La Procuraduría General de la Nación evidenció irregularidades en la ejecución y pagos de un contrato de la VI Cumbre de las Américas, efectuada entre el 9 y el 15 de abril de 2012 en Cartagena, y sancionó con suspensión de seis meses a la secretaria General y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Margarita Salas Mejía, y de 11 meses al coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo, Alexander Potdevin Gutiérrez.

El ente de control estableció que los disciplinados participaron en la celebración del Contrato 200 de 2011, entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Unión Temporal Cumbre de las Américas, integrada por las empresas Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., Marketmedios Comunicaciones S.A. y Creativa Producciones S.A., por un valor total de $52.342.062.541, con desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal.

La Procuraduría encontró que Potdevin Gutiérrez actuó de forma negligente y descuidada en el ejercicio de la supervisión del negocio jurídico, generando que la entidad pagara un valor superior a los $4.169 millones de pesos entre lo facturado y lo realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades relacionadas con acreditaciones, alimentos y bebidas, comunicaciones, equipo de sistemas, impresiones, muebles, papelería, prensa, hoteles, tiquetes, entre otros.

“Contando con las herramientas y facultades para esmerarse en la vigilancia y control de los recursos públicos confiados, de manera imprudente avaló y certificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista, sin ningún rigor en el análisis de las relaciones de bienes y servicios prestados”.

El ente de control determinó que el principio de economía que rige la función pública fue afectado negativamente por el funcionario, por la omisión de los deberes que le correspondían como supervisor, lo que se tradujo en trámites administrativos, presupuestales, contables, legales y tributarios, en contravía de los postulados asociados a la maximización de recursos, optimización de tiempo, austeridad y eficiencia en la gestión administrativa.

En el caso de Mejía Gutiérrez, la Procuraduría estableció que como representante del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no ejerció la debida vigilancia a la ejecución del contrato tras la designación como supervisor del coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo.

Se consideró que secretaria general y representante legal del fondo, con competencia para garantizar el desarrollo eficaz de los procesos contractuales y encargada de dirigir y supervisar la actividad contractual del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio, desatendió la norma relacionada con el ejercicio de la correcta vigilancia del objeto contratado para la cumbre.

“Como directivo y responsable del fondo, con una inversión cuantiosa de más de $55 mil millones de pesos, se esperaba alguna acción de seguimiento en cuanto al real destino de estos recursos”.

La falta de los funcionarios fue calificada como gravísima a título de culpa grave.