El nombre de Mauricio Parra Rodríguez, señalado de ser el responsable de la muerte del empresario Jhonny Alonso Orjuela, dueño de Surtifruver y quien adicionalmente es investigado por perpetrar el asesinato del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, vuelve a sonar esta vez por presuntamente lavar dinero de las Farc.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que se extinguieron 66 bienes que estarían en poder de un señalado testaferro de las Farc. Los bienes eran manejados por Parra.
Martínez señaló que los predios avaluados en 57.000 millones de pesos serían del bloque sur de las Farc. Añadió que Parra llevaba 15 años lavando dinero de actividades ilegales de la guerrilla. Igualmente, se congelaron 24 cuentas bancarias.
Dijo que hay testimonios de desmovilizados que señalan que, desde la vigencia de la zona de despeje en 1998, Parra tenía nexos con la guerrilla sacando droga de la zona.
Entre las propiedades ocupadas, que ascienden a 57.000 millones de pesos, hay un grupo de oficinas en un sector exclusivo en el norte de Bogotá, cinco vehículos y tres lotes donde iban a desarrollar proyectos urbanísticos en Ibagué (Tolima) y Pitalito (Huila) con sus respectivas licencias al día, 14 predios rurales, dos apartamentos y garajes.
Parra, quien ya había sido procesado por tráfico de drogas, fue capturado la semana pasada junto con su hija, Paola Andrea Parra, cuando ella salía con destino a México.
Según investigación, su razón fue que Orjuela iba a romper con la sociedad que tenían desde hace tres años, en un cultivo de arándanos en la Sabana de Bogotá.
El homicidio, que ocurrió el 20 de octubre del año pasado, fue perpetuado por sicarios después de que Orjuela fue engañado mediante una cuenta de Facebook en la que lo citaron para una supuesta reunión de negocios.
Adicionalmente, tras la apertura de una nueva investigación en la que está involucrado por crimen del abogado Ochoa, a quien lo asesinaron sicarios hace cinco meses, fueron capturados este viernes en Pitalito (Huila), el exsecretario de Planeación del municipio, Édgar Núñez Guzmán, y Mauricio Ortiz Parra.
La investigación muestra que el crimen de Ochoa estaría relacionado con las reclamaciones que venía haciendo en representación de varias familias que pedían la devolución de recursos invertidos en el megaproyecto habitacional Ciudadela La Voz de Dios (en Pitalito), desarrollado por la constructora Sogingo, cuyo presidente es Mauricio Parra Rodríguez.
El Tiempo
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