“Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona”.

Esto lo escribió Oscar Cantú Murguía, director del periódico “el Norte” en cd. Juarez Chihuahua el pasado mes de marzo, como parte de la carta en la que explicaba las razones por las que ese número sería el último que el medio publicara a consecuencia del asesinato de una de sus corresponsales.

El crimen a sangre fría de Miroslava Breach después de recibir ocho impactos de bala mientras se disponía a llevar a su hijo al colegio fue razón más que suficiente para callar la voz de un medio que llevaba cerca de veintisiete años funcionando, y no es para menos. Lamentablemente, como la historia de Miroslava, hay cientos más que contar.

Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo, en la lista de países más inseguros para ejercer esta profesión el país azteca aparece junto a los nombres de Afganistán y de Somalia; siendo el primero un país devastado por la guerra y el segundo uno de los estados más corruptos y fallidos del mundo entero.

Los números para México en este sentido son aterradores y bastante esclarecedores; desde el año 2000 van cerca de 120 periodistas asesinados y más de una veintena se encuentran desaparecidos con una alta posibilidad de haber sido ejecutados también. Tan solo en lo que va del 2017 ya van seis periodistas asesinados, siendo el más reciente Javier Valdez en el estado de Sinaloa.

Valdez vivía en una de las ciudades más calientes en cuanto a violencia provocada por el narcotráfico; Culiacán ha sido un territorio de disputa intensa entre diferentes carteles y magnates de la droga, por lo que escribir en su periódico “Riodoce” sobre estos temas y señalar la complicidad de los gobiernos con estas organizaciones resultaba una tarea muy incómoda para muchos de los involucrados. El precio a pagar por su “atrevimiento” fue su propia vida.

La postura oficial del gobierno en todos los niveles (municipal, estatal y federal) ante esta situación dista mucho de la real. Mientras que en los discursos oficiales se habla de la necesidad de tomar medidas extraordinarias, de dar protección especializada y de afrontar el problema como un asunto prioritario de seguridad en la realidad son los mismos policías y políticos quienes terminan por ser la mayor amenaza para este tipo de libertades.

La libertad de prensa es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento de una democracia sana y funcional, en la que los ciudadanos puedan expresar libremente sus opiniones y en la que exista una variedad de fuentes suficiente que permita crear juicios críticos a sus ciudadanos para erradicar la manipulación de información y el adoctrinamiento estatal.

Es justamente a los políticos más poderosos a quienes más les molesta cuando alguien comienza a señalar sus tranzas, sus crímenes y su falta de escrúpulos. La gran mayoría de crímenes contra reporteros en México han ocurrido contra aquellos que se “estaban metiendo de más” en terrenos pantanosos que mucho tienen que ver con el accionar corrupto de sus funcionarios.

La corrupción como medio de vida para estos funcionarios, consecuencia de un Estado grande que les otorga demasiados privilegios, termina por verse reflejada también en la impunidad de la que gozan estos crímenes. Tan solo en los últimos seis años van cerca de 800 denuncias de crímenes contra periodistas, de los cuales solo dos han tenido sentencia resolutiva, es decir, apenas el 0,25 %.

Este clima de inseguridad e impunidad termina por generar un fenómeno que resulta a todas luces preocupantes: la autocensura. Dada la facilidad con la que se amedrentan y asesinan periodistas muchos prefieren evitarse problemas y dejar de tocar fibras sensibles señalando casos de corrupción y crímenes políticos, creando un círculo vicioso sin fin.

El hecho de que no solo el gobierno y la delincuencia organizada, sino ambos en coordinación, estén involucrados en este tipo de crímenes reflejan la tremenda crisis de seguridad a la que se enfrentan los periodistas en México. Pareciera que no existe en quien se pueda confiar.

Algunos podrían argumentar a favor de fortalecer al Estado como respuesta a estas situaciones cuando en realidad ese es justamente el problema. El Estado y sus funcionarios están tan facultados para ejercer el poder que resulta prácticamente imposible hacer que sus crímenes no permanezcan impunes.

Basta con ver las realidades periodísticas de los países con mayor control estatal. Cuba, Venezuela o Corea del Norte son los ocupan los últimos lugares del ránking de libertad de prensa.

En el país asiático ver algún medio que no sea oficialista puede ser suficiente razón para ser enviado a un campo de concentración mientras que en Cuba la prensa que pueda hablar en contra del régimen es castrista libremente es prácticamente inexistente.

En Venezuela, por otro lado, además de las agresiones, amenazas y amedrentamientos de los que son víctimas los periodistas, los medios de comunicación pública se han convertido en portavoces del gobierno y el partido socialista, de los cuales Maduro hace uso cada que quiere para señalar conspiraciones en su contra por parte “de los medios de derecha” y ridiculizar a las voces opositoras.

Fortalecer el Estado de derecho, limitar el poder de funcionarios en turno, generar más y mejores opciones generadoras de información, el uso de las nuevas tecnologías, aceptar la pluralidad en los medios y alzar nuestras voces en contra de este tipo de crímenes es tarea de todos.

No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir en un país donde señalar al corrupto y al ladrón pueda.

FUENTE: PAN AM