Según la bitácora de ingresos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tres de las personas que están siendo investigadas por la supuesta recepción de dineros de la multinacional Odebrecht estuvieron en 18 ocasiones en esa entidad preguntando por al menos dos de las obras salpicadas por los sobornos.

Se trata de Roberto Prieto, gerente de las campañas Santos 2010 y 2014; su amigo Andrés Guillermo Giraldo Rivera, señalado por Otto Bula de ser el emisario de una coima de un millón de dólares que iba para Prieto, y el senador ‘la U’ Miguel Bernardo Elías, conocido como ‘Ñoño’ Elías.

Usando mecanismos legales, EL TIEMPO logró tener acceso a esos ingresos y descubrió que Roberto Prieto visitó a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, en seis ocasiones entre el 17 de julio del 2014 y el 21 de junio del 2016.

En su primera reunión, un mes después de la reelección de Juan Manuel Santos, Prieto fue a hablar de la transversal Ocaña-Gamarra, que se le había entregado en marzo del 2014 al consorcio liderado por Odebrecht. Esa obra, una de las investigadas por la Fiscalía, se convirtió en un apéndice del contrato de la Ruta del Sol tramo II, también bajo la lupa, del cual la brasileña tenía un 62 por ciento.

Prieto fue a preguntar por el otrosí de Ocaña-Gamarra porque los diseños de esta obra ya estaban firmados: julio 2013. De hecho, la obra arrancó en marzo de 2014. Todas las visitas de Prieto y Giraldo ocurrieron después.

Las otras vías

De hecho, cinco días después de esa visita, el Ministerio de Transporte aprobó un incremento de un 15 por ciento de los peajes de la Ruta del Sol II y añadió otros dos.

Prieto, experto en márquetin y comunicación, volvió a aparecer por el despacho de Andrade el 24 de febrero del 2015. En esa ocasión, su visita se centró en la concesión vial Ruta del Sol III, según consta en la agenda de la ANI.

En esa obra, tal y como lo ha advertido el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez, no aparece Odebrecht, pero sí el eslabón de este escándalo con el llamado ‘carrusel’ de la contratación’.

En efecto, entre las firmas que conforman la concesión que ejecuta el tramo III aparece Conalvías, y su expresidente Andrés Jaramillo. Este fue enviado a la cárcel a finales de enero por otro contrato con Bogotá: la rehabilitación de la malla vial en tiempos del alcalde Samuel Moreno.

En una de esas citas, Prieto coincidió en el despacho de Andrade con su amigo de infancia Andrés Guillermo Giraldo Rivera, el señalado receptor de un millón de dólares que Bula admitió haber ingresado al país.

Esa reunión se produjo el 15 de diciembre del 2015 y según se lo certificó la ANI a EL TIEMPO, la conversación giró alrededor de la obra del segundo túnel de La Línea, en etapa inicial en ese momento.

La obra, tasada en 1,5 billones de pesos, se ejecutará a través de una alianza público privada (APP).

Giraldo Rivera, cafetero y constructor, preguntó por ese mismo proyecto en dos ocasiones más: el 22 de diciembre del 2015 y el 9 de febrero del 2016. En una de esas visitas estuvo en el despacho de Juan Sebastián Correa. Se trata de un asesor de la ANI indagado por la Procuraduría por el escándalo de Odebrecht, al igual que Andrade, quien ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía.

Giraldo Rivera también fue a la ANI a preguntar por el corredor vial de iniciativa privada Cúcuta-Sardinata. Aunque aún se encuentra en etapa de prefactibilidad, la obra le interesó desde el 6 de mayo del 2016. En esa ocasión fue al despacho de Silvia Urbina, administradora caleña que ocupa el cargo de gerente de proyectos de la ANI.

El amigo de Prieto volvió a indagar por esa obra, tasada en 380.000 millones de pesos, el 19 de julio de 2016.

Un mes antes, Prieto también tocó ese tema durante una nueva visita al despacho de Andrade.

¿Por qué estaban interesados en esas obras?

Las obras de ‘Ñoño’

En los registros de ingresos a la ANI consta que el senador Ñoño Elías también preguntó por cinco temas. El 13 de junio del 2013 habló con Andrade de la vía Ocaña-Gamarra.

El 2 de agosto del 2013 volvió a ese despacho para indagar por la concesión de Desarrollo Vial del Norte de Bogotá (Devinorte). Y en enero del 2014, el senador de ‘la U’, uno de los principales electores del país, fue a preguntar por el corredor vial Córdoba-Sucre, que arrancó en el 2016 y supera el billón de pesos.

