Todos los días los titulares de las noticias están plagados sobre escándalos de corrupción, este fenómeno se repite en toda América Latina. Prácticamente la sección de política ha terminado convirtiéndose en una suerte de entrenamiento morboso, donde la sociedad levanta el dedo señalando a “esos políticos” como causantes de todas las desgracias. Sin embargo, la corrupción es consecuencia, no causa de nuestro pobre desarrollo social y económico; de acuerdo con Thomas Hobbes, el Estado debía ser fuerte para provocar miedo evitando comportamientos indebidos en las personas, obedeciendo a la capacidad de aplicar la ley, lo que permitía cohesión social alrededor de objetivos colectivos.
Por eso también el padre de la economía, Adam Smith, afirmó que el gasto esencial del gobierno es seguridad y la defensa nacional. Colombia por una tradición republicana liberal debilitó a las fuerzas armadas, mientras Europa y Estados Unidos hacían lo contrario, fortalecerlas. Esta ausencia de un ejército fuerte explica por qué los gamonales regionales terminaron controlando un gran número de áreas, capturando el Estado para colocarlo a su servicio, lo que privó al país de controlar el territorio nacional, creando una clientela que, por medio de vender su voto, entregó la defensa de sus derechos a terceros. Así, el Estado, al no tener el monopolio de la fuerza, derivó en organizaciones delincuenciales que bajo un discurso social violaban derechos de la propiedad, como es el caso de las guerrillas, impulsando la creación de grupos paramilitares que enfrentaban a estos grupos delictivos.
Por lo tanto, un Estado que no otorga seguridad, que provee bienes públicos de forma selectiva de acuerdo con un intercambio de favores electorales, llevó a la sociedad a una trampa donde son los grupos de intereses los que terminaron solucionando de mala forma los problemas sociales. Lo anterior explica, por ejemplo, por qué hay tantas carreteras que cruzan por sectores que favorecen a particulares y no donde se necesitan para beneficiar a la comunidad en general. A la final, el Estado terminó controlado por el clientelismo, lo que lleva a la pérdida de legitimidad entre la sociedad y otra grave consecuencia, los ciudadanos dejaron de pagar impuestos a través de diferentes mecanismos de evasión fiscal, terminando por hacer más importante a contadores y abogados que a los ingenieros y físicos. La prueba es que la evasión es un problema mayúsculo en relación con los índice de percepción de corrupción o transparencia del gobierno, que elabora Transparencia Internacional, por medio de 13 fuentes metodológicas que permiten inferir niveles de confianza del gobierno entre la sociedad (ver metodología).
Figura 1. Relación actual, percepción de corrupción estatal y recaudo de impuestos
De acuerdo con el recaudo tributario con porcentaje del PIB, en la figura 1 se aprecia que sociedades que no confían en su gobierno tienen bajo recaudo, por el contrario, si la confianza en el gobierno aumenta, los recursos fiscales crecen notablemente. En los extremos de la figura se encuentra Dinamarca, país con desarrollo social y políticas sociales liberales; sin embargo, su sistema de justicia es implacable, sus fuerzas armadas consumen el 1,4 % con respecto al producto interno, a pesar de que este país cuenta con protección de la OTAN, solo tiene 39.000 km cuadrados, pero tiene un alto desarrollo de su industria militar que le permite exportar tecnología bélica al resto del mundo. En el extremo inferior de la figura se encuentra Guatemala, un país centroamericano que enfrentó una guerra civil y que en la actualidad posee uno de los problemas más graves de seguridad del continente, como es la conformación de bandas delincuenciales que controlan parte del Estado y el territorio. Este país centroamericano, posee un tamaño similar al de Dinamarca, pero su gasto en seguridad y defensa apenas alcanza el 0,7 % con respecto al PIB, y su sistema de justicia tambalea ante el accionar de las bandas delictivas. Algunos atribuyen a cultura o raza la explicación de fondo de estas diferencias, pero es ampliamente demostrable que la cultura poco influye sobre el problema de corrupción y debilidad estatal (ver estudio).
Colombia se encuentra en niveles superiores a los de Guatemala en lo que tiene que ver con la transparencia y recaudo fiscal, pero no se aleja del mal desempeño de este país, solo que a diferencia de este y de Dinamarca, nuestro país posee un millón de kilómetros cuadrados de geografía quebrada y montañosa que hacen difícil el control territorial, pese a que el gasto en defensa es del 3,4 % con relación al PIB (datos Banco Mundial). Dinamarca no tiene que enfrentar toda suerte de fenómenos criminales como lo tiene que hacer Colombia, por eso nuestro país, si no invierte en su fuerza pública, podría caer en problemas de inseguridad similares a los de Guatemala, que posee un presupuesto irrisorio para confrontar el crimen estructurado que capturó a ese Estado.
El problema de corrupción se convierte en un círculo vicioso, porque los ciudadanos terminan por evadir tributos, recurriendo a técnicas clientelistas y burocráticas, es decir, son parte del sistema que tanto critican, ya que, sin recursos suficientes, el Estado continúa debilitándose e inclinándose a favor de los intereses particulares. Paradójicamente, cuando las condiciones de inseguridad llevaron a que en el 2003 se implantará la política de seguridad democrática, esta terminó por desarrollar la política social más progresista.
De la mano de la oficialidad de la armada y el ejército nacional se combatió el desorden institucional en la asignación de bienes públicos en las regiones que habían sido azotadas por guerrillas y paramilitares, esto significa que cuando una zona era recuperada y controlada por el Estado a través de las fuerzas militares, se realizaba un plan de coordinación interinstitucional que permitía, de forma conjunta, activar 22 programas sociales que iban desde cedular a la población para ingresar al sistema de seguridad social y de atención en salud, hasta el acceso gratuito a educación básica hasta universitaria. Este programa se llamo acción integral y funcionaba desde el Ministerio de Defensa (ver informe).
Desafortunadamente, cuando Juan Manual Santos asumió la presidencia desactivó el programa y el desorden institucional surgió de nuevo, provocando que el Estado tenga una caída libre en manos del clientelismo, que impulsa la corrupción. Sin embargo, ya se probó empíricamente que el caos institucional se puede romper a través del fortalecimiento de las fuerzas armadas, solo falta voluntad política.
FUENTE: PAN AM
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