Reitero lo que he venido señalando de manera sistemática, durante años, en esta columna de opinión: en Colombia hay unas “vacas sagradas”, que se creen posicionadas por encima de la ley, además de inmunes a los cuestionamientos –apenas razonables– derivados de su actividad pública en el Estado. Si también pertenecen a alguna minoría, la cosa se complica, porque toda solicitud de explicaciones es considerada un acto discriminatorio. Eso es lo que yo llamo “la tiranía de las minorías”: sus ideales e intereses son tan importantes que la mayoría de las veces no entienden que los demás también tenemos derechos, incluso a dudar.

Yo, que tanto he defendido la diversidad y la inclusión, no dejo de fastidiarme, cuando, por ejemplo, miembros reconocidos de la comunidad LGTBI, haciendo gala de una falta de coherencia proverbial, pretenden promover un referéndum para acabar las corridas de toros, al tiempo que se oponen vehementemente a un mecanismo democrático exactamente igual para consultarle al pueblo la viabilidad de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. La tolerancia no es precisamente una virtud muy común, en el interior de grupos minoritarios de la sociedad. De cualquier forma, los derechos de las minorías jamás deben someterse al designio de las mayorías.

Pero, volviendo a la idea central sin divagar, es necesario señalar que la vida de un servidor público debe ser un libro abierto, del que cada ciudadano pueda leer sus páginas, sin restricciones. Quien no esté dispuesto a ello es mejor que se dedique a otros menesteres. No es menos cierto que nadie puede desdeñar a otro por su forma de pensar o condición sexual. Parafraseando a las abuelas, “que cada quien haga con lo que ya sabemos un joropo,” siempre y cuando no haya afectación del erario, cuyos recursos para todos los casos sin excepción son sagrados; pero quede claro que la manera de ver el mundo y la forma de vivirlo no puede, bajo ninguna excusa, ser foco de rechazo y segregación de ser humano alguno.

Las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, como es de público conocimiento, son pareja. Hasta ahí nada malo. Pero resulta que Álvarez, desde el ministerio de Transporte –y a dedo– aprobó una adición contractual a la cuestionada constructora Odebretch, por la bicoca de $900 mil millones, para construir una vía que resultó muy próxima a un proyecto portuario en Gamarra (Cesar), en el que la familia de Gina Parody tiene participación. Se ha sabido también que el secretario privado de la Presidencia de la República, Enrique Riveira, pareja sentimental de Manuel Parody, hermano de Gina y socio del puerto, en su momento le sugirió al director de la ANI que firmara cuanto antes la adición en comento.

Por obligación moral y mandato legal, las exministras deben dar una explicación satisfactoria a los órganos de control y a la opinión en general, en vez de recurrir a ataques de verduleras para desviar la atención de los hechos. Ellas, que han sido tan frenteras y decididas, no pueden esconderse en la trinchera de la diatriba para evadir responsabilidades, si es que las tienen. ¡Adelante, señoras mías, no hay nada que temer, porque el amor todo lo puede!

La ñapa I: Sería bueno ver en estos días un nuevo video de la YouTuber mayor de 60 años.

La ñapa II: Que alguien le diga al presidente de Francia que, si por su tierra no lo quieren, por esta tampoco.

 

Fuente:  eltelegrafo.co