La polémica que ha generado en México la aprobación de la Ley de Seguridad Interior ha llegado a su punto más fuerte este jueves cuando el presidente Enrique Peña Nieto promulgó dicha norma; sin embargo indicó que no emitirá declaratoria de protección ya que esperará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) según indica el diario Milenio.

Durante la clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Peña nieto señaló que solo es competencia del “máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, esto como respuesta a los colectivos internacionales que han asegurado la ley en cuestión viola la Carta Magna del país azteca así como las garantías constitucionales de los ciudadanos.

En cuanto a su decisión de no emitir declaratoria de protección aseguró que la normativa mexicana da potestad a la SCJN para pronunciarse sobre una ley solo si esta ha sido promulgada por lo que el mandatario indicó que da la “bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo” dicho poder del Estado.

Peña Nieto también indicó que está consciente de que esta ley es “especialmente sensible para la vida pública del país” por lo que será la máxima autoridad jurídica la que tendrá la última palabra en cuanto a su constitucionalidad.

“La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, concretó Peña Nieto.

Por su parte la secretaría de Gobernación divulgó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este jueves en donde se  indica que la normativa en mención tiene como objetivo “preservar la seguridad” además, detalla las “bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre Federación, entidades y municipios” en materia de seguridad.

Y es que muchos organismos internacionales vinculados a la protección de derechos humanos se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior ya que alegan esta vulnera las garantías constitucionales de los mexicanos, a estas voces se han sumado la de colectivos ciudadanos dentro de México quienes no aceptan la militarización de la policía.

PANAMPOST