Es en la causa por corrupción en obras públicas viales al grupo Austral Construcciones. También procesó a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.

 

Antes de finalizar el año el juez Julián Ercolini procesó y embargó en $ 10.000 millones a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.

En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por “asociación ilícita” como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.

El embargo de $ 10.000 millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner, el empresario K Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.

Citando los argumentos de Pollicita, el Juez señala que la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz“.

Asimismo, el Magistrado consideró que este dinámica habría “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional” con el fin de procurar “un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez”.

 

 

 

 

 

La “inserción del amigos presidencial” ​​algo usado en reiteradas oportunidades por los fiscales, fue retomado por Ercolini. Nada podría hacer sucedido sin “la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción” quien había pertenecido a otro rubro laboral como tesorero del Banco de Santa Cruz y “con categoría impositiva de monotributista– para luego ser insertado en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado”. A su vez, señala que se montó toda una estructura en el Estado -con personas de confianza- dirigida para “favorecer” al dueño de Austral Construcciones con contratos millonarios.

El Juez consideró a partir de una división de tareas y funciones específicas propia de los cargos públicos en el Estado, “por acción u omisión, permitieron que se cumpliera con el propósito común”, que fue: favorecer al Grupo Báez en perjuicio del erario público, lo que se calificó como una “asociación ilícita”.

Puntualmente sobre Cristina Kirchner, Ercolini indica que en su carácter de Presidente de la Nación (entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015), “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”. Acusación similar recayó sobre los ex integrantes de su gabinete que tenían poder de decisión sobre la obra pública.

En lo que concierne, específicamente a Julio De Vido, la resolución judicial indica que no cumplió con los deberes “inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo”. A su vez, “habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales”.

A Lázaro Báez que suma con éste un tercer procesamiento, lo responsabilizan de haber realizado -entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015- “un aporte imprescindible” a la matriz de corrupción investigada. En primer lugar, por “haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional”, como lo fue Austral Construcciones (adjudicataria del 78,4 % de los contratos viales).

El juez señala que al empresario K “le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia”. Los casos testigos son: Ruta 3, 40, 288, 9 y 12 “en las que Báez no cumplió con los plazos” y a quien se le “otorgaron sucesivas prórrogas aumentando el costo de obra”, indicó el Magistrado.

La ex Presidenta declaró en el marco de esta investigación y había pedido que se realice una auditoría integral sobre los contratos adjudicados desde 2003-2015, la Justicia pidió recientemente que Vialidad Nacional que realizó una amplia auditoría sobre las licitaciones que ganó el empresario K en el Sur, ratifique los números. Sólo en sobreprecios el Grupo Austral recibió U$S 1.000 millones y U$S 3.232 millones en contratos.

Los números fueron determinantes en la decisión del Magistrado que también procesó a los ex funcionarios K responsables de manejar el presupuesto destinado a la obra pública y al propio Lázaro Báez que ya cuenta con dos procesamientos por lavado de dinero y que recibió los últimos doce años el 78,4 % del total de las obras licitadas por Vialidad Nacional.

Es el segundo procesamiento que recibe Cristina Kirchner. El primero lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y le trabó además, un embargo de $ 15 millones que al declarar la ex Presidenta que no contaba con dichos fondos, tras ceder toda su fortuna a sus hijos, se decidió una inhibición general de sus bienes.

clarin.com