Con 105 votos a favor y 2 en contra, la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó que se efectúe el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro; esto, por existir pruebas suficientes que lo vinculan a actos de corrupción en el caso Odebrecht.

Se trata de un paso más en la lucha contra la dictadura; una situación que aunque no verá efectos inmediatos a nivel nacional, le dará más argumentos a los gobiernos del mundo para desconocer a Maduro como mandatario de Venezuela y que de encontrarlo culpable podrán calificarlo oficialmente como un delincuente.

La aprobación que se dio para continuar con el juicio contra el dictador se dio con una mayoría simple y con el quórum reglamentario.

Durante la sesión, los diputados de oposición denunciaron que el régimen cortó la señal de internet para evitar la transmisión en vivo de lo que sucedía; además las fuerzas de Seguridad del Estado impidieron el ingreso de los medios de comunicación.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro, el chavista e ilegítimo TSJ, así como el usurpador fiscal Tarek William Saab aseguran que la sesión del juicio “carece de legitimidad”, la verdad es que solo hace horas 16 países de la región que conforman el Grupo de Lima ofrecieron su total respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que sus actos son reconocidos a nivel internacional.

“Esta decisión no será acatada por el Gobierno, pero debemos seguir cumpliendo con nuestro deber”; enfatizó el diputado Henry Ramos Allup.

El diputado Winston Flores, señaló para el PanAm Post que las pruebas contra Nicolás Maduro “son suficientes”, y agregó que “este es un paso más, un avance en la continuación de la lucha y la resistencia”, pues agregó que por existir una dictadura en Venezuela y la no separación de poderes, es muy probable que las autoridades no actúen.

¿Qué sigue ahora?

“De aquí en adelante viene otro panorama, otro juego internacional con posiciones geopolíticas donde hay un TSJ legítimo reconocido por los diferentes países del mundo, es un paso fundamental para que se dé una transición; es parte de la lucha por la democracia”, agregó.

“Sabemos que el régimen va a estar en desacato ante la Asamblea Nacional, al igual que el ilegítimo TSJ, sabemos que Maduro no va a abandonar su cargo, pero este es un paso más”, señaló.

Flores agregó que cualquier respuesta del régimen “le tiene sin cuidado”.

Nos tiene sin cuidado cualquier tipo de decisión que ellos tomen, porque la única decisión hoy legítima en Venezuela que representa a los venezolanos, es esta Asamblea Nacional que está conformada por nosotros los parlamentarios.

“Si el régimen quiere montarnos cualquier tipo de juicio, ese es problema de ellos, nuestro problema es seguir luchando por la libertad de Venezuela”, sentenció.

Con esta decisión del Parlamento venezolano, ahora el legítimo Tribunal Supremo en el exilio deberá continuar con las investigaciones. Se trata de un proceso que podría derivar en la orden de captura internacional contra el dictador del país suramericano.

El antejuicio de mérito es una autorización que se solicita para enjuiciar a un alto funcionario. Es decir, el paso previo para enjuiciar penalmente a un alto funcionario por algún delito o falta grave.

Hay que recordar que el poder judicial, que fue designado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, nunca pudo instalarse en Venezuela tras la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Una situación que obligó a sus miembros a exiliarse y conformar el Tribunal Supremo de Justicia fuera de territorio venezolano.

El TSJ en el exilio no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, sino también con el apoyo del Parlamento Europeo.

Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, explicó al PanAm Post en una entrevista, que según las pruebas presentadas por la fiscal, el mandatario de Venezuela habría incurrido en delitos de corrupción y deslegitimación de capitales.

“Este procedimiento debe durar unos 30 días más o menos; una vez se demuestre que Maduro es culpable y tras no presentarse en las audiencias, se le dictará una orden de captura internacional que deberá ser acatada tanto por las autoridades de Venezuela como por los países del mundo”, señaló Mármol.

¿Qué debería suceder si en Venezuela hubiera democracia?

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, explicó aL PanAm Post que según la Constitución venezolana el TSJ debe aplicar el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

“Ese procedimiento básicamente lo que establece primero esque Nicolás Maduro tendría la obligación jurídica, legal, política y constitucional de separarse del cargo como presidente de la República”, señaló.

Haro recordó que lo mismo sucedió con el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien fue enjuiciado con un antejuicio de mérito y luego de que el Parlamento lo aprobó, se separó del cargo.

“Maduro tiene la obligación de separarse del cargo, y de conformidad con ese mismo código tendría que quedar inhabilitado de participar en elecciones para cargos públicos”, aclaró.

Después de que el TSJ verifique si efectivamente el mandatario es culpable, es posible que esto permita el proceso penal por parte de otros países que se hayan visto afectados por los delitos de Maduro vinculados a la trama de Odebcrecht.

Las pruebas contra Maduro

En la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en el Congreso de Colombia, la legítima fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz presentó las pruebas que demostrarían que efectivamente Maduro debe ser enjuiciado.

Ortega detalló que Maduro recibió una millonaria suma de dinero en la propia Cancillería venezolana, de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana, creadores de la campaña presidencial de Hugo Chávez. Además de esto, Ortega señaló que Odebrecht también financió la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013.

La fiscal mostró el convenio marco firmado entre Brasil y Venezuela y firmado por Maduro y denunció que el Parlamento nunca revisó dicho acuerdo porque la presidenta de la Asamblea era la esposa, Cilia Flores. Ortega consignó dicho documento para que las pruebas sean valoradas.

Además, se refirió al segundo puente sobre el Lago de Maracaibo que jamás se construyó y por el cual Odebrecht recibió USD $407 millones; mostró las experticias y las pruebas.

La fiscal señaló que el Ministerio Público pudo constatar la existencia de 13 obras que el régimen contrató con Odebrecht y que actualmente se encuentran paralizadas. Además entregó un CD con el contenido de las delaciones de los principales testigos de Odebrecht en Brasil.

“Fue tal el compromiso que tuvo Maduro con Odebrecht que el 4 de mayo de 2013 aprobó el punto de cuenta para desembolsar dinero a Odebrecht”, señaló la fiscal mientras consignaba todos los puntos de cuenta.

“La prioridad de Maduro no fue la situación que se estaba viviendo en Venezuela, sino pagar a Odebrecht obras inconclusas y paralizadas”, denunció Ortega Díaz durante la audiencia.

También entregó extractos de las cuentas bancarias que fueron utilizadas en las operaciones.

“Todas estas acciones están previstas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico”, reiteró Luisa Ortega.

Concluyó con la solicitud de que el TSJ acuda a la Interpol para que se dé la captura internacional contra Nicolás Maduro Moros. “Solicito que la Fuerza Armada de Venezuela ejecute la captura contra Nicolás Maduro y lo ponga a la orden de un tribunal. Solicito que se le intervengan sus bienes y cuentas (…) Espero que se haga justicia”, concluyó.

Fuente: Panampost