En medio del tráfago informativo que vive, ha pasado bajo la mesa el tercer informe Almagro relativo a Venezuela, presentado ayer, en horas de la noche (tarde) por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a José Luiz Machado E. Costa, embajador de Brasil y presidente del Consejo Permanente rotativo de la OEA.

Si los dos anteriores informes sobre Venezuela, presentados en junio de 2016 y mayo del año pasado, habían desnudado al régimen de Nicolás Maduro en todo su autoritarismo y brutalidad, este es mucho más severo; llama a la comunidad internacional a no ser indiferente con el país suramericano, que lleva cien días de lucha contra la dictadura; y señala que “la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión contra el régimen por todos los medios posibles, incluida la aplicación de sanciones específicas contra personas que cometen graves violaciones de derechos humanos o que están involucradas en la corrupción y/o el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Además, indica que los estados miembros de la OEA deben exigir:

  1. La suspensión inmediata del proceso de asamblea nacional constituyente;
  2. La suspensión inmediata de la represión. Debe garantizarse el derecho de las personas a la libre expresión, la libertad de reunión y la protesta pacífica, sin amenazas, detención, prisión o tortura;
  3. Una investigación a gran escala sobre los actos de figuras clave del régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil en Venezuela;
  4. La liberación inmediata de todos los presos políticos;
  5. La convocatoria inmediata de elecciones libres, justas y transparentes. Esas elecciones deberán ajustarse a las normas internacionales e incluir la presencia de observadores internacionales. Deberán suspenderse todas las prohibiciones contra los partidos políticos, las organizaciones y los candidatos, con el fin de garantizar la plena participación;
  6. El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria directamente al pueblo de Venezuela;
  7. El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada uno de los poderes públicos;
  8. Y el establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción para investigar la corrupción generalizada, el robo y el despilfarro de los recursos públicos, con arreglo a los modelos de la Cicig o la Maccih.

 

Aunque el informe hace énfasis en otros aspectos, como la crisis humanitaria en Venezuela o el tema de libertad de expresión, lo importante del mismo radica en las violaciones a la Constitución y las leyes de Nicolás Maduro y el alto Gobierno; así como sus sistemáticas prácticas de violación de derechos humanos (incluyendo asesinatos y torturas) y el rol que puede jugar la comunidad internacional en el restablecimiento de los derechos políticos de los venezolanos, y que PanAm Post presenta a continuación a manera de resumen.

https://es.scribd.com/document/354296873/Tercer-Informe-Venezuela-OEA#from_embed

Sobre los crímenes de lesa humanidad

Almagro señala que “la respuesta del gobierno venezolano a las recientes manifestaciones es una política deliberada, concebida por el Poder Ejecutivo (…) el régimen persiste en la violación sistemática de la Constitución y en el uso sistemático de la represión violenta, los únicos medios que le permiten mantenerse en el poder” y agrega que “detrás de cada detenido, detrás de cada preso político, detrás de cada persona torturada y asesinada, hay responsables a nivel institucional. La responsabilidad recae en ese régimen y su corrupción desenfrenada. Ese Gobierno tiene las manos manchadas de sangre”.

Y va más allá: “Por dar órdenes orientadas a reprimir violentamente a los ciudadanos que salen a la calle a exigir sus derechos, el Presidente Nicolás Maduro es potencialmente responsable bajo el derecho internacional. Numerosas y constantes declaraciones públicas dejan en evidencia que este gobierno utiliza la represión violenta como control táctico”. Y aún más: “el Jefe de Estado ha expresamente incitado a las Fuerzas Armadas, a los colectivos armados, y otros actores adeptos al régimen, a reprimir a los opositores”, indica Almagro.

“Los que aprietan el gatillo están motivados por sus dirigentes y obedecen sus instrucciones y mensajes. Los dirigentes incluyen a la cúpula de las fuerzas armadas, de la policía y del Poder Ejecutivo, ayudados y respaldados por el Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo y otras autoridades. El presidente Maduro, el vicepresidente del partido oficial, el vicepresidente del Gobierno y el Gabinete, son todos culpables políticos de esta situación de violenta represión”.

