco. Como explica la página web de la Cámara de Representantes, la reforma política habilita “la posibilidad de coaliciones entre los diversos partidos para presentar candidatos y listas desde las elecciones de 2018”. Esto quiere decir que los partidos que temen perder la personería jurídica por una potencial falta de votos suficientes para obtener el umbral en las próximas elecciones se pueden unir para mantener sus prebendas en el Congreso.

Por otro lado, los congresistas también aprobaron “la financiación predominantemente estatal para” sus propias campañas. Traducción: así usted no simpatice con ningún partido político, estará obligado a financiar todas sus campañas con sus impuestos, lo cual ya ocurre, pero a un grado menor.

Aparte de los partidos establecidos, los otros grandes ganadores de esta reforma política son, por supuesto, las FARC, a quienes les fue otorgada la personería jurídica sin que tuvieran que ganársela en las urnas, entre otros privilegios políticos inalcanzables para cualquier agrupación política independiente, pacífica y respetuosa de la ley. Pero a nadie le debe sorprender que haya surgido una alianza entre las FARC y los partidos del Congreso para repartirse entre ellos el botín de la rama legislativa.

Como he dicho varias veces en los últimos años: en La Habana las FARC y el Gobierno Santos no estaban negociando la paz, sino el poder.

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