El 2 de agosto del 2014, ‘Ñoño’ Elías indagó por la vía Sahagún (su pueblo)-Sampués. Y, en las últimas dos visitas su tema varió. En octubre del 2014 y agosto del 2015 se centró en la Ley de Presupuesto.

En declaraciones a la prensa, el senador cordobés ha dicho que parte de su trabajo es el de impulsar proyectos regionales. Lo que llama la atención es que su amigo Otto Bula, confeso receptor de sobornos de Odebrecht, esté involucrado en al menos una de las obras por las que el senador andaba preguntando: la vía Ocaña-Gamarra.

Bula también mencionó en sus testimonios a los otros dos visitantes de la ANI: Prieto y Giraldo.

En Bogotá se unieron el ‘carrusel’ y Odebrecht

La Fiscalía ya encontró el entronque entre el saqueo a Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno, y los sobornos de Odebrecht. La brasileña se quedó con el interceptor Tunjuelo Canoas, adjudicado por el Acueducto de Bogotá en el 2009 (tasado en 243.000 millones). Se ha rastreado el pago de un soborno por unos 5 millones de dólares para que le entregaran la obra. Tras desempolvar las declaraciones de Emilio Tapia, uno de los cerebros del saqueo a Bogotá, se estableció que se les habrían pagado comisiones. Por ese caso llamaron a declarar a Andrés Cardona, Orlando Fajardo y Gabriel Nieto.

Cardona ya fue capturado e imputado por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

Además, se verifica quién hizo la interventoría y al tribunal de arbitramento que condenó al Acueducto a pagarles a Odebrecht y a sus socios cerca de 12.000 millones de pesos. El nombre de Samuel Moreno también salió a relucir, al igual que el de su hermano el exsenador Iván Moreno, ambos condenados por el robo a Bogotá. La justicia de Estados Unidos ha estado atenta a este capítulo por un posible lavado de activos usando su sistema financiero.

Las sospechas del caso Navelena: el Banco Agrario y el metro de Quito

Aunque casi 1.000 kilómetros separan a Quito (Ecuador) de Barrancabermeja, en las dos ciudades podría estar la puerta de un entramado de corrupción que tiene como bisagra a Odebrecht.

En agosto del 2014, Cormagdalena adjudicó el contrato de recuperación del río Magdalena por 2,5 billones de pesos al consorcio Navelena, integrado por la multinacional brasileña y Valorcón, en un proyecto en el que hubo un solo proponente.

Lo que busca establecer la Fiscalía, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Fiscalía de Ecuador, es si hay relación entre esta licitación y el contrato del metro de Quito, que obtuvo el consorcio entre la española Acciona y Odebrecht en octubre del 2015. Se indaga un posible pacto para que Acciona se retirara de la licitación de Navelena en Colombia a cambio de que Odebrecht la vinculara a la obra en Ecuador. De hecho, el próximo 24 de marzo, los fiscales generales de Ecuador, Galo Chiriboga, y de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se reunirán en Quito para intercambiar evidencia.

En la capital ecuatoriana, las autoridades incautaron computadores cuya información será enviada a Colombia. También se esperan nuevas pistas con las declaraciones de Rodrigo Taclán, contador de Odebrecht que será entrevistado sobre los sobornos en Ecuador.

La Fiscalía citó a declarar a Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación, para “que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato y la concepción de un otrosí a este, promovido” por el Fondo.

La segunda línea de investigación en el caso Navelena gira alrededor del crédito de 120.000 millones de pesos que el Banco Agrario le otorgó a la concesión en noviembre del 2015. EL TIEMPO reveló una auditoría interna que deja en evidencia cuatro conductas atípicas en la operación: el préstamo fue superior a lo que solicitó Navelena, los estudios crediticios no fueron rigurosos, el concepto jurídico llegó después de que se tomara la decisión y las tasas de interés fueron más bajas que las del mercado.

Además, se cambió la modalidad del crédito lo que permitió usar una parte para cubrir un préstamo con el Banco de Occidente. El 15 de marzo, a Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del banco, le imputarán cargos por falsedad ideológica de documento público.

Aunque Cormagdalena es un ente que goza de autonomía frente al Gobierno, en su junta directiva tienen asiento además de varios alcaldes y gobernadores, un representante del Presidente, cinco ministros, el director del Inco y el presidente de Ecopetrol.

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Fuente:  El Tiempo