Mientras el Gobierno colombiano y las FARC se encontraban en negociaciones para lograrque este grupo guerrillero dejara las armas, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que ni Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, ni ningún guerrillero que haya cometido crimenes de lesa humanidad podría postularse ni ser presidente de Colombia.

Según el Gobierno, una de las formas con las que se garantizaría dicho que esto fuera así, sería la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), nuevo ente que se encargaría de las amnistías y las condenas de las personas que participaron en el conflicto.

Sin embargo, la semana pasada se conoció que el nuevo partido de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), le otorgó el aval a Timochenko para ser candidato presidencia, y que otros de los líderes de las FARC obtendrían curules en la Cámara de Representantes y Senado.

Este hecho generó un fuertedebate en Colombia, ya que tanto Timochenko como varios de los miembros de las FARC que llegarían a la cámara baja y la cámara alta ya han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Esto prendió las alarmas, ya que para algunos hay a la vista una posible impunidad por los miembros de ese movimiento, porque podrían cumplir las penas impuestas por la JEP y a la vez ejercer el derecho político.

No obstante, la última decisión la tiene la Corte Constitucional, el Gobierno ha pedido a la corporación modular la decisión judicial que examina la JEP y así salvar la participación política del exgrupo guerrillero.

El examen jurídico al acto legislativo 01 de 2017, por el cual se crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) constituye la médula espinal de lo acordado en La Habana. El largo aliento que ha emprendido en el Gobierno se ha visto entorpecido por su implementación desde el Congreso de la República pues muchos sectores políticos se han mostrado con muchos “peros” en relación con la participación política de las FARC no sin antes haber pisado la JEP, esta jurisdicción establece un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En el Acto Legislativo 01 de 2017 el artículo transitorio 20, sobre participación en política, dispuso que “La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Y se agrega en el mismo articulado, “Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”.

La Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales –de la que forman parte la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría y el Consejo de Estado–, prendió las alarmas a raíz de la candidatura de Timochenko y de la lista al Senado integrada por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino. Según este organismo los exguerrilleros están inhabilitados hoy para llegar al Congreso. El Fiscal General Nestor Humberto Martínez estima que los exFARC no pueden acceder a los escaños asegurados por el acuerdo, que en este caso son 10, pues transgrede el artículo 179 de la Constitución política y de paso el 122.

El inciso final del articulo 122 fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009

Artículo 179 numeral 1, “Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

De llegarse el 11 de noviembre, fecha que da inicio al registro de inscripciones para el Congreso en Colombia, la Registraduría Nacional todavía no tiene claro el panorama jurídico, ni sabrían si proceder o rechazar el registro de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El Gobierno ha dicho que esta disputa jurídica se trata de “leguleyadas” y confían que el ‘impasse’ sea resuelto por la Corte Constitucional.

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