El dirigente político ecuatoriano, Fernando Balda Flores, anunció que está alistando maletas para viajar a Colombia, porque trae importante material probatorio que demuestra, al parecer, la participación de personal de la Dirección de la Inteligencia de la Policía, en su caso de secuestro.
Por su parte uno de los abogados de Balda asegura que en esta investigación también está enredado exfiscal Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien después de viajar a Quito, Ecuador, ordenó –apenas regresó a Colombia– cambios que desviaron el proceso. De esto existe un documento firmado por la fiscal Mery Patricia Conejo, de fecha 6 diciembre del 2012, con el que la funcionaria le advierte lo que acarrearía tales decisiones y, sin embargo, Montealegre no tuvo en cuenta e hizo todo lo contrario.
Precisó el líder político ecuatoriano que estará entregando, personalmente, a la Fiscalía en Colombia todo el material: los audios y los videos del seguimiento ilegal que hicieron en su contra y las interceptaciones sin orden judicial a su esposa, hecho que se hizo, según las pruebas, hasta con equipos del Gaula de la Policía y personal de la Dirección de Inteligencia, a cargo del general Jorge Luis Vargas Valencia, días antes de su secuestro al norte de Bogotá.
Balda Flores le contó a este medio, que sus abogados ecuatorianos también estarán viajando a la capital del país, en donde sostendrán un encuentro con su apoderado Abelardo de la Espriella para robustecer la denuncia en contra de los miembros de la Policía y personas del gobierno de Juan Manuel Santos, que en concordancia con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, planearon y ordenaron su retención extrajudicial.
Aseguró Balda, que no había podido viajar a Colombia por estar atareado con los temas de su candidatura a la Asamblea Nacional de Ecuador, que buscará pronto un encuentro con el presidente Iván Duque y con el fiscal Francisco Barbosa.
Anunció Balda que se enteró que el general Vargas Valencia –señalado por testigos ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador de haber colaborado en el seguimiento ilegal del líder político ecuatoriano–, estaría intentando, a través de sectores políticos y del propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que lo nombren como Director de la Policía.
“He estado pendiente de las noticias y he tenido conocimiento, que una vez más el general Jorge Vargas Valencia, sospechoso de haber intervenido en los procesos para ejecutar mi secuestro, está pululando nuevamente en los pasillos de la Casa de Nariño para tratar, a través de miembros del Gobierno, porque nunca falta los que le están patrocinando, de que sea nombrado como Comandante (Director) General de Policía. Y quiero aprovechar esta entrevista con usted para hacerle un llamado al presidente Iván Duque, a sus ministros, al Ministro del Interior, a la Cancillería, a la ciudadanía colombiana, de que estemos observantes y pendientes de lo que pasa en los pasillos de Casa de Nariño. No podemos permitir que personas que estuvieron involucrados en hechos tan oscuros, tan tenebrosos, como los que le tocó vivir a mi familia, a mí, en Colombia, en complicidad con el gobierno de Rafael Correa, pueda seguir aspirando un cargo tan delicado y tan sensible como es cuidar la seguridad de todos los colombianos”, manifestó Balda Flores.
Indicó, además, que por ser el padre de una ciudadana colombiana le da garantías para hablarles a los colombianos de lo que podría ocurrir, de que estén atentos al escándalo que se estará destapando, de la participación de muchas personas de alto nivel político, porque se conocerán nombres, que también estarían involucrados en su secuestro e intento de homicidio.
El secuestro de Balda Flores ocurrió en el 2012 en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá, el que ejecutaron cinco colombianos, que fueron condenados a sesenta meses de prisión. A una de estos secuestradores, testigo clave en el caso, lo asesinaron a los pocos días de haber rendido su declaración. Manos criminales evitaron con su muerte que diera a conocer más detalles de lo ocurrido.
Sin embargo, según la víctima, se realizaron maniobras oscuras, entre estas la participación de una “dudosa abogada” que actuó en las audiencias como apoderada de Fernando Balda. Se demostró que esta jurista actuó con un falso poder. Además, que esta ‘profesional’ actuó en complicidad con un miembro de la Fiscalía en el 2012.
Todo esto, para lograr acuerdos entre secuestradores y el ente investigador, con lo que se logró el cierre del caso, porque solo pagaron por los hechos los autores materiales y con ello se evitó que se conocieran los nombres de los autores intelectuales y de la supuesta participación de miembros de la policía y del Gobierno de Santos en el secuestro del político ecuatoriano.
La Fiscalía de Ecuador probó en recientes audiencia que el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que fue coordinado desde Ecuador por el exsecretario Nacional de Inteligencia Pablo Romero.
Este funcionario, que entregó información importante de la colaboración de la Policía en Colombia, fue condenado a 9 años de cárcel.
El principal involucrado en Ecuador, como cerebro del hecho criminal, es Rafael Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia, para quien la corte ecuatoriana solicitó se emita circular roja de Interpol y se haga efectiva su captura.
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