A una sala de redacción de algún medio de comunicación llega un reportero informando que acaban de ser elegidos los once miembros de la Comisión de la Verdad, institución creada, según reza su página de internet, para “investigar sobre todos los elementos del mandato”. Es decir, tienen la faraónica labor de llegar a la explicación profunda, de las causas que desataron la creación de guerrillas de corte maoísta y leninista, que enfrentaron al Estado colombiano con las armas, y que, a través de su lucha armada, terminaron en un contubernio con el narcotráfico.

Esta comisión deberá, según lo estipulado en los acuerdos de La Habana, fomentar espacios de diálogo por medio de audiencias públicas, que promuevan a los actores del conflicto a expresar los hechos en los que participaron. Igualmente, tendrán la delicada labor de realizar un trabajo de investigación transdisciplinar, que realice aportes que permitan determinar qué ocasionó el conflicto, de tal forma que se puedan trazar políticas públicas de tipo transversal, con enfoque de género, es decir, focalizando su accionar sobre la mujer para evitar que estas vuelvan a convertirse en víctimas indirectas o directas de una confrontación armada.

Toda esta labor requiere de un equipo de expertos sin sesgos ideológicos o políticos, que inclinen la balanza hacia cualquiera de las partes que se vieron enfrentadas por más de cincuenta años. Es en este ítem donde la comisión no convence a un sector representativo de la opinión pública. Instituciones como Acore han expresado su desconfianza porque las personas escogidas son tendenciosas contra la Fuerza Armada. Bajo esta óptica, lo lógico es recurrir a datos para dilucidar si esos reproches tienen fundamento. Así, una comisión que tiene como objetivo determinar el origen del conflicto, requiere mano de obra calificada en entrenamiento multidisciplinar para cumplir su cometido y seleccionadas de la base de datos que posee Colciencias, órgano encargado de certificar la investigación científica de Colombia.

De acuerdo con los registros de esta entidad, el país cuenta con 13.199 investigadores, clasificados de la siguiente forma: los de mayor capacidad son senior, que equivalen a 1.800 científicos; seguidos por los asociados, que son 3.596; finalmente, los junior alcanzan el orden de los 7.083. Supondríamos que los investigadores que fueron distinguidos para tal alto menester tienen la calificación senior que otorga Colciencias, sin embargo, ninguno de los once miembros de la Comisión de la Verdad ha sido clasificado. Eso implica que no poseen investigación científica reconocida por la academia profesional, así que no han realizado aportes a la ciencia, con el propósito de dilucidar problemas de investigación. Por supuesto que algunos de estos miembros son reconocidos por su trabajo con víctimas; sin embargo, existen por lo menos 13.199 científicos que están por encima de los seleccionados. La clasificación Colciencias no es un capricho, responde a cánones de investigación a nivel mundial, tanto que las universidades colombianas se rigen bajo estos criterios para evaluar su planta docente. Entonces, porque el comité de selección de la Comisión de la Verdad no recurrió al listado oficial de los científicos mejor evaluados de acuerdo con su experticia y calidad de su trabajo académico.

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