1- El rotundo rechazo al Acuerdo Final, hecho por el 81.77% de los colombianos, no reconocido por el Presidente Santos; la refrendación inane del Acuerdo Final, realizada en el congreso, suplantando al pueblo; la vía libre dada al fast track en la Corte Constitucional, sin declarar previamente constitucional o inconstitucional el a.5° del A.L.1/16 que condiciona la vigencia del proceso legislativo abreviado a la refrendación popular del Acuerdo Final; la orden dada al congreso por la señora magistrada del Concejo de Estado, de implementar un Acuerdo Final jurídicamente inexistente porque fue rechazado el 2 de octubre; la investigación hecha por la prensa paralela o independiente al Presidente, por haber conspirado contra de la candidatura Presidencial de Oscar Ivan Zuluga…; son algunos de los hechos que vertidos sobre el Acuerdo Final, firmado por Santos y Timochenko en el Colon, lo tachan o lo definen o lo determinan, como un Acuerdo Final ilegítimo políticamente e inseguro jurídicamente.

2- 22.111.571 Colombianos no votaron el 2 de octubre, rechazando de esa manera el Acuerdo Final, y 6.424.385 salieron a votar, y lo hicieron con un categórico y estruendoso no. Sumados los que se abstuvieron de votar, y los que votaron no, totalizan 28.535.956 que rechazaron el Acuerdo Final. Pero, pese a este resultado adverso al Acuerdo, el Presidente Santos, de modo temerario, grotesco y atrabiliario, resolvió desconocer la victoria del no, y otorgarle a 6.363.989 que votaron sí, mayor importancia política que a los 28.535.956 que rechazaron el Acuerdo Final. Sin embargo, como los hechos son los hechos y los hechos son tozudos, este hecho, medible, tocable y mensurable, hace jurídicamente inexistente el Acuerdo, y por lo tanto políticamente ilegítimo. Un Acuerdo de paz que no nació porque fue rechazado por el 81.77%, y apenas respaldado políticamente por 18.23%, es en extremo débil, inestable e inseguro, o más bien y para ser más precisos es un hecho político con visos de fantasma… Y siendo así aquí fue Troya, pues, como para redondear la provocadora y bravucona faena Presidencial hecha a 28.535.956, Santos forzó al congreso a suplantar al pueblo, auto proclamándose también titular de la democracia representativa, refrendando de modo inane y bajo una divisa mentirosa, un Acuerdo Final quimérico, porque es políticamente ilegítimo, y jurídicamente inexistente.

3- 22.111.571 Colombianos determinaron no votar el 2 de octubre, desaprobando de esa manera el NAF; y 6.424.385 decidieron salir a votar, y lo hicieron con un estruendoso no. Sumados los que se abstuvieron y los que votaron, totalizaron 28.535.956 que rechazaron el NAF. Pero, el congreso, proclive a la prevaricación, resolvió refrendar el Acuerdo Final, aunque para hacerlo se apropio indebidamente de la democracia participativa, de la cual es titular únicamente el pueblo, prevaliéndose, desprovisto de todo recato, de 12.000.000 de votos por el congreso que comparados con 13.000.000 por el plebiscito, evidencian la inferioridad política de las votaciones por el congreso y la superioridad política de las votaciones por el plebiscito. Estas arbitrariedades, sin embargo, contrastadas con las ilegalidades que según Jesus Vallejo Mejía vienen en camino, son apenas el vuelo blanco de una paloma: «cuando empiece la avalancha de decretos y proyectos de ley que las Farc le exigirán a Santos, el país se dará cuenta de que la suprema instancia reside ya en la Comisión de Seguimiento, que actuara bajo la tutela de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega. Las tres ramas del poder público unidas para demoler la Constitución de la que derivan su autoridad».

4- Las resoluciones del Congreso, el Concejo de Estado, la Corte Constitucional, y la Presidencia de la Republica, de desconocer a 28.535.956 Colombianos como fuerza política que rechazó el Acuerdo Final, es decir, al 81.77% de la población apta para votar, son hechos de extrema gravedad; de excesiva gravedad porque congreso y ejecutivo son derivados del pueblo, por lo tanto subordinados de éste; de suprema gravedad, puesto que, burlar, ignorar y desobedecer a 28.535.956 ciudadanos, más que una temeridad, es un desafío, un atrevimiento y un riesgo de dimensiones catastróficas. A propósito, según Jesus Vallejo Mejía declara: «la Corte Constitucional dijo claramente en la sentencia C-379/16 que el triunfo del no en el Plebiscito implica que el Acuerdo Final no se pueda implementar y ni siquiera someter nuevamente a la consideración de la ciudadanía. Pero, haciendo gala de su mentalidad de tahúr, Juan Manuel Santos resolvió maquillar ese documento, hizo la pantomima de reunirse con supuestos voceros del no dizque para tomar nota de sus observaciones, y suscribió con las Farc un Nuevo Acuerdo Final (NAF) que es sustancialmente idéntico al rechazado por el pueblo el 2 de octubre.

