Una vez más la petrolera estadounidense Chevron asestó un duro golpe contra el expresidente Rafael Correa y sus esfuerzos para que el Estado ecuatoriano se apropiara de millones de dólares pertenecientes a dicha empresa.

En esta oportunidad un juzgado argentino declaró inaplicable en ese país un fallo de la justicia de Ecuador, el cual se establecía un embargo por USD $8.600 millones de los bienes que Chevron tiene en Argentina.

La jueza María Viano dispuso en su resolución que no se puede aplicar ese embargo en Argentina en respuesta a la Justicia ecuatoriana que pidió el recurso de “exequátur”. Dicho recurso se basa en el reconocimiento y aplicación de un fallo en un país pese a que este haya sido dictado en otro país. Sin embargo, la jueza argentina lo declaró “improcedente”.

Viano afirmó que “no existe la conexión directa del caso con el foro local”, y que la decisión final del embargo es responsabilidad de “los jueces del país en cuyo territorio se hallen bienes ejecutables”.

Este mismo pedido de la justicia ecuatoriana también ha sido rechazado en países como Estados Unidos, Brasil y Canadá.

El embargo de activos de Chevron en Argentina había sido solicitado por abogados que representan a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, quienes demandaron a la petrolera estadounidense por daños ambientales.

Debido a que Chevron no tiene activos en Ecuador de donde el Estado pueda satisfacer la sentencia que se emitió en ese país, por un monto de USD $9.500 millones, este se ha visto obligado a acudir a otros países para tratar de ejecutar esta sentencia.

Es necesario mencionar que Texaco (antes de ser adquirida por Chevron) fue operador de los campos petrolíferos en Ecuador en la parte nororiental de la selva amazónica, en asociación con la empresa estatal Petroecuador, quien fuera socia mayoritaria de esas operaciones.

Petroecuador asumió las operaciones en junio de 1990 y el contrato con Texaco terminó en 1992, momento en el que Texaco tuvo que negociar su salida del país.

Esta empresa tuvo la obligación de remediar un tercio de los sitios impactados con sus operaciones, a un costo entre los USD $8 y $12 millones. La empresa cumplió y firmó un acta final. Lamentablemente, Petroecuador nunca remedió su parte y hay impactos que se mantienen en la zona.

Lo que han pretendido los abogados acusadores es hacer que Chevron pague por las obligaciones de Petroecuador y del Estado.

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