Con el estallido del escándalo de Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, dos representantes de la «boliburguesía», esa casta de empresarios chavistas que se ha favorecido ampliamente del saqueo a Venezuela, todos andan señalando.
Porque como están cayendo, en Florida andan cantando. El ventilador se prendió y se dice que salpica a demasiados. Hay ruido. Voces dicen que Gorrín y Andrade no solo han metido su dinero en bolsillos de miembros del régimen, sino en presuntos opositores.
“Ya se entiende por qué la Asamblea Nacional no ha nombrado el Gobierno de transición; o por qué insistieron con el diálogo en República Dominicana; o por qué no han terminado de nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral o reconocido al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, dijo al PanAm Post, María Vegas, una abogada venezolana.
O, como reseñó el diario El Nuevo Herald en mayo de 2014, por qué los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática viajaron hasta Washington D.C. para solicitar a Estados Unidos que no imponga sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Fuentes han señalado al PanAm Post que asambleístas del Parlamento dominado por la oposición pudieron haber recibido fondos de Raúl Gorrín; así como coordinadores de medios como El Cooperante —además de, por supuesto, Globovisión—. Información ponzoñosa, porque nadie dice nombres.
Asimismo, en una reciente entrevista al medio NTN24, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo: “Estas informaciones que se han develado explican muchas cosas: mucha censura, mucha oscuridad, muchos comportamientos de muchos sectores y de muchos actores que no se entendían”.
“La justicia va a llegar. Y se va a saber la verdad. Todo. Del que sea. De lado y lado. Del color que sea. Quienes estén comprometidos con el manejo grosero, obsceno, criminal e ilícito, tendrá que pagar por ello”, precisó Machado.
Pero aún no hay precisión. No se sabe, con certeza, quién más se ha favorecido del desfalco de una nación. Aunque se presume o se intuye, nada trasciende. Todo termina como una especulación. No obstante, puede existir una herramienta, importante, que permita a la sociedad determinar quiénes son los representantes de la oposición venezolana que se han favorecido de la trama Raúl Gorrín-Alejandro Andrade —que, al final, es lo que importa—.
En su cuenta de YouTube el hombre internacional más destacado de Venezuela (diplomático, antiguo embajador, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y asesor de Kofi Annan), Diego Arria, publicó un video en el que propone que se acate el artículo 269 del Código Procesal Penal de Venezuela que, según dice, brinda una oportunidad única a los diputados opositores.
“[El artículo] dice que todo funcionario público que conozca de un hecho punible está en la obligación de denunciarlo. Bueno, acá hay un hecho punible denunciado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aquí los diputados y el presidente de la Asamblea tienen una oportunidad magnífica de denunciar en los tribunales a Gorrín y a Andrade”, dijo Arria.
El diplomático entiende que aquello jamás trascendería; pero, al final, serviría para: “Primero, se llena una forma. Se presenta. Segundo, es una magnífica oportunidad para que los diputados, que algunos de ellos han sido señalados de recibir fondos de estos señores, denuncien y, de esa forma, quedarían eximidos de esa responsabilidad”.
Diego Arria propone, pero también es inquisidor. Las sospechas son legítimas porque, como explica, que Raúl Gorrín haya sobornado a Alejandro Andrade con mil millones de dólares no ha generado un escándalo pertinente.
“No ha tenido la misma repercusión y uno tiene que preguntarse: ¿por qué? Hay un grupo que tiene la obligación de hacerlo; son los partidos, que siguen manteniendo el monopolio electoral. Y estos, no se pronuncian. No lo hacen ante una cifra como esta. Aquí la dirigencia política primero no hizo quórum en el Congreso para investigar a Odebrecht y ahora tampoco”, dijo el expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En síntesis, como luego explicó Arria al PanAm Post, se trata de que los ciudadanos emplacen a su dirigencia. Que exijan, en este caso, a los diputados, que cumplan con su responsabilidad. Y, como establece el Código Procesal Penal, hoy la obligación es denunciar a Alejandro Andrade y a Raúl Gorrín ante los tribunales venezolanos.
“Es urgente saber quiénes fueron los opositores favorecidos por Andrade y Gorrín”, aseguró.
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