Han transcurrido casi dos semanas desde la imputación formal de cargos contra Ricardo Roa, el controvertido presidente de Ecopetrol, y este individuo permanece en su cargo como si nada hubiera sucedido.
La acción de la compañía en la Bolsa de Nueva York ha caído más del 3,5 % en la última semana, reflejando el desprecio absoluto por la integridad empresarial. ¿Dónde se esconde la junta directiva? ¿Por qué persisten en su encubrimiento deliberado de este delincuente? Los miembros de esta junta, que hoy se pavonean en sus posiciones de poder, enfrentarán inevitablemente responsabilidades penales por su complicidad flagrante. No se trata de omisiones inocentes, sino de una cadena sistemática de decisiones que los convierte en partícipes directos de un concierto para delinquir, un delito tipificado en el Código Penal colombiano que castiga a quienes, con conocimiento de causa, facilitan o encubren actividades criminales.
La junta directiva no puede alegar ignorancia. Nombraron a Roa como presidente a pesar de los riesgos reputacionales evidentes y documentados. En el momento de su designación, ya eran públicos los escándalos relacionados con su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, una operación que violó las normas de financiación electoral y recibió fondos provenientes del narcotráfico, según determinaciones judiciales irrefutables. Estos no eran meros rumores; eran hechos verificados y ampliamente advertidos en informes y publicaciones especializadas. La junta tenía la obligación legal y ética de investigar y rechazar tal nombramiento.
En cambio, procedieron con plena conciencia, exponiendo deliberadamente a Ecopetrol —la empresa más estratégica de Colombia— a un daño irreparable en su credibilidad, valor de mercado y confianza inversionista. Esta decisión inicial no fue un error; fue el primer acto de complicidad en un esquema corrupto.
Bajo la administración de Roa, Ecopetrol ha sido saqueada de manera sistemática durante estos tres años y medio, con pérdidas que ascienden al 82 % de sus utilidades netas y una depreciación de casi tres cuartas partes en su capitalización bursátil. La junta ha observado impasible esta catástrofe financiera, sin intervenir para restaurar el gobierno corporativo que se ha desintegrado por completo. Roa, obsesionado con sus intereses personales y los de sus aliados oscuros, ha priorizado agendas ideológicas por encima de la viabilidad empresarial. Detuvo la actividad sísmica, paralizó la exploración y explotación de hidrocarburos, congeló los proyectos piloto de fracking y cerró campos de gas vitales. Estas no fueron medidas técnicas justificadas; fueron sabotajes deliberados que destruyeron miles de millones en valor accionario, comprometieron la seguridad energética nacional y sometieron la compañía a caprichos políticos corruptos. La junta, al no oponerse, se convirtió en facilitadora de estos actos, ignorando evidencias de malversación y negligencia que rayan en lo criminal.
Lo más condenable es su respuesta ante el estudio de control de riesgos que ellos mismos comisionaron. Este informe, elaborado con millonarios recursos de la empresa, concluyó de manera inequívoca que Roa representaba un riesgo inaceptable para la presidencia, recomendando su remoción inmediata. Sin embargo, la junta optó por ignorar estas conclusiones expertas, ocultar el documento y perpetuar el encubrimiento. Este acto no solo desperdició fondos públicos, sino que consolidó su rol como cómplices en el concierto para delinquir de Roa. En Colombia, cuando un grupo de individuos, con conocimiento pleno de las actividades ilícitas de otro, facilita su continuidad en posiciones de poder, se configura un delito colectivo. La junta no es mera espectadora; es partícipe activa, compartiendo responsabilidad por cada peso desfalcado, cada oportunidad perdida y cada daño infligido a la nación.
Las autoridades colombianas, incluyendo la Fiscalía y los entes de control, han demostrado una inacción escandalosa, haciéndose los de la vista gorda ante esta red de corrupción evidente. ¿Acaso influyen contratos sospechosos, como aquellos que podrían involucrar a familiares de fiscales en el sector hidrocarburos? Esta podredumbre sistémica exige una investigación inmediata y exhaustiva. La junta directiva debe prepararse para enfrentar no solo sanciones administrativas, sino procesos penales por su complicidad en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Ecopetrol. Ricardo Roa no actúa solo; cuenta con aliados en la alta dirección que, por acción u omisión, han traicionado a Colombia. Es hora de que respondan ante la justicia, sin excusas ni dilaciones. El país no tolerará más este asalto impune a su patrimonio nacional.