Sobre la pérdida de la legitimidad

Destaca el documento de Almagro como, desde 2013, el Gobierno de Maduro ha ido socavando la institucionalidad democrática, y con ella, su propia legitimidad, hasta llegar al momento actual. Lo ha hecho por la vía de la cooptación de poderes y de violación de los derechos ciudadanos: “en Venezuela se ha violado el derecho al sufragio universal; el régimen ha violado el pacto fundamental que tiene con su propio pueblo y con la comunidad de Estados de la región, su compromiso de defender la democracia y los derechos humanos. Ese Régimen ha dejado de representar al soberano legítimo porque ha perdido el apoyo de la voluntad popular (…) A lo largo de los últimos 18 años, el control del Estado ha ido pasando gradualmente a un partido hegemónico liderado por un caudillo. En el proceso, han ido desapareciendo los principios democráticos básicos y se han incrementado las violaciones de los derechos humanos”.

El informe agrega que “el régimen del Presidente Maduro ha violado sistemáticamente el espíritu y las disposiciones de esa Constitución, incluidos los Principios Fundamentales contenidos en el Título I; las relativas a la distribución del poder público, recogidas en el Título IV; y las correspondientes a la organización del poder público nacional, establecidas en el Título V. A ello se deben añadir las violaciones de las protecciones civiles, políticas, económicas, humanas y sociales garantizadas en los Títulos III, VI y VII de la Constitución Bolivariana”.

Sobre la Asamblea Constituyente convocada ilegalmente por Maduro, afirma, entre otras cosas, que “no se puede contemplar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente como un proceso democrático. Debe ser visto por lo que es: un claro intento de eliminar los últimos rasgos del Estado democrático. El árbitro electoral es ilegítimo y espurio debido a que ha demostrado en reiteradas ocasiones su parcialidad. Cualquier resultado que pudiera surgir de ese proceso sería ilegítimo dada la iniciativa unilateral de la convocatoria por parte del ejecutivo.

Sobre la represión y la tortura

El informe de Almagro señala con detalle las denuncias de torturas contra detenidos, indicando que son prácticas frecuentes, incluso, los abusos sexuales, el uso de métodos como golpear, herir y bañar de excrementos a las personas privadas de libertad, y finalmente, el uso de tribunales militares para juzgarlos, obviando hasta las órdenes de liberación que la fiscalía civil emite.

“Los disparos de balas de perdigón a quemarropa, a manifestantes que ya han sido detenidos o retenidos por las fuerzas públicas, es otra de las sistematizaciones de tortura. Son centenas de víctimas que están quedando lisiadas de alguna manera, con pérdida por ejemplo de un ojo, o heridas gravísimas en su rostro, o pérdida de algún órgano vital o en la movilidad”, indica el informe.

“La Guardia Nacional Bolivariana es la principal institución encargada de ejecutar la fuerza en Venezuela y es directamente responsable de la represión que ha asesinado, privado de libertad y torturado. La represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso”, señala Almagro.

A manera de conclusión

Este informe tendrá severas repercusiones en el futuro para todos los que en él están mencionados. La comunidad internacional, especialmente la hemisférica, y sobre todo, los 13 países que se abstuvieron de votar a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Maduro en mayo (y que como bien indica el informe, representan a solo 10 % de la población del continente) deberían repensar su posición.

Maduro y sus secuaces han cruzado el Rubicón, y como dice Almagro, “el Gobierno ya no cuenta con el respaldo de la voluntad popular, por lo que para mantener el poder y los privilegios, viola deliberadamente a la Constitución y recurre a la fuerza. El pueblo de Venezuela ha sido despojado de sus derechos civiles, políticos y humanos básicos. Quienes controlan Venezuela tienen el poder para poner fin a la crisis, retornar a la democracia y restablecer el orden constitucional. Han preferido no hacerlo”.

Quienes se hagan cómplices de esto, responderán ante la Historia.

Y probablemente, también, en el futuro, ante tribunales que se constituyan para imponer justicia donde hoy solo reina la fuerza bruta.

FUENTE: PAN AM