El titular de la FPF recibió 15 días de prisión preliminar . (Andina)

La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) detuvo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por el caso de la banda criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en la cual están involucrados jueces, líderes políticos y hasta congresistas que llegaron a comprar consciencias al interior del Poder Judicial.

El titular de la FPF recibió 15 días de prisión preliminar y está acusado de pertenecer a los “Cuellos Blancos del Puerto“; organización criminal a la que se le imputan delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.

A Oviedo se le investiga por presuntamente ser parte de esta organización que tiene como principal involucrado al fugado juez César Hinostroza. La tesis de la Fiscalía señala que Oviedo financió pasajes y viáticos para el Mundial Rusia 2018 a jueces, a cambio de favores en sus procesos por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, otro caso por el cual se le investiga.

Favores a congresistas del fujimorismo

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía para que el Poder Judicial (PJ) ordenara la detención preliminar contra Oviedo, se encuentra un presunto intercambio de favores con parlamentarios.

Según la resolución del PJ, se menciona la hipótesis del Ministerio Público que afirma que el titular de la FPF tiene “vinculación con los congresistas de Fuerza Popular, a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política para continuar como presidente de la Federación Peruana de Fútbol”.

Y es que el escándalo de los “audios de la vergüenza“ en Perú reveló una trama de corrupción que salpica a políticos, jueces y hasta exministros.

En los audios se conoció que Oviedo, el máximo directivo de la FPF, habría facilitado, entre otros favores, viajes a Rusia y entradas para el Mundial de Fútbol al juez supremo, César Hinostroza. El mismo que vendió y compró posiciones de poder y que también habría ayudado a narcotraficantes del Puerto del Callao al regalarles impunidad.

Cabe destacar que el abogado de Oviedo, José Carlos Isla Montaño, también fue detenido como parte de las investigaciones. Según el documento que sustenta la detención preliminar, se indica que hay testimonio de testigos protegidos que revelan que el abogado tenía conocimiento de presuntos actos ilícitos cometidos por la máxima autoridad de la FPF.

A Isla Montaño se le imputa, en primer lugar, el presunto delito de cohecho activo específico en calidad de partícipe por presuntamente haber firmado y presentado documentos legales y judiciales en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Los Wachiturros de Tumán a través de la asesoría del exjuez supremo César Hinostroza.

También se le imputa el presunto delito de cohecho activo genérico por haber tenido conocimiento, según los testigos protegidos, de favores económicos que entregaba Edwin Oviedo a César Hinostroza para mantener la cercana relación que logró, entre otras cosas, una casación en el 2016 que favorecía al titular de la FPF.

Audios de la vergüenza, el fujimorismo y el Poder Judicial

La prensa independiente de Perú reveló lo que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias del país suramericano, un caso que podría equipararse con el reconocido Lava Jato, donde decenas de políticos se ven salpicados.

El escándalo de los reveladores audios ha sido tal, que desde que fueron publicados han renunciado el presidente de la Corte Suprema del Perú, el presidente del Poder Judicial, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y hasta el ministro de Justicia.

El CNM es la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces, fiscales y a quienes encabezan la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, desde el CNM se decide el destino de prácticamente todos los engranajes que integran el sistema de justicia de Perú.

El caso es complejo porque involucra a jueces, políticos y empresarios. La mayoría de ellos vinculados al tráfico de influencias y a la compra de conciencias para otorgar posiciones adentro del Poder Judicial.

En estos audios Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao (distrito de Lima); César Hinostroza, expresidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior, e Iván Noguera, consejero de la CNM, venden y compran posiciones de poder y hasta negocian el apoyo al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. También estarían involucrados al menos tres congresistas, junto a Keiko Fujimori.

Según revelan los audios, al menos dos legisladores estarían implicados en presuntos casos de tráfico de influencias con el Poder Judicial.

En uno de los audios se escucha al empresario textil Mario Mendoza llamar a Guido Águila (exconsejero del Poder Judicial) para que este se sume a una cena pactada con el congresista aprista Mauricio Mulder.

Asimismo, IDL-Reporteros y Cuarto Poder difundieron un audio en el que se evidencia que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) intentó influir, en febrero del 2017, para que Julio Gutiérrez Pebe, representante del Colegio de Licenciados en Administración, fuera el nuevo presidente del CNM.

Otro congresista que podría estar involucrado es Francisco Villavicencio, también de Fuerza Popular, luego de que en uno de los audios saliera a relucir un tal “Panchito“. Aunque no hay certeza de que se trate del legislador, congresistas de diferentes bancadas exigen a la Comisión de Ética del Parlamento que también lo investigue.

Pero los congresistas Mulder, Becerril y Villavicencio no son los únicos que podrían estar involucrados en un posible caso de tráfico de influencias junto con el Poder Judicial, pues Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, coalición que tiene la mayoría en el Congreso, también podría verse salpicada por el escándalo de los “audios de la vergüenza”. Y es que en uno de los sonidos publicados se hace mención a una “señora K” de la “fuerza número 1”.

Aunque no se dan más señales, todos los que escuchan el audio identifican como una clara referencia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular; sobre todo porque alrededor de la fecha en la que fue grabado el audio, Fujimori presentó un recurso de casación en busca de obligar a la Fiscalía a cerrar la investigación por el caso de los cócteles y aportes de la offshore LVF Liberty Institute. De acuerdo con la prensa local, esa casación de Fujimori se resolvió en diez días.

Además, posteriormente, Antonio Camayo, colaborador eficaz del caso, habría revelado que la ‘Señora K’ es Keiko Fujimori.



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