El debate sobre los presuntos pactos del Gobierno con el Clan del Golfo ha superado la esfera de lo político para instalarse en la de la responsabilidad penal y ética más profunda. Las revelaciones del general (r) Henry Sanabria sobre las presiones de Laura Sarabia para frenar operativos policiales no son solo una «interferencia institucional»; son la arquitectura de una política que dejó a la ciudadanía a merced de los criminales.
Si se confirma que desde el poder se ordenó bajar la guardia, quienes dieron esas órdenes y quienes, teniendo el deber de actuar, obedecieron o callaron, son responsables directos de los crímenes que el Clan del Golfo cometió durante esa tregua tácita.
La complicidad desde el escritorio: Laura Sarabia, al exigir que se detuvieran procedimientos contra estructuras criminales bajo el pretexto de la «paz total», no estaba haciendo política: estaba facilitando el terreno para que los verdugos siguieran matando. Cuando un funcionario utiliza su poder para neutralizar a la fuerza pública, se convierte en cómplice necesario de la extorsión, el reclutamiento forzado y el asesinato que esa banda criminal perpetró con total impunidad.
La traición del mando: El general (r) Henry Sanabria no puede escudarse en el cargo. Su silencio cómplice durante años lo hace corresponsable. Al aceptar que el poder político desmantelara la capacidad operativa de la Policía, Sanabria permitió que el crimen organizado se fortaleciera. Un director de la Policía que calla ante una orden de no combatir a quienes asesinan, no es un servidor público: es un facilitador de la barbarie.
La «Paz Total» no es una licencia para ser cómplice de asesinos.
Cada asesinato, cada familia desplazada y cada territorio sometido por el Clan del Golfo durante este periodo de «no agresión» tiene responsables con nombre propio. Si el Estado se hizo a un lado por orden de un burócrata y con la venia de un general, entonces no estamos ante un error de coordinación, sino ante una cadena de mando que decidió que era más importante sostener una narrativa política que defender la vida.
La justicia debe dejar de mirar esto como un juego de influencias y empezar a tratarlo por lo que es: una alianza criminal que le entregó el control del país a los victimarios. Si permitieron que los criminales siguieran operando, entonces las manos de quienes dieron las órdenes y de quienes las acataron están manchadas por la misma sangre que la de los delincuentes.