5- Es difícil predecir los efectos de la emboscada que urdieron los abogados comunistas, Leyva y Santiago, pero, si podemos pronosticar las consecuencias de este atraco a la Institucionalidad, que serán espantosas, pues, a medida que pase el tiempo se irán precipitando sobre el país con la furia y fuerza de un huracán. Buscando una falsa paz, el Presidente encontró la dinamita para destruir la credibilidad del Congreso, Ejecutivo y Justicia. Jesús Vallejo Mejía: «Sabiendo que la ciudadanía no estaba dispuesta a refrendar el NAF, los rábulas urdieron nuevas trampas, como la de sostener que el Acuerdo Final refrendado por el congreso, equivalía a la refrendación realizada por el pueblo, y cumplía la exigencia del artículo 5o para que sus disposiciones entraran a regir»… «Desdiciendose de la doctrina que había sentado el 18 de julio sobre los efectos del plebiscito, la Corte Constitucional resolvió en fallo de esta semana que el NAF podría ser refrendado a través de un procedimiento ad-hoc que ella resolvió inventar»… «Y, sin parar mientes en los detalles de ese procedimiento, el gobierno y el congreso dieron por hecho que ya se habían dado los supuestos de la refrendación y emprendieron sin reato alguno la tarea de implementar el NAF por medio de lo que se ha dado en llamar el «Fast-Track».

6- Tiene razón Jesus Vallejo Mejía, cuando afirma «que la Constitución del 91 ha dejado de existir para abrirle paso al NAF que por una interpretación abusiva de los Protocolos de Ginebra y el texto del artículo 93 de la finada Carta, más que integrarse como parte del Bloque de Constitucionalidad, ha adquirido por arte de magia rango de norma supraconstitucional»… A todo lo anterior hay que añadir otras amenazas que se ciernen sobre Colombia: el virus antidemocrático que puede infectar las elecciones del 2018, y hacerlas abortar; el peligro de que mutemos a una colonia castro-chavista es totalmente real, pues, Cuba sin la ayuda petrolera de Venezuela, no tiene más alternativa que «saquear los recursos agrícolas, petroleros, industriales, intelectuales y humanos de Colombia para sostener artificialmente su modelo deshumanizado y totalitario»; el remate de la destrucción de las FFAA que comenzó con el miedo a las Farc y terminó con la desobediencia al a.217; la inminencia de quedar bajo la guillotina de la JEP, tribunal peor que la inquisición, que se encargará de investigar, acusar y condenar a todos los enemigos de las Farc, es decir, a 49 millones de paramilitares; y como si todo lo anterior fuera poco, el legislativo, ejecutivo y judicial, primero sometidos a la voluntad de Santos y luego al dominio de la Comisión de Seguimiento, quedan prácticamente en coma profundo.

7- Cuando 28.535.956 Colombianos convocados a apoyar o rechazar el Acuerdo Final, lo rechazaron votando no, desaprobaron la elegibilidad al congreso de los guerrilleros responsables de crímenes atroces; se opusieron a una justicia paralela, nombrada por las Farc y sometida a su voluntad; objetaron la policía especial para proteger a las Farc, y perseguir a los ciudadanos que durante 50 años se han defendido de su violencia irracional; se opusieron a la Comisión de Seguimiento porque va a concentrar al legislativo, ejecutivo y judicial, emasculando y dejando eunucos a los congresistas, presidentes y magistrados, pues, las iniciativas parlamentarias, de gobierno y justicia, deberán someterse a su revisión, valoración y aprobación…; asimismo los 28.535.956 ciudadanos, rechazaron que el delito de narcotráfico fuese consagrado como delito conexo al delito político. Y aunque esas y otras barbaridades fueron rechazadas por 28.535.956 Colombianos, hecho comprobable contrastando el Acuerdo rechazado y el NAF, Congreso, Presidente y CC, desafiando peligrosamente al país, lo implementarán aplicando el fast track. «Sangre, sudor y lágrimas», pues, verterá Colombia por este hecho torpe e irracional.

 

Autor:  Jurado Ciro

@juradociro