Chiste clásico es una realidad en Chile (A)

Incontables humoristas de todo el orbe recurren a una caricatura clásica para referirse a personas o colectivos que consideren tontos. Las versiones del chiste varían de cultura en cultura, pero por aquello de no ofender ciertas hipersensibilidades, haremos cuenta que el grupo objeto de burla son los marcianos.

El chiste rezaría así: ¿Cuántos marcianos se necesitan para cambiar una bombilla de luz en una casa? La respuesta es que al menos 100, pues uno sostiene la bombilla y los demás giran la casa.

La realidad de que ciertos trabajos no necesitan demasiado personal para ser realizados, es evidente. Sin embargo, en Chile, gracias al supuesto legado heredado por Michelle Bachelet, se está cumpliendo la caricatura casi a la perfección con un increíble superávit de empleados públicos, los cuales son financiados para hacer poco o nada, por todos los contribuyentes.

Se esperaría que un aumento de personal en el sector público, se tradujera en una mejora de servicios, reducción de tiempos de espera y por supuesto, eficiencia y eficacia en los procesos. Sin embargo, el engrosamiento del Estado en estas áreas, no solo no ha evidenciado mejoras en todo aquello expuesto anteriormente, sino que obliga a los contribuyentes a pagar por servicios que no recibe y por trabajos que no se hacen.

Se entienden las razones por las cuales un gobierno, sobre todo de corte socialista, se vería en la necesidad de crear tantos puestos de trabajo innecesarios dentro del aparato estatal. Es obvio que como la economía no se les da bien y siempre terminan por quebrar a sus países, necesiten disimular las desastrosas cifras de desempleo con trabajo en el sector público, pero además estos cupos son pagos de favores políticos, aseguramiento de una cierta masa votante, considerando que cada trabajador representa a una familia donde no se votará por la oposición por miedo a perder esos empleos. Es una buena estrategia para mantener a una masa crítica bajo control y en adhesión política, a la vez que permite maquillar los defectos de las políticas económicas.

Con esto en mente, la administración de Bachelet aumentó la cifra de empleados públicos a un número irrisorio. El 77% de los empleos asalariados creados durante sus largos cuatro años de gobierno fueron para funcionarios públicos. Durante ese periodo, se crearon 84 mil empleos en el Estado, y apenas 24 mil en el sector privado con contrato de trabajo.

El gasto es multimillonario, pero a la izquierda parecía no importarle pues lo pagan los contribuyentes. Tan típica actitud de quien no asume los costos de malas decisiones. De estos puestos de trabajo creados, ese 77% incluye un pequeño porcentaje de nuevas burocracias, como la creación de una región, etc. También incluye a una gran mayoría de acomodados políticos, muchos de ellos asegurados justo antes de terminarse el periodo presidencial a modo de herencia molesta de alguien que siente rencor por haber perdido y desea dejar el mayor número de inconvenientes posibles a quien le reemplace aún si estos inconvenientes dilapidan la riqueza de la nación.

Para solucionar esta hiperinflación laboral dentro del Estado, que nos cuesta millones de millones cada mes, sin producir ningún buen resultado, el gobierno actual de Sebastián Piñera, ha resuelto tomar medidas.

El Gobierno envió un instructivo a las reparticiones públicas con los criterios a los que debe estar sujeta la desvinculación de personal a contrata -cuyos contratos se renuevan usualmente cada fin de año-, en medio de las denuncias de la oposición de despidos de funcionarios públicos en los últimos días.

“Las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias” dice la nota firmada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El documento agrega que los criterios “deben basarse en la evaluación de desempeño o la no continuidad de programas y planes” y se pide “especial atención con años de servicio, funcionarios en edad de jubilar o enfermedades catastróficas”.

En la centroizquierda, los reclamos comenzaron esta semana cuando el PPD acusó 2.700 despidos en el sector público desde inicios de este año. “Una gran mayoría de estos casos se judicializarán, con un gran costo para el Estado”, advirtieron, dando cifras similares a las entregadas por la ANEF.

La izquierda sabía que esa judicialización era el único resultado posible, pues obviamente cualquier persona que pierda su empleo, por justificada que sea la medida, pensará que es injusto. Sin importar todas las consideraciones que el gobierno envíe para que los recortes se hagan de la manera más humanitaria y en lo estrictamente necesario, la izquierda siempre capitalizará sobre los despidos como una injusticia social y como una vendetta política. No es descabellado pensar que Bachelet tenía precisamente eso en mente.

La obviedad consecuente es que habrá paros, huelgas, reclamos y por su puesto los afectados serán los chilenos que dependen de los distintos servicios monopolizados por el Estado. Todo porque a la izquierda no le importó la economía cuando era necesario, porque despilfarraron a más no poder creyendo que el poder sería eternamente de ellos, porque su resentimiento por perder las garantías de usufructuar del Estado los llevó a dificultar lo más posible al nuevo gobierno sin importar el costo social y monetario de aquello, lo cual revela su pequeñez moral y ética y porque para ellos da lo mismo que chile se convierta en un chiste donde para firmar un papel, se necesitan 40 personas. Gracias a la izquierda, nos hemos vuelto un chiste clásico.

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