La ONG advirtió que los “ataques sistemáticos (…) ponen en riesgo la integridad de los periodistas y sus familias”. EFE/Jorge Torres

Managua, 4 dic (EFE).- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió hoy la “escalada represiva y de censura” contra periodistas en Nicaragua, de la que responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“El Cenidh repudia la escalada represiva y de censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra periodistas y medios de comunicación independientes de Nicaragua, con la intención de silenciar sus voces”, destacó el Cenidh, en un comunicado.

La organización defensora de los derechos humanos emitió su rechazo luego del asalto a un periodista crítico del Gobierno al salir de su vivienda en Managua, horas después del cierre de Radio Darío en León, y varios días después de que el canal de televisión 100 % Noticias fue sacado de las transmisiones por satélite.

“Estas acciones dejan en evidencia la continuidad de una estrategia desarrollada por el régimen Ortega Murillo, dirigida contra medios de comunicación independientes, con el objetivo de conculcar la libertad de expresión y la libertad de prensa”, señaló el Cenidh.

Asimismo, la ONG advirtió que los “ataques sistemáticos que en la última semana (se) han incrementado y que ponen en riesgo la integridad de los periodistas y sus familias”.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos desde el estallido social de abril pasado, así como 610 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y cientos de miles de exiliados, según organismos humanitarios locales e internacionales.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega reconoce 199 muertos y 273 reos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”, pero rechaza tener responsabilidad y afirma haberse sobrepuesto a un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad, que se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas en las manifestaciones.

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