En los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, circulan con insistencia denuncias graves en el departamento de Risaralda sobre la entrega de recursos millonarios destinados presuntamente a la compra de votos. Según información que ha trascendido en círculos políticos locales, al senador y experimentado dirigente liberal Diego Patiño Amariles, figura con una extensa trayectoria como alcalde de Dosquebradas, exgobernador de Risaralda en múltiples periodos y representante a la Cámara por el Partido Liberal, se le habrían entregado 7.000 millones de pesos en efectivo para estas operaciones. Voces en el departamento elevan la cifra total a alrededor de 13.000 millones.
Esta no es una acusación ligera. Se trata de un mecanismo que, de confirmarse, socavaría los fundamentos mismos de la democracia representativa. La orden sería clara: pagar hasta 300.000 pesos por voto y asegurar, entre todas las regiones, la adquisición de al menos un millón y medio de sufragios. Un cálculo elemental revela la magnitud del supuesto esfuerzo: esa cantidad de votos a ese precio superaría ampliamente los recursos mencionados, lo que sugiere una operación de gran escala financiada, según los denunciantes, con parte de los fondos que se habrían desviado durante la administración Petro.
Diego Patiño Amariles, ingeniero civil de la Universidad Nacional y político con más de tres décadas de experiencia en cargos públicos, conoce perfectamente la dinámica electoral de Risaralda y el Eje Cafetero. Su perfil como gestor de infraestructura y servicios básicos lo ha posicionado como una voz influyente en la región. Sin embargo, precisamente por su visibilidad y trayectoria, cualquier indicio de prácticas clientelistas o de compra de votos en su entorno debe ser escrutado con el máximo rigor. No se trata aquí de prejuzgar culpabilidades —que solo las autoridades judiciales y electorales pueden determinar—, sino de exigir transparencia y prevención.
Las autoridades competentes —Fiscalía General de la Nación, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría y organismos de control— tienen la responsabilidad ineludible de activar de inmediato los protocolos de vigilancia. En un contexto electoral sensible, donde la confianza ciudadana ya se encuentra erosionada por escándalos previos de corrupción y mal manejo de recursos públicos, permitir que fluyan dineros ilícitos para distorsionar la voluntad popular sería un golpe devastador a la institucionalidad.
La compra de votos no solo pervierte el proceso democrático; también perpetúa ciclos de pobreza y dependencia, al priorizar transacciones inmediatas sobre propuestas reales de desarrollo. Risaralda merece representantes elegidos por méritos, ideas y compromiso genuino, no por billetes distribuidos en la sombra.
Es momento de que las instituciones actúen con celeridad y firmeza. La ciudadanía, por su parte, debe permanecer vigilante y rechazar cualquier oferta que condicione su voto. La democracia colombiana se fortalece cuando enfrenta sus desafíos con verdad y accountability, no con silencios cómplices. Que esta alerta sirva para que las precauciones necesarias se tomen y se preserve la integridad del proceso electoral venidero.
Roy Barreras.
