Un patrón reiterado de denuncias penales y disputas judiciales con impacto en periodistas, médicos y propietarios
Por: Unidad de Investigación Periodística Independiente
Actualización: Registros oficiales del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y denuncias penales recientes
Durante más de una década, las hermanas Ana María González Olaya (abogada) y Marcela González Olaya, junto con su madre Rosalía Olaya Pimentel, han sido vinculadas de manera reiterada a procesos judiciales que, al ser analizados en conjunto, revelan un patrón común: la activación de denuncias penales —principalmente por delitos de género, contra el honor y conflictos patrimoniales— que derivan en medidas inmediatas de protección o presión judicial, seguidas en numerosos casos por el archivo o la inactividad de los expedientes.
La revisión de más de 20 noticias criminales registradas en el SPOA, sumadas a denuncias cruzadas y testimonios de presuntas víctimas, muestra una secuencia repetitiva: denuncias iniciales de alto impacto, afectaciones personales y patrimoniales a terceros, y cierre posterior de los procesos sin imputación o sin avance sustancial.
Entre los afectados figuran periodistas, médicos, servidores públicos, empresarios y familiares, quienes coinciden en describir un uso intensivo del sistema penal como mecanismo de presión, negociación o disputa económica.
Ana María González Olaya: litigios recurrentes y uso intensivo de querellas:
Abogada con tarjeta profesional vigente, Ana María González Olaya concentra la mayor cantidad de actuaciones judiciales. Los registros del SPOA evidencian un uso reiterado de figuras como injuria, calumnia, fraude procesal y falsedad documental, muchas de ellas tramitadas bajo el procedimiento abreviado de la Ley 906 de 2004.
Injuria y calumnia como eje central
En la Noticia Criminal 760016000199202454253 (activa desde octubre de 2024), González Olaya denunció por injuria a Sandra Milena Perdomo Galindo y al abogado Alejandro Penilla Rodríguez, por supuestas imputaciones falsas de falsedad documental realizadas durante una audiencia disciplinaria.
El expediente incluye referencias a solicitudes de información mediante derechos de petición, acciones de tutela y pruebas como sesiones de poligrafía. Por los mismos hechos, se abrió la Noticia Criminal 763646000177202414313, hoy inactiva.
A su vez, en la Noticia 760016000199202339454 (inactiva desde 2023), Ana María González Olaya figura como indiciada por injuria, lo que evidencia que también ha sido objeto de denuncias por conductas similares.
Sector salud: denuncias archivadas
Uno de los casos más representativos es la Noticia Criminal 760016000193201805170, archivada desde 2018. En ella, González Olaya denunció al médico Francisco Pío Barona Useche por presunta violación de datos personales y acoso.
Según el relato, durante una consulta médica se habría producido una divulgación indebida de información clínica. El proceso no avanzó a imputación y fue archivado. Casos similares, de acuerdo con varios denunciantes, siguen un esquema recurrente: atención médica, denuncia penal posterior y cierre del expediente sin resultado judicial.
Otras actuaciones penales
Entre los antecedentes figuran denuncias por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y hurto, la mayoría de ellas inactivas o archivadas.
En 2017 fue archivada una denuncia por acceso carnal violento contra el periodista Antonio Morales, por ausencia de pruebas suficientes, según consta en el SPOA.
Marcela González Olaya: disputas inmobiliarias y denuncias por extorsión
Mientras Ana María concentra la estrategia jurídica, Marcela González Olaya aparece vinculada principalmente a conflictos patrimoniales e inmobiliarios.
El caso de la vivienda en Chía (Cundinamarca)
En agosto de 2025, el periodista Gustavo Rugeles presentó denuncia penal por extorsión agravada y usurpación de bien inmueble, actualmente en investigación por la Fiscalía y el Gaula de la Policía.
Según la denuncia, Rugeles habría aportado aproximadamente $365 millones para la adquisición de una vivienda en el conjunto San Miguel San Valentín, en Chía. El inmueble quedó registrado a nombre de Marcela González Olaya bajo la figura de patrimonio familiar.
Posteriormente, y tras desacuerdos personales, Marcela González Olaya habría solicitado medidas de protección por presunta violencia intrafamiliar, las cuales derivaron en el desalojo del denunciante. En audiencia del 24 de julio de 2025, según el acta citada en la denuncia, la propia Marcela habría manifestado que su objetivo era que Rugeles abandonara la vivienda.
El periodista sostiene que, tras el desalojo, sus pertenencias fueron retiradas del inmueble y que la casa pasó a ser ocupada por Rosalía Olaya Pimentel y Ana María González Olaya.
Otros antecedentes
Registros anteriores la vinculan a disputas por posesión de inmuebles, perturbación de la tenencia y presuntas irregularidades en la administración de conjuntos residenciales. Varios de estos procesos también figuran como inactivos en el SPOA.
Rosalía Olaya Pimentel: presencia constante como testigo
Rosalía Olaya Pimentel, madre de las hermanas, aparece de manera reiterada como testigo en distintos procesos. Su testimonio suele respaldar las versiones iniciales de sus hijas y ha sido clave en la obtención de medidas de protección y actuaciones administrativas.
Impacto institucional y cuestionamientos al sistema
El análisis conjunto de los expedientes revela un patrón que plantea interrogantes sobre el uso del sistema penal en conflictos personales y patrimoniales, especialmente cuando se trata de denuncias que activan medidas inmediatas pero terminan archivadas.
Periodistas, médicos y propietarios afectados coinciden en señalar daños reputacionales, económicos y profesionales, aun cuando los procesos no avanzan judicialmente.
La reiteración de causas inactivas o archivadas plantea retos para la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, particularmente frente a la litigancia temeraria y el eventual abuso del derecho de denuncia.
Nota editorial
Esta investigación se sustenta en documentos oficiales del SPOA, denuncias penales formalmente radicadas y testimonios directos de las personas afectadas. Se intentó obtener la versión de las personas mencionadas, sin respuesta hasta el cierre de esta publicación.
Se respetan los principios de veracidad, equilibrio informativo y presunción de inocencia, conforme a la legislación colombiana